El escándalo de los seguros del Estado, que involucra al expresidente Alberto Fernández y a varios productores, entre ellos Héctor Martínez Sosa y brokers que respondían a su empresa como “administradora”, empieza a llenar sus casilleros.
LA NACION se hizo, por medio de un pedido de acceso a la información, del listado completo que se le remitió al juez Julián Ercolini con los montos que cobraron los principales productores. El documento contiene todos los nombres propios, las entidades aseguradas, los montos que cobraron año tras año, la secuencia de la intermediación, y finalmente, los miles de millones que se llevaron por estampar su nombre en el contrato, de 95 áreas públicas.
El listado, que fue hecho por los síndicos internos Nación Seguros, que responden a la Sindicatura General de la Nación, da cuenta que el monto de las comisiones asciende, al menos, a los $3453 millones, a valores nominales. La cifra había sido anticipada por LA NACION el 17 de marzo. El Gobierno precisó el número ante el juzgado de Ercolini, en este informe, que revela los detalles por organismo y broker.
La duda que surge es si el monto final podría crecer todavía más. Las distintas carteras ministeriales están desempolvando documentos que prueban las contrataciones hechas a favor de los brokers, pero que no aparecen específicamente en la información que Nación Seguros remitió a las autoridades judiciales. Dentro de este grupo se encuentra el exministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, cuya documentación de contratación de un intermediario fue difundida por el Gobierno, varias universidades y empresas públicas como Veng SA.
El documento enviado a la Justicia da cuenta también del tope de comisiones que se estableció en 2022. Se hicieron tres agrupaciones en función del riesgo y volumen de la prima. La categoría más alta estableció un 45% de comisión para los seguros integral de consorcio, de 43% por incendio, y 35% por responsabilidad civil, entre otros. Un acta firmada por Alberto Pagliano, titular de Nación Seguros e imputado en la causa, daba cuenta de que se estableció un máximo de 10% para los contratos directos con la empresa.
El podio de los empresarios favorecidos se compone de la organización Bachellier SA, asociada a Martínez Sosa, junto a las firmas que son Castello Mercuri SA, San Ignacio Sociedad de Productores y Torres García Brokers. Martínez Sosa y Bachellier (asociada a él) tenían en su cartera el negocio más oneroso conocido hasta el momento, el contrato con Gendarmería Nacional, por el cual cobraron $1.617.740.243 en los últimos cuatro años.
En orden de monto, le sigue el Anses, que generó pago en comisiones por $463.837.349 a favor de García Torres, vinculado al Pro y al Frente Renovador. En tercer lugar aparece el contrato con el Ministerio de Desarrollo Social, con $239.621.093 cobrados en comisiones por parte de Castello Mercuri, uno de los principales aportantes a la campaña de Alberto Fernández en 2019, con una donación en blanco cercana a US$16.000.
Uno de los datos llamativos de esta auditoría es que da cuenta de que se continuaron pagando comisiones en 2024. En el informe se contabilizaron $239.961.680 pagados este año, pero podrían ser más. Por lo menos hasta febrero hubo pago de intermediaciones.
Los números abruman y la forma en que se generó el negocio, también. En 2020, con la llegada de Fernández a la presidencia, se formó en Nación Seguros una suerte de Club de Amigos conformado por viejos compinches del mandatario, conocidos de su paso por la Superintendencia de Seguros y el grupo Bapro, en la provincia de Buenos Aires.
Ese año se liquidaron 2,4 millones de pesos de comisiones que correspondían a un puñado de pólizas. En aquel entonces, el poderoso Martínez Sosa, prestamista del expresidente y esposo de su secretaria, María Cantero, apenas le facturó a Nación Servicios 49.060 pesos. En aquel 2020 de encierro y pandemia, el dólar terminó a 90 pesos, es decir, corredor de seguros tuvo comisiones de pólizas del Estado por US$545, mientras que el total que pagó la aseguradora estatal fue US$27.597. LA NACION utilizó para el cálculo, el dólar minorista que publicó el Banco Central el último día hábil de cada período, ya que no accedió al momento de la liquidación sino al consolidado anual.
En ese 2020 apareció Castello Mercuri, unos de los productores que se convirtieron en los principales jugadores de la intermediación estatal. Fueron el conejillo de indias que se usó en aquellos primeros meses de gestión cuando venció una póliza de un satélite de Invap. La póliza era directa y cuando se renovó, pues se pidió que la emitiesen con este intermediario. Así se gestó la primera de las intermediaciones.
