Cristina marca la agenda: el plan de la vicepresidenta para quebrar a la oposición

La teoría del lawfare, el endeudamiento y la red de espionaje del tiempo macrista.

La Argentina se asoma al peor momento de la pandemia justo cuando escala la tensión política y social. Sería natural, un poco, por el desgaste que significa la prolongada cuarentena. Tampoco la clase dirigente está habituada a una cohabitación entre oficialismo y oposición. Se trata de una cultura forzada en este tiempo. Incide, además, el desacople que se puede empezar a advertir entre las agendas de Alberto y Cristina Fernández.

El Presidente está enfrascado en la lucha contra el coronavirus. También junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, sigue ocupado con la renegociación de la deuda para evitar el default. En ambos pleitos logró hacer causa común con la oposición. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ha evitado cualquier roce con Alberto desde que aterrizó la pandemia. Es el símbolo de Cambiemos en este combate contra una enfermedad que, casi exclusivamente, ha quedado circunscripta a la Ciudad y el Conurbano. La coalición opositora, hace semanas, firmó un documento de respaldo a las tratativas del Gobierno con los acreedores.

Ese frente presidencial para afrontar la crisis, sin embargo, sufre ataques. El fuego procede de filas amigas. Denotaría un par de problemas: la falta de reconocimiento todavía a la autoridad presidencial; la puja ideológica interna en el Frente de Todos que toma hervor en un momento inconveniente.

Una punta de lanza es Axel Kicillof. El gobernador de Buenos Aires es el principal delegado de la vicepresidenta. No pierde ocasión de disparar críticas contra Rodríguez Larreta. De modo personal o a través de portavoces. Posee un acompañamiento de valor enorme: el diputado Máximo Kirchner. El hijo de Cristina. Luego de cada arremetida el Presidente parece impelido a no quedar descolocado. Radicaliza su discurso. Incluso se priva de tomar decisiones que sonarían muy sensatas en la emergencia. Nunca respondió dos solicitudes de audiencia que le formuló la jefatura de Cambiemos.
La tirria de Cristina con Rodríguez Larreta viene de lejos. La tiene en verdad con demasiadas personas. Rasgo de su personalidad. Resulta llamativo, en cambio, que en medio de la negociación por la deuda haya dado impulso la última semana a la Comisión Bicameral que se propone investigar el endeudamiento tomado durante los cuatro años anteriores por el gobierno de Mauricio Macri. Aquella comisión es presidida por el senador José Mayans. Otro obediente de la vicepresidenta. La maniobra a desenmascarar sería una presunta fuga de capitales.

Los fundamentos kirchneristas son lineales. El ex presidente se habría endeudado como lo hizo sólo para favorecer a los amigos. Hay circulando, a propósito, un desopilante informe que elaboró el Banco Central que comanda Miguel Pesce. El relato omite, claro, una parte sustancial. La necesidad de préstamos, tomados con mala pericia, fue la derivación de la herencia pesadísima que Macri recibió de parte de Cristina.

La historia deparó otras novedades. La Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que conduce Cristina Caamaño, denunció una red de espionaje en dicho organismo en épocas macristas. Se hizo un pedido de indagatoria contra el ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas y contra el propio Macri. Caamaño pretende la imputación del ingeniero porque ese organismo depende del jefe de Estado. El fiscal que impulsa la investigación es Jorge Di Lello. Un peronista que llegó al mundo judicial en la década de los 90.

En simultáneo, la Comisión Bicameral de Inteligencia se hizo cargo del tema para ventilar la cuestión. La preside Leopoldo Moreau, brillante legislador del alfonsinismo que, a la vejez, viró a talibán cristinista. La primera deliberación resultó insulsa pero apuntaría a una meta: fogonear que varios de los que aparecen como espiados pertenecieron al macrismo. Entre ellos, el ex titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó y el actual jefe del interbloque, el radical Mario Negri. Una píldora difícil de tragar dentro de la coalición opositora.

El espionaje forma parte de un mal crónico que la democracia en la Argentina nunca supo resolver. Todos los gobiernos trataron de sacar provecho de esa práctica abominable. Macri no fue una excepción y, tal vez, cometió el peor de los pecados. Llegó con la promesa de mejorar la democracia pero mantuvo intacto aquel sistema. Colocó a la cabeza a su amigo Arribas, un empresario ducho en la transferencia de futbolistas. Sin nociones ni intención de cómo transformar aquel submundo.

Alberto tomó una decisión inicial interesante. Resolvió intervenir la AFI y bloquear el uso de sus millonarios fondos reservados. También prometió una división del organismo. Para la tarea ungió a la fiscal Caamaño, de Justicia Legítima. La mujer responde políticamente a Cristina. No posee grandes sombras, salvo una instancia anterior: ocupó en 2013 la fiscalía descentralizada de Núñez y Saavedra, designada por la entonces Procuradora General, Alejandra Gils Carbó. Funcionaria leal a la ex presidenta. Lo hizo en reemplazo del fiscal José María Campagnoli, suspendido por su afán de investigar a Lázaro Baez. En aquella fiscalía llovieron las quejas por el desmantelamiento que hizo Caamaño.

