Denuncian que el kirchnerismo puso en marcha un «plan de impunidad»

Sostienen que “en los últimos días promovieron falsas denuncias, operaciones judiciales y mediáticas”.

“Los abajo firmantes manifestamos nuestro más firme rechazo al plan de impunidad que ha puesto en marcha el kirchnerismo, para eludir la acción de la Justicia frente a las graves acusaciones por delitos contra la administración pública y el orden económico financiero por los que están siendo debidamente juzgados”. Así comienza un duro comunicado que suscriben entre otros Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Mario Negri, Humberto Schiavoni, y otros políticos de la oposición e intelectuales.

El texto sostiene que “abusando del poder que hoy detentan, en los últimos días promovieron falsas denuncias, operaciones judiciales y mediáticas en medios militantes afines, con el objetivo de calumniar, injuriar y hostigar a quienes oportunamente los denunciaron o aportaron pruebas en las causas de corrupción y lavado de activos que los involucran”.

“Se pretende así cobrar venganza de quienes los llevaron al banquillo de los acusados, y al mismo tiempo sembrar temor, desalentando futuras denuncias e investigaciones de jueces, fiscales, funcionarios, periodistas, o simples ciudadanos. A falta de elementos de convicción que permitan contrarrestar las pruebas en su contra, recurren a la vieja estrategia de la victimización, inventando un relato de persecución, que hoy rebautizan con un anglicismo denominado: Lawfare”, continúa.

“A falta de elementos de convicción que permitan contrarrestar las pruebas en su contra, recurren a la vieja estrategia de la victimización, inventando un relato de persecución, que hoy rebautizan con un anglicismo denominado: lawfare. En términos llanos, el lawfare que invoca el kirchnerismo no es más que la construcción de un relato falso, carente de todo sustento fáctico y legal. En efecto, quienes protagonizaron uno de los periodos más corruptos de la historia argentina, pretenden hacer creer a la ciudadanía que son víctimas inocentes de una ‘persecución’ fundada en razones políticas”, se manifiesta en el texto.

Y completa: “Somos hombres y mujeres comprometidos con la República y confiamos en que los magistrados no se amedrenten, honren la verdad, e impartan justicia. Confiamos en poder reafirmar que en Argentina rige aún el imperio de las leyes y no el de la voluntad de los que mandan”.

El comunicado fue firmado por los siguientes legisladores, artistas, intelectuales, periodistas, ex funcionarios y otras personalidades:

Raúl Aguirre Saravia, Laura Alonso, Gustavo Alvea, Federico Andahazi, Federico Angelini, Lidia Ascarate, Alberto Asseff, Aída Ayala, Marcos Ayerra, Karina Banfi, William Batista, Santiago Bausili, Juan Pablo Baylac, Lisandro R. Becker, Atilio Benedetti, Hernán Berisso, Guillermo Bernaudo, María Paula Bertol, Lilia Bertoni, Luis Bianchi, Pablo Blanco, Pedro Baillard, Sofía Brambilla, Luis Brandoni, Miguel Braun, Esteban Bullrich, Patricia Bullrich, Alejandro Cacace, Adriana Cáceres, Juan Calandri, Marcela Campagnoli, Javier Campos, José Cano, Albor Cantard, Sergio Capozzi, Mónica Caset, Carolina Castets, Oscar Castillo, Armando Cervone, Luis Cevasco, Fernando Cichero, Virginia Cornejo, Alfredo Cornejo, Josefina De Alzaga, Alfredo De Ángeli, Jimena de la Torre, Álvaro De Lamadrid y Lucila Lehmann.

Omar de Marchi, Lucas Del Hoyo, Marcelo Domínguez, Soher El Sukaria, Jorge Enríquez, Miguel Ángel Etchevehere, Maximiliano Ferraro, Mario Fiad, Diego Martín Figueroa, Héctor “Toty” Flores, Gerardo Floridia, Mónica Frade, Alicia Fregonese, Gabriel Frizza, Martín Galli Basualdo, Ximena García, Alejandro García, Gustavo García, Agustín Garzón, Silvia del Rosario Giacoppo, Silvana Giudici, Roberto Glaubach, Nancy Gómez, Álvaro González, Gabriel Güemez, Martín Grande, María Beatriz Greco, Federico Hebrero, Gustavo Hein, Javier Herrera Bravo, Fernando Iglesias, Jorge Imas, Lucas Incicco, Ingrid Jetter, Claudia Juárez Fantoni, Iván Kerr, Santiago Kovadloff, Fernando Lambardi, Luciano Laspina, Griela Lena, Ramón Lanus, Félix Lonigro, Darío Lopérfido, Daniel López, Juan Manuel López, Flavia Maldi y Carlos Manfroni.

Martín Maquieyra, Rodolfo Malvestiti, Rubén Manzi, Juan Carlos Marino, Juan Martín, Julio Martínez, Leonor Martínez Villada, Daniel Masoni, Lorena Matzen, Martín Medina, Gustavo Menna, Juan Cruz Micele, Diego Mestre, Osmar Monaldi, Lana Montalban, Victoria Morales Gorleri, Mercedes Moreno, Nicanor Moreno Crotto, Luis Naidenoff, Claudia Najul, Osvaldo Natansohn, Mario Negri, Marcos Novaro, José Núñez, Patricia Nuñez, Graciela Ocaña, Stella María Olalla, Paula Oliveto, Beatriz Pacheco Pereyra, Luis Pastori, José Luis Patiño, Silvia Pensi, Luis Petri, Mercedes Piacenza, Carla Piccolomini, Guillermo Plate, Carmen Polledo, Rodrigo Posse, Favio Quetglas, Pablo Racioppi, Roxana Reyes, Dina Rezinovsky, Mariana Roca de Loitegui, Laura Rodríguez Machado, Luis Alberto Romero, Adriana Ruarte, Julio Sahad y Francisco Sánchez..

