Además, solicitó la recusación de Manuel García-Mansilla, uno de los jueces del tribunal, designado recientemente por decreto del presidente Javier Milei.
Su defensa, encabezada por el abogado Alberto Beraldi, presentó dos escritos: un recurso de queja contra la condena y la recusación de García-Mansilla. Ambos documentos fueron difundidos por la ex mandataria en sus redes sociales. A las 11 horas, Beraldi brindará una conferencia de prensa en la sede del Partido Justicialista Nacional.
La defensa de Kirchner argumentó que durante el proceso se cometieron «violaciones a garantías constitucionales» y se incurrió en una «grosera arbitrariedad» al dictar la condena. Además, anticipó que, de ratificarse la sentencia, recurrirá a organismos internacionales.
Por su parte, el fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, solicitará que la pena se eleve a 12 años de prisión bajo la figura de asociación ilícita.
Desde hoy, la causa queda en manos del máximo tribunal, que no tiene plazos para resolver. Si la Corte confirma la condena, podría definirse la detención de la ex presidenta.
Argumentos de la defensa
Los abogados de Kirchner sostienen que se vulneró el derecho a ser juzgada por jueces independientes e imparciales, así como el principio de congruencia. En particular, cuestionaron la incorporación tardía de la acusación denominada «Plan limpiar todo», basada en peritajes de otra causa.
Asimismo, denunciaron la negativa a peritar las 51 obras públicas cuestionadas y la violación del principio de cosa juzgada, ya que por los mismos hechos la ex mandataria había sido sobreseída por la justicia de Santa Cruz.
Recusación de García-Mansilla
En su segunda presentación, la defensa recusó a García-Mansilla argumentando que su designación por decreto compromete su independencia, dado que su permanencia en el cargo depende del presidente Milei.
En el escrito, también se mencionó que Milei declaró recientemente que Kirchner irá presa por esta causa, lo que, según la defensa, configura una «intromisión indebida en asuntos judiciales» y genera «fundado temor de parcialidad» en el magistrado.