Otro eslabón pareció complemento de esa cadena. La Comisión de Asuntos Legislativos de Diputados rechazó un DNU de Macri que había dispuesto trasladar las escuchas telefónicas de la Procuración General a la Corte Suprema. Lo hizo para eludir la manipulación de Gils Carbó. Las escuchas retornarán al Ministerio Público porque sólo resta la aprobación del Senado. Allí talla la vicepresidenta. Después habrá que aguardar la suerte que corra en la Cámara alta del pliego de Daniel Rafecas, propuesto por el Presidente para cubrir el cargo.

Con todo aquel tramado Cristina apunta a varias cosas. En principio, a construir un nuevo relato de tres patas. Instaurar una vieja idea, que hizo pública en el enjuiciamiento por la obra pública, acerca de que fue víctima de una persecución política. Donde la combinación de los espías, el Poder Judicial y los medios de comunicación representan la figura del lawfare. También, insistir con el endeudamiento de Macri y su esquema de presunta vigilancia de los topos. Un plan maquiavélico para sumergir a los sectores populares. Quizás, el reflote de un antiguo sueño kirchnerista: equiparar al macrismo con la dictadura. Caballito de batalla mientras transitó la oposición.

El programa estaría cargado de baches y contradicciones. Le importa poco. Ningún gobierno como el de Cristina hizo de la persecución y el espionaje una rutina. Siempre se ha jactado de haber disuelto la vieja SIDE. El último año de gestión. Omite que financió al ex jefe del Ejército, César Milani, el montaje de una inteligencia paralela. Un episodio que el propio Alberto, en su otra época política, se ocupó de cuestionar. Sucedieron episodios de una gravedad que sólo el fárrago argentino y la memoria corta echan al olvido.

En julio de 2013, a dos meses de las legislativas que el Gobierno perdió, el entonces candidato del Frente Renovador, Sergio Massa, sufrió un asalto en su casa mientras no había nadie. La denuncia la formuló su esposa, Malena Galmarini. El jefe de campaña era Alberto. El delito fue cometido por un prefecto. Finalmente condenado a prisión. Hubo un sistema previo de espionaje en el cual, presuntamente, intervinieron la SIDE, la Policía bonaerense y la Prefectura. Massa es ahora el titular de la Cámara de Diputados. Su esposa conduce la empresa AYSA.

La purificación de la Justicia que pregona el Presidente también está cargada de dudas. El kirchnerismo protege en el Consejo de la Magistratura la salvación de enjuiciamiento al juez Rodolfo Canicoba Corral. Alberto, que habla de poderes independientes, intervino la semana pasada para que se definan dos causas que cercan a Cristina: la del Memorándum de Entendimiento con Irán y la de la venta de dólar a futuro. Ambas bombardeadas por los K.

Cabría decir que al Presidente, más allá de la interferencia objetiva que implica su presión pública, le asiste la razón por la demora de esos procedimientos. Sería importante que además se alarmara por otras dilaciones amparadas por la pandemia. El aplazamiento del juicio ya iniciado por la obra pública. O la suspensión hasta el año de los “cuadernos de las coimas”. El Tribunal Oral Federal 5 levantó la feria para seguir con Los Sauces y Hotesur, donde está implicada la familia Kirchner. Aunque el juicio sigue lejano.

Para Alberto, todas aquellas maquinaciones de Cristina son ahora imprudentes. Habrá que ver el año que viene cuando amanezca un nuevo año electoral. Con la economía arrasada por la pandemia, al Frente de Todos le resultará funcional cualquier fragmentación opositora. Con poco, algo más de un tercio, podrían cantar victoria. Cambiemos debería resistir aquellas artimañas. Si resiste, el Gobierno posee otro atajo: la suspensión de las PASO que diseña discretamente el consejero Gerónimo Ustarroz. Hermano del ministro del Interior, Wado de Pedro. Sin esa instancia, es posible que la oferta electoral se disperse.

El horizonte está aún muy lejos. El Presidente necesita del sosiego político para aguardar el vendaval de la pandemia. Luego llegará la hora del cálculo del daño, humano y económico. Además, la búsqueda de una salida al tiempo de parálisis y encierro.

Alberto no da pistas sobre eso. Otros sí. Kicillof auguró que la normalidad no existe más. Máximo afirmó que la Argentina “no podrá salir de la pandemia como entró”. Siempre enigmáticos y sospechosos.

Eduardo Van der Kooy (Clarín).