Yamil Santoro, Gisela Scaglia, Cecilia Scalisi, Alfredo Schiavoni, Humberto Schiavoni, David Schlereth, Miguel Schmukler, Juan José Sebreli, Miguel Ángel Secchi, Gustavo Sigal, Mónica Snyders, Ximena Sola, Francisco Sosa del Valle, Héctor Stefani, Mariana Stillman, Daniel Sztutwojner, María Belén Tapia, Silvia Tarasido, Alicia Terada, Pablo Tonelli, Pablo Torrelo, Hernán Torres Carbonel, Anibal Tortoriello, Paula Urroz, Jorge Vara, Mauro Vazón, Patricia Vázquez, Elizabeth Vega, Natalia Villa, Valeria Viola, Leticia Vitar, Jaquelina Wuille Bille, Sergio Wisky, Waldo Wolff, Florencia Zalio, Celina Zimmerman, Víctor Zimmerman, Maria Zorzón y Mariana Zuvic.

El texto completo

Los abajo firmantes manifestamos nuestro más firme rechazo al plan de impunidad que ha puesto en marcha el kirchnerismo, para eludir la acción de la Justicia frente a las graves acusaciones por delitos contra la administración pública y el orden económico financiero por los que están siendo debidamente juzgados.

Abusando del poder que hoy detentan, en los últimos días promovieron falsas denuncias, operaciones judiciales y mediáticas en medios militantes afines, con el objetivo de calumniar, injuriar y hostigar a quienes oportunamente los denunciaron o aportaron pruebas en las causas de corrupción y lavado de activos que los involucran.

Se pretende así cobrar venganza de quienes los llevaron al banquillo de los acusados, y al mismo tiempo sembrar temor, desalentando futuras denuncias e investigaciones de jueces, fiscales, funcionarios, periodistas, o simples ciudadanos.

A falta de elementos de convicción que permitan contrarrestar las pruebas en su contra, recurren a la vieja estrategia de la victimización, inventando un relato de persecución, que hoy rebautizan con un anglicismo denominado: “Lawfare”.

En términos llanos, el ‘Lawfare’ que invoca el kirchnerismo no es más que la construcción de un relato falso, carente de todo sustento fáctico y legal. En efecto, quienes protagonizaron uno de los periodos más corruptos de la historia argentina, pretenden hacer creer a la ciudadanía que son víctimas inocentes de una ‘persecución’ fundada en razones políticas.

En este sentido, vale la pena recordar que la mayoría de las causas judiciales que hoy los comprometen fueron iniciadas cuando ellos mismos eran gobierno, y que si no avanzaron en aquel entonces fue por la falta de colaboración (o encubrimiento) de los órganos de control, sumado a la presión explícita que impunemente ejercieron sobre el Poder Judicial.

Fue esencialmente el marco de un nuevo gobierno, respetuoso de las instituciones, lo que movilizó a jueces y fiscales a avanzar en la búsqueda de la verdad, con la colaboración de diversos organismos públicos que volvieron a cumplir con su deber.

A ello se agrega la importante cooperación internacional en el marco de dichas causas, inédita en la historia judicial argentina. La misma incluyó la aplicación, por parte de otros países, de rigurosos procesos de constatación del pleno respeto al debido proceso y los derechos humanos (los que incluyeron verificar precisamente la inexistencia de motivaciones de índole político detrás de los requerimientos judiciales).

Las pruebas que sostienen la existencia de una verdadera asociación ilícita liderada desde la cima del poder y dedicada a saquear al Estado Nacional y a lavar el producto del delito para beneficio individual de sus miembros, son abrumadoras. Esas son las pruebas que deben ser examinadas por la Justicia, y no ignoradas como ellos pretenden.

Las falsas evocaciones al ‘Lawfare’ apuntan a consagrar la impunidad de los corruptos poniendo en jaque la fortaleza de nuestra democracia y principios básicos de su sano funcionamiento como la libertad de prensa, la autonomía de los organismos de control y la independencia del Poder Judicial.

La República Argentina ha asumido compromisos internacionales de luchar contra la corrupción y el lavado de activos y debe aplicar sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas a quienes cometan dichos delitos, recuperando el producto de los mismos en favor del Estado Argentino.

Por tratarse de delitos transnacionales que ponen en riesgo la integridad global, el mundo tiene puesta una mirada sobre el funcionamiento eficaz de nuestro sistema penal en estos casos. Nos mantendremos atentos a cualquier acción que busque evitar el cumplimiento de dichos compromisos, con el fin de consagrar la impunidad de corruptos y lavadores.

Somos hombres y mujeres comprometidos con la República y confiamos en que los magistrados no se amedrenten, honren la verdad, e impartan justicia. Confiamos en poder reafirmar que en Argentina rige aún el imperio de las leyes y no el de la voluntad de los que mandan.