Se realizó el Primer Plenario Anual de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), en la ciudad turística de Villa Carlos Paz.
Los titulares de las Defensorías que integran la institución abordaron la angustiante situación que viven los hogares del país por la escalada de tarifas de servicios públicos esenciales como el agua, la luz y el gas; y se pronunciaron a favor de extender el beneficio de la tarifa social para aquellos usuarios que enfrentan serias dificultades económicas para pagarlos.
Del encuentro participó el ombudsman jujeño Javier De Bedia, quien a su regreso a la provincia destacó la importancia del cónclave y del temario que se trabajó. Al mismo, explicó que, además de la cuestión tarifaria y la importancia de extender la tarifa social, se coincidió en la necesidad de contar con una regulación que proteja los derechos de los usuarios de telefonía móvil, internet y cable.
De Bedia detalló que también se habló sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral; y de las tareas que realizará el Observatorio Electoral de ADPRA en este año que tendrá una agenda cargada de elecciones, entre otros temas.
También precisó que uno de los puntos que demandó más tiempo de debate y generó una postura firme de los defensores fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia que asegura que las Defensorías del Pueblo provinciales no tienen legitimación activa para cuestionar normas dictadas por autoridades nacionales.
En tal sentido, De Bedia comentó que dicho fallo recogió la crítica de todas las entidades que integran ADPRA. Para los defensores, el mismo cuestiona la legitimación procesal de las Defensorías y le quita herramientas a la sociedad para defender sus derechos.
“Pero ante esta resolución de la Justicia, la ADPRA decidió efectuar una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidiendo la nulidad de ese fallo del supremo tribunal”, anticipó.
Entre los participantes del Plenario estuvieron el Defensor del Pueblo porteño y presidente de la ADPRA, Alejandro Amor; el Defensor del Pueblo de Carlos Paz, Daniel Mowszet; el intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Aviles; y el secretario de Seguridad cordobés, Alfonso Mosquera, entre otros.
