Uno a uno, abogados, exfuncionarios y personalidades del kirchnerismo ingresaron el martes por la mañana a los Tribunales Federales de Comodoro Py.
Allí esperan la llegada de Cristina Kirchner, flamante precandidata a vicepresidenta, que estará por primera vez en el banquillo de los acusados. Se sentará en la segunda fila de la Sala AMIA.
Adelante suyo estará Lázaro Báez. El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 abrirá a las 12 horas la primera audiencia por el reparto de licitaciones de obras viales a favor del dueño de Austral Construcciones por un total de $46.000 millones entre 2004 y 2015.
Desde su casa de Uruguay y Juncal, la expresidenta escribió en Twitter: «Es un nuevo acto de persecución». Luego confirmó que estará presente cuando el tribunal inaugure formalmente la etapa de juicio oral y público.
Luego, desde Comodoro Py, Oscar Parrilli, exsecretario general de Presidencia, consideró: «El Gobierno presionó a los jueces para hacer este juicio». Así se refirió a las idas y vueltas entre el tribunal y la Corte Suprema de Justicia por la discusión por la fecha de inicio del debate.
Para el operativo de seguridad, el Ministerio de Seguridad dispuso 130 agentes de la Policía Federal (PFA) dentro y fuera de Comodoro Py 2002. También en el exterior hay efectivos de Gendarmería, Prefectura y Policía de la Ciudad.
La exdiputada del Frente para la Victoria, Diana Conti, consideró que el juicio a Cristina puso en riesgo la Democracia: «Cristina siempre estará a derecho, poniendo la cara, porque queremos un Estado de Derecho en serio. Está mal aplicar la figura de asociación ilícita para encausar a todo un gobierno. Es público y notorio que el gobierno de Macri está detrás de todo esto».
El referente de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, exdirector de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), acusó al Gobierno: «Es una de las causas del sistema de persecución política a los opositores y principalmente a Cristina, la líder de la oposición en la Argentina. La senadora pidió realizar la auditoría de toda la obra pública, pero no lo hicieron. Esto es una puesta en escena».
La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, fue una de las dirigentes sociales que se acercaron hasta los Tribunales Federales para acompañar a su líder.
Gregorio Dalbón, abogado de causas civiles de la expresidenta, dio el presente en Comodoro Py para hacer una defensa mediática de su clienta ante TN.com.ar: «No hay ninguna irregularidad en el direccionamiento de la obra pública».
Con casco, chaleco y esposas. Así trasladó el Servicio Penitenciario Federal (SPF) a detenidos desde Ezeiza y Marcos Paz hacia los Tribunales Federales. Lázaro Báez y Julio De Vido y fueron ingresados al establecimiento hipercustodiados.
Cristina comenzó su defensa desde las redes sociales bien temprano: «Jamás tomé intervención alguna en los expedientes administrativos que se realizaron por estas obras. Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial». Y luego devolvió la acusación: «Se trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una expresidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial».
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