En una jornada histórica pero con menos épica y sorpresas que en 2018, la Cámara de Diputados le dio media sanción a la legalización del aborto.
Por 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones, fue aprobado el proyecto de ley enviado por el Presidente, que incorporó cambios en las comisiones antes de ser votado.
El Senado, donde fracasó la iniciativa aprobada en Diputados en 2018, podría tratar la iniciativa antes de fin de año o durante las sesiones extraordinarias que habrá durante el verano.
Hace 18 meses, la mayoría a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo había sido más estrecha en Diputados (129 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención).
En esta oportunidad, tal como habían imaginado en la Casa Rosada y las autoridades legislativas del oficialismo, se trató de una discusión que no requirió el extensísimo y profundo debate plasmado en 2018.
El proyecto del presidente Alberto Fernández -postergado desde marzo- había sido enviado al Congreso el pasado 17 de noviembre. Era una promesa de campaña.
Durante buena parte de la jornada se especuló con una visita del jefe de Estado al Congreso, que fue desmentida por autoridades de la Casa Rosada y de Diputados.
Sí estuvieron, y desde muy temprano, importantes funcionarios del Ejecutivo como la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra -autora del proyecto oficial-; los ministros de Salud, Ginés González García; Seguridad, Sabina Frederic; y de Mujer, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, casi no se movió de la Cámara Baja.
“Tenemos la expectativa de que se vote antes de fin de año en el Senado, pero podría tratarse durante las sesiones extraordinarias. Los votos no están asegurados, pero tenemos la expectativa de que será aprobado”, dijo Gómez Alcorta, por la noche, convencida de que la media sanción ya era una realidad.
El oficialismo hizo concesiones en comisión para garantizar la aprobación de la iniciativa. El dictamen firmado por mayoría tiene tres cambios con respecto al proyecto presentado por el Ejecutivo: dos artículos modificados y uno agregado, que tienen que ver con la autonomía según la edad de las adolescentes y la objeción de conciencia institucional.
Se trató de la primera votación con mayoría de legisladores en el recinto desde el inicio de la pandemia.
A las 11.05, 105 diputados -que debieron realizarse un test de PCR para asistir al Congreso- estaban presentes en el recinto. Cuarenta y cinco legisladores seguían la sesión de manera remota.
Fueron más de 20 horas de sesión (que continuaba con el tratamiento del proyecto de Ley de los Mil Días), pese a los denodados intentos del presidente de la Cámara, Sergio Massa, para que los oradores cumplieran con el acuerdo de no hablar más de cinco minutos.
El hecho de que fuera un proyecto del Presidente, a diferencia de la iniciativa debatida en 2018 -cuando Mauricio Macri solo habilitó el debate-, ordenó al grueso del oficialismo en la Cámara Baja.
Sin embargo, ese detalle no asegura los votos en el Senado, donde la Casa Rosada espera contar con el impulso que puedan imprimirle la vicepresidenta Cristina Kirchner y su mano derecha, Anabel Fernández Sagasti, aunque no evitarán que el jefe de bloque José Mayans vote en contra de la iniciativa.
Las bancadas opositoras, en cambio, estuvieron más dividas y aportaron la mayoría de los votos en contra.
Cecilia Moreau fue la miembro informante del oficialismo que defendió el proyecto. “Velar por la asistencia y el acompañamiento de todas las mujeres y personas gestantes que deciden interrumpir su embarazo es entender que se trata fundamentalmente de un problema de salud pública. Esta ley permitirá conquistar un nuevo derecho”, dijo.
Carmen Polledo, diputada del PRO, planteó su posición de rechazo: “Nosotros nos la jugamos, no somos tibios, defendemos lo que queremos: defendemos la vida. No hay un fenómeno en el vientre materno, hay una vida, por eso hablamos de las dos vidas. Señores diputados, señoras diputadas, muchachas, muchachos, esta ley no sirve”.
La opinión pública local de cada provincia influyó en los votos de sus diputados. El gobernador cordobés Juan Schiaretti presionó para que sus legisladores se inclinaran en contra del proyecto.
“Hablo como tucumano, conocedor claro de la fe de mi pueblo con sus religiones y entendiendo que este proyecto no va contra la religión, las creencias y la cosmovisión de nadie”, defendió la iniciativa el oficialista Pablo Yedlin. “No estamos contra la vida de nadie, estamos a favor de legalizar una situación que ocurre y que debe salir de la clandestinidad”, remarcó.
Para Marcela Campagnoli, diputada de la CC ARI, en cambio “el aborto es una herida que no sana con el tiempo, el aborto es un dolor. Lejos de estar amparándolas en algo a las mujeres estamos legalizando un dolor. La vida es un milagro y todas las mujeres que no han podido quedar embarazadas o han tenido dificultades para quedar embarazadas lo saben”.
Apenas un puñado de diputados cambiaron sus votos respecto del debate de 2018. La misionera Flavia Morales (Frente de la Concordia) había votado en contra y terminó por aprobar el proyecto ahora. La correntina Sofía Brambilla (PRO) hizo el camino inverso, igual que la chaqueña Aída Ayala (UCR). La ex gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci (FdT), votó a favor, aunque antes se había declarado prescindente. Reveló el sentido de su voto recién en las últimas horas, pero lució un pañuelo verde en su mano izquierda y brindó un encendido discurso.
No fue la única. Varias diputadas y diputados aprovecharon para vestirse de verde o de celeste, los colores que identifican a las dos posturas.
Cerca de la medianoche el grupo de los sororos, los legisladores de diversos espacios a favor de la legalización en 2018, volvieron a reunirse para la foto.
En el Gobierno había satisfacción plena por poder inscribir el debate dentro del marco de la salud pública, aunque ya recogieron los primeras reacciones de la Iglesia. El Senado tendrá la última palabra. Lo empezaría a tratar la semana que viene.
