Un repetido episodio de inseguridad empujó a Héctor Daer a volver con su familia a Mercedes, su pago chico.
Hace algunos meses que el jefe de la CGT recorre diariamente los 95 kilómetros que separan a la ciudad bonaerense de la Capital Federal. El regreso a casa suele ser siempre de noche, con él al volante, ya que es uno de los pocos líderes sindicales que no tiene chofer. Daer hizo el lunes un pico de estrés, debió ser internado de urgencia y tuvo que ser intervenido con dos stents. De alta médica, aunque con reposo sugerido, siguió ayer por teléfono el conflicto salarial que mantiene Sanidad, su gremio, con las clínicas privadas. Intervino el Gobierno con el dictado de la conciliación obligatoria para garantizar el servicio en tiempo de pandemia.
En el celular de Daer se apilaban también otros mensajes. Uno de ellos era de José Luis Lingeri, el hombre de la CGT que más sabe desde los años 90 sobre las obras sociales. “Si el lunes no te dan bola, vamos de vuelta a preguntarle a [Santiago] Cafiero qué carajo pasa”, resumió Lingeri su poco exitosa gestión ante un jerárquico de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), el organismo descentralizado a cargo del control de las prestadoras médicas.
Cuando el lunes próximo Daer retome por completo la actividad, una de sus prioridades será llamar al Presidente. Quedaron en el aire dos promesas que Alberto Fernández les dio por hecho a los dirigentes de la CGT que lo visitaron recientemente en Olivos. Una es el desembolso de $11.000 millones para afrontar los tratamientos médicos a discapacitados. La otra es un decreto que modificaría el sistema de libre elección de la obra social. La normativa, consensuada entre el Gobierno y los gremios, apunta a que cada nuevo trabajador registrado deberá permanecer como mínimo un año en la obra social de su actividad antes de disponer de la transferencia de los aportes a otra entidad de salud. Sería ir en contra de las prepagas, pero un blindaje a las arcas gremiales.
“Parece una chicana, el borrador del decreto volvió al Ministerio de Salud”, se quejó anoche un sindicalista. Otro dirigente, también al tanto de otra jornada infructuosa, planteó: “Fuimos dos veces a Olivos, nos dicen que va a salir y ahora nadie nos contesta el teléfono”.
¿Será Cafiero la llave para retomar la negociación? En la CGT reconocen las “buenas intenciones” del jefe de Gabinete, pero consideran que no tiene poder de decisión. Da la sensación que la sangre no llega al río solo por la voluntad oficial de reabrir las paritarias ante la incertidumbre inflacionaria.
Tiene que ver en la escalada del conflicto por las obras sociales el pedido de Cristina Kirchner para revisar el sistema de salud e ir uno integrado. En la CGT hay un rechazo generalizado a la intención de la vicepresidenta. Los gremios, básicamente, temen perder el dinero que se atesora en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), una caja que se alimenta del aporte obligatorio que se les retiene a los trabajadores de sus respectivos salarios. El debate por la reforma que instaló Cristina, que después avaló el Presidente, difícilmente prospere con la pandemia en curso y mucho menos con el calendario electoral encima, sostienen fuentes oficiales, sindicales y empresarias del sector.
Puentes con Cristina
Sin contar hoy con un interlocutor directo con Cristina, la cúpula de la CGT comenzó a tender puentes con los dirigentes gremiales que sí la frecuentan. Uno de ellos es el bancario Sergio Palazzo, quien anoche también se lamentó por la pobre cosecha de Lingeri en su peregrinar por la Superintendencia. La obra social de los bancarios, como tantas otras, maquilla su déficit con el aporte de fondos del sindicato.
Tal vez la crisis de la salud, o el temor a un avance estatal sobre las obras sociales, abroquele a los gremios y desencadene la unidad de la CGT. La renovación de autoridades se prevé para noviembre y Alberto Fernández ya pidió en más de una oportunidad un acuerdo entre las diferentes tribus e incorporar a la CTA.
Pero hoy la palabra del Presidente está devaluada en Azopardo. “Hace dos meses en Olivos nos prometió los $11.000 millones y el decreto, y nada. Está todo en el freezer, no nos dan bola”, dijo algo derrotado un gremialista que frecuenta semanalmente despachos oficiales.
Nicolás Balinotti (La Nación)
