En el Bloque Justicialista de la Legislatura jujeña surgieron varios proyectos de resolución en repudio a la eliminación del Fondo Federal Solidario, conocido como el “Fondo de la Soja”.
Una de las iniciativas pertenece a la diputada María Cristina Solís, quien aseguró en su escrito que “está a la vista de todos que la decisión de este gobierno nacional y provincial es ajustar y hacer que ese ajuste se aplique sobre los sectores que menos tienen”.
Solís afirmó que con la eliminación del Fondo Federal Solidario, las provincias y municipios dejarán de recibir hasta u$s 1.000 millones en recursos destinados a la ejecución de obras de infraestructura. Ese dinero es el que el Estado nacional tiene previsto recaudar por los derechos a la exportación de soja en lo que queda de 2018 y en todo 2019.
En ese marco, la legisladora justicialista recordó que las otras dos medidas que se tomaron desde el Poder Ejecutivo, además de la eliminación del Fondo sojero, incluyen una suspensión de la baja de retenciones para aceites y harinas de soja, y una reducción de los pagos en concepto de reintegros a la exportación.
Vale señalar que esta decisión del gobierno de Cambiemos fue plasmada en un decreto de necesidad y urgencia, y que el Fondo Federal Solidario implicaba la transferencia de recursos a las provincias y municipios, en un equivalente al 30 por ciento de la recaudación por los derechos de exportación de soja. Dicho fondo fue creado en 2009, cuando las provincias recibían la cuarta parte de la recaudación de impuestos nacionales.
Por lo mismo, Solís indicó que “es necesario efectuar un enérgico repudio a estas decisiones arbitrarias que van en contra de los intereses de los municipios y del pueblo en general, porque eran éstos los mayores beneficiados por los recursos de la soja”.
“Esta decisión del gobierno de Macri provocará un estancamiento en toda la provincia, porque los municipios y comisiones municipales se verán impedidas de ejecutar obras públicas en sus jurisdicciones por falta de fondos”, aseveró, a la vez de explicar que con esta medida miles de trabajadores y cooperativas se verán impedidos de mantener sus fuentes de trabajo y de ser partícipes del cambio en sus respectivos pueblos.
“A partir de esta situación, los municipios en general se verán impedidos de realizar pequeñas obras que hacen a la belleza de su jurisdicción, a una mejora a partir de una obra pública, una pavimentación, la construcción de núcleos húmedos o de oficinas para la atención del público en general, o el embellecimiento de un espacio público, entre otros trabajos”, agregó.
En el proyecto, la legisladora Solís insta al Poder Ejecutivo provincial a iniciar acciones políticas y
judiciales en contra de la decisión del gobierno nacional y en defensa de los jujeños. Asimismo, hace lo propio con los legisladores nacionales por Jujuy para que promuevan iniciativas legislativas en el Congreso de la Nación con el fin de derogar el polémico decreto.-
