La Justicia Federal realizó una serie de allanamientos en el marco de la investigación sobre el supuesto desvío de fondos públicos hacia el Polo Obrero y otros movimientos sociales. Los operativos buscaron identificar a los responsables de al menos cuatro sociedades comerciales “fantasma” que aparecerían en la ruta del dinero.
Los operativos fueron ordenados por el juez Sebastián Casanello, quien dispuso el registro de una imprenta y un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, un edificio de oficinas previamente investigado por presunto lavado de activos, operaciones financieras ilegales y facturas falsas.
El objetivo es recabar documentación sobre la firma MinisioTrade SRL, que parece estar vinculada a otras sociedades sospechosas como Recinsur SA, VSP Consulting SA, Ciriaco Shoes SRL y Coxtex SA. Estas empresas figuran en los registros de facturas apócrifas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), conocida como la “base APOC”.
Los investigadores fueron avanzando en los últimos días sobre la pista de la ruta del dinero piquetero que puso en la mira a una usina de facturas truchas y una empresa ligada al Polo Obrero que se usaría para desviar dinero, revelaron a Infobae fuentes judiciales.
Las sospechas crecieron sobre Costex SA luego de que se allanara a sus socios y ambos dijeran que no tenían nada que ver con ese emprendimiento. Uno de ellos, además, vive en condición precaria, reforzando los indicios en torno a que se lo usó como pantalla. Esas dos personas también aparecen como socios de otras tres empresas que se crearon en 2020: Costex y VSP Consulting SA fueron registradas en octubre de ese año; Ciriaco Shoes SRL y Recinsur SA son de febrero de 2020. La AFIP las reportó como una usina de facturas truchas.
Siguiendo ese hilo, detallaron las fuentes consultadas por Infobae, aparecen un mismo grupo de profesionales detrás de la creación de esas empresas: un escribano, un abogado y dos gestores que fueron allanados. Se están analizando los documentos, sus computadoras y celulares para tratar de esclarecer qué pasó. La gran duda es quiénes estaban detrás de estas sociedades y, en particular, de Costex SA que es la que aparece ligada a este expediente.
Otro dato llamó la atención: el Gobierno decidió entrar de lleno en esta causa desde distintos brazos. Tras el rechazo del juez Casanello para que el Ministerio de Seguridad -encargado de la denuncia- se convirtiera en querellante, el Ministerio de Capital Humano fue aceptado en el expediente. Pero además se sumó esta semana la Unidad de Información Financiera y ha pedido también ese rol de afectado particular la Oficina Anticorrupción, detallaron las fuentes consultadas por este medio. También pidió ser querellante la agrupación civil Poder Ciudadano.
“Considero acreditado -con el grado requerido legalmente en esta etapa- que diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa “Potenciar Trabajo””, afirmó el juez en su momento.
Casanello sostuvo que se comprobó “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”. Y resaltó que “se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, agregó.
Mientras se está buscando la pista sobre qué hubo detrás de la creación de Costex, Rumbos SRL tiene otra particularidad: se detectaron irregularidades y anomalías que hacen creer que las facturas fueron un dibujo, señalan los investigadores. Se facturaba por kits de seguridad o resmas de papel de manera sospechosa. Hay facturas hechas un mismo día varias veces por un mismo monto, vendiendo productos distintos. El domicilio legal de la empresa pertenecía a un aportante del Partido Obrero. La sospecha en tribunales es que la empresa era un vehículo para desviar fondos para gastos de campaña.
Todo comenzó con la denuncia que se originó el 20 de diciembre, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimamente. Se hizo una denuncia en los tribunales de Comodoro Py: hubo reportes de todo el país, el fiscal Pollicita, que recibió la investigación delegada, se focalizó en las 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal, su jurisdicción. Y avanzó en intentar rastrearlas. Localizó a siete: cinco de esas personas se animaron a declarar.
El juez ordenó la indagatoria del líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni y otros referentes de la agrupación, por el escándalo de corrupción, junto a su inhibición de bienes. Fue el 27 de mayo pasado, el mismo día en que hacía lugar a una cautelar contra el Ministerio de Capital Humano por la denuncia de la entrega de alimentos que también tramita en su juzgado.
La ronda de allanamientos comenzó esta semana y culminará el 25 de junio con la presentación ante el magistrado de Belliboni.
