El juez Sebastián Ramos entendió que estaba cerrada la investigación por el uso indebido de dinero público para filmar la novela «Mamá Corazón» y giró el expediente al fiscal para que evalúe elevar la causa para iniciar el proceso.
Por Patricia Blanco
Andrea del Boca está a punto de enfrentar un juicio oral por supuesta defraudación al Estado en el uso de dinero público para filmar la telenovela Mamá Corazón. Junto a ella, estará en el banquillo el ex ministro de Planificación Julio De Vido, preso por otras causas durante su gestión. Así se desprende de la decisión que tomó en los últimos días de 2018 el juez Sebastián Ramos, al dar por concluida la investigación por defraudación al Estado.
Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, el juez le envió el expediente al fiscal Gerardo Pollicita para que evalúe requerir la elevación a juicio. Es que Ramos completó las diligencias que le había encomendado la Cámara Federal al confirmar el procesamiento de Del Boca, De Vido y los otros.
Entre esas diligencias estaba el pedir informes a la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT) para que precisara si los valores que se le habían pagado por la novela Mamá Corazón eran acordes al mercado. Las fuentes precisaron que, pese a que no hay precios estándar, lo informaba se encontraba dentro del marco de la lógico, se precisó.
En ese contexto, Ramos entendió que las pruebas obtenidas hasta ahora permitían dar por concluida la investigación. Y envió el expediente al fiscal Pollicita para que revise si hay alguna medida que reste por hacer. De lo contrario, el planteo es una invitación a la fiscalía a pedir la elevación a juicio. Si el fiscal coincide, se le pedirá opinión al resto de las partes para que el caso vaya a juicio y una vez terminada esa ronda de consultas el juez procede a evaluarlas y definir si el caso se manda a un tribunal oral.
En cada aparición pública, Del Boca habló de su inocencia. «Yo las cosas que hice las hice de buena fe. Yo defendí la producción. No es una producción fantasma», dijo en una entrevista con Infobae. «No solamente no me la llevé sino que se llevaron a mi papá (fallecido recientemente). Y estoy convencida de que la Justicia va a probar mi inocencia porque está en la causa y están todas las cosas claras y expuestas. Pero lo que no me van a devolver es a mi papá».
La causa
A Andrea del Boca se la investiga porque en su carácter de socia gerente de «A+A Group SRL» productora de la novela Mamá Corazón recibió una financiación de 36 millones de pesos por parte del Estado Nacional a través de un convenio entre el Ministerio de Planificación Federal que dirigía De Vido y la Universidad Nacional de San Martín. Del Boca fue procesada y embargada junto a De Vido, Carlos Ruta -ex rector de la UNSAM, otro de los embargados en $60 millones-, la ex directora del INCAA Liliana Mazure y el ex director general de Administración de Planificación, Luis Vitullo, entre otros.
Como gerente de la productora «A+A Group SRL»-, Del Boca recibió en una contratación directa por 36.582.468, que contemplaba la alícuota del IVA, incluido ingresos brutos y el 10% en concepto de ganancia de la producción realizada.
Los convenios con las universidades fueron una constante en la era kirchnerista para desviar fondos de los controles. De hecho De Vido está preso por una maniobra similar en la causa de Río Turbio.
«Hay razones fuertes para presumir que Julio Miguel De Vido, en abuso de sus funciones, comprometió los intereses confiados al firmar los Convenios con la UNSAM y delegando atribuciones en personas encargadas de su desarrollo y que actuaban dentro de la órbita de su dependencia, a partir de los cuales se canalizó la entrega de los fondos», sostuvo el fallo de la Cámara al confirmar los procesamientos.
La Sala II de la Cámara añadió: «Bajo esas premisas, es posible sostener que las irregularidades detectadas en los procesos de selección y contratación -respectivamente-, en los que intervinieron autoridades de la UNSAM – cuyos aportes fueron mencionados en el desarrollo de la presente-, son reveladoras de intromisiones ajenas a los intereses de la administración pública, que se repiten en los dos procedimientos seguidos como consecuencia de las firmas de los convenios investigados y que, estando a las pruebas, estuvieron orientados a beneficiar a la cooperativa de trabajo «Tostaki Ltda.» y a la productora «a + A Group S.R.L.»».
Según la resolución, «acá que no surge de las actuaciones cuándo ni por qué mecanismo se la habría convocado a participar a esta firma -ni a las restantes-, como así tampoco la cantidad de propuestas que se presentaron y habrían sido evaluadas junto con la telenovela producida. Lo mismo en torno a los presupuestos de los costos por ella presentados que fueron aprobados sin más. Esto resulta llamativo».
Y se añadió que hubo «diferencias significativas» a favor de la productora de Andrea del Boca «en comparación con las otras producciones» porque «además de obtener el financiamiento íntegro de su obra con fondos públicos, cuyo diez por ciento percibiría en concepto de ganancia de la producción realizada, conservaría los derechos de comercializar su producto en el exterior por un período de sesenta meses, prorrogables por otro plazo idéntico».
Para los jueces, «lo cuestionable en este caso no es la celebración de los acuerdos con la mencionada casa de estudios -tampoco sus propósitos o contenidos- sino la desnaturalización de su objeto y su utilización para evadir los controles con miras al desvío de fondos públicos asignados».
La denuncia contra Andrea Del Boca se anexó ante el juez Sebastián Ramos la investigación sobre el dinero entregado por el ex Ministerio a la miniserie El Pacto, que se hizo a través del Institución Nacional Cinematográfico de Artes Audiovisuales (INCAA). De Vido también quedó procesado por esa miniserie que reflejaba la versión oficial sobre Papel Prensa. Esa miniserie recibió subsidios por $4,55 millones de pesos y fue producida por Tostaki, una cooperativa audiovisual liderada por la esposa de De Vido, Alejandra Minnicelli, y Marta Cascales, esposa de Guillermo Moreno.
Los otros procesados que quedaron en condiciones de ir a juicio son la extitular del INCAA, Liliana Mazure; Nadia Jacky, directora de Tostaki; los secretarios de la UNSAM, Maximiliano Schwerdtfeger y Hugo Nielson; y a los ex funcionarios Luis Vitullo, Alberto García y Nahuel Billoni Ahumada.