Sin embargo, en aquellos años se registraban montos módicos. Fue en 2021 cuando los amigos presidenciales, entre los que se destacaba, además de Martínez Sosa el presidente de Nación Seguros, Alberto Pagliaro, encontraron la llave a los millones. Con buen olfato para detectar comisiones e intermediaciones, Pagliaro, Fernando Arana, Carlos Soria y Gustavo García Argibay, los cuatro capitanes de aquel emprendimiento, pusieron manos a la obra. El entramado de negocios que se comenzó a gestar ese año no era nuevo, no se detuvo en Héctor Martínez Sosa, el asegurador más cercano a Fernández, marido de su secretaria privada durante 30 años. Pero ese fue el vértice de los millones.
Aquella llave del negocio apareció con el decreto 823/21, una norma que obligó a las entidades públicas a contratar con Nación Seguros los convenios que fueran necesarios para las coberturas de riesgos del Estado.
En la compañía gritaron ¡Bingo! y los negocios florecieron. Martínez Sosa paso de facturar US$545 a US$295.404. Pero la gran aparición fue Bachellier que de no generar comisiones tuvo una abrupta aparición y se colocó como el productor que más facturó a Nación Servicios. En aquel año de vigencia del decreto de Fernández tuvo comisiones por US$2,19 millones.
Desde entonces, esta sociedad anónima se convirtió en la principal beneficiaria de los millones de las pólizas del Estado. Ahora bien, quién está detrás de esta empresa. Según los datos que surgen de la Inspección General de Justicia, el director titular es Ricardo Daniel González, mientras que el presidente del directorio es Osvaldo Alfredo Tórtora. Por último, la directora suplente de la sociedad que tiene domicilio en Alsina 833 piso 6to, oficina 3, es Mónica Alicia Elizarriaga.
Más allá de estas formalidades, según tres fuentes del mercado, Bachellier es una organizadora de productores (una figura regulada por la ley 22.400) que se utiliza cuando un productor recién se inicia en la actividad o cuando un productor delega la tarea administrativa en la organización y se dedica solamente a ventas. Esta “Organización Bachellier” tiene vinculación comercial con Martínez Sosa.
Desde entonces, el negocio floreció. En ese 2021, Nación Seguros pagó comisiones por 297 millones de los cuales más del 90% se dividieron entre Bachellier y el prestamista presidencial.
No paró de crecer. Un año después, los productores facturaron US$5,047 millones de los cuales US$4,34 millones se distribuía entre los dos productores cercano al entonces presidente. El tercero era Castello Mercuri, con US$347.876 facturados a Nación Servicios.
En 2023 fue un verdadero festival. En medio de la disparada de la inflación y el aumento de la pobreza, los amigos presidenciales dedicaron su tiempo a lograr la mayor ganancia posible. Entre todos facturaron $1.984 millones, de los cuales $1000 millones correspondieron a los dos principales productores.
Fue ese año cuando aparecieron dos jugadores importantes: San Ignacio Sociedad de Asesores y Torres García Brokers. Entre los dos facturaron $336,35 millones. El asegurado que entregó millones a sus productores fue la Administración Nacional de la Seguridad Social, la Anses. Mientras tanto, Bachellier y Martínez Sosa generaron comisiones por otros 900 millones de pesos.
Así se intermedió todo el Estado y se generó un maravilloso negocio. Pasaron por ahí los más variados asegurados. Por caso, Bachellier tuvo solamente seis pólizas: Gendarmería, Ministerio de Seguridad, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal, Prefectura y Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal. Con esa cartera obtuvo comisiones por $1.665 millones, a valores nominales sin actualizar por inflación.
Martínez Sosa, el gestor de aquellos negocios, representó a más clientes. La póliza de la Corte Suprema de Justicia, una estrella en el mundo del seguro, le generó al prestamista presidencial $5.027.340 millones. El Banco Central, la Universidad de Buenos Aires, el Fondo Nacional de las Artes, Vialidad, la Casa de la Moneda, Corredores Viales y cuatro ministerios (Ambiente, Relaciones Exteriores, Seguridad y Turismo) fueron alguno de sus clientes.
Castello Mercuri, el tercero en el ranking, fue el productor de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), Invap, la Jefatura de Gabinete, y los ministerios de Ciencia y Tecnología y de Desarrollo Social. Finalmente, Torres García y San Ignacio, los que completan los cinco primeros, tuvieron un único y lucrativo cliente: la Anses.
Sin embargo, es imposible entender cuál es el monto final de semejante engranaje de corrupción. Nación Seguros utilizó un sistema de coseguro donde se escondían, también, otros pagos a los productores. ¿Qué significa? La dependencia contrataba a la aseguradora estatal y ella pagaba una comisión. Luego, Nación tomaba la póliza, la dividía y entregaba una porción a otras empresas colegas. La operación es válida, legal y se utiliza para mitigar el riesgo en pólizas grandes. Pero, acá también se usó para que las empresas privadas paguen comisiones a los intermediarios. Solo un caso: el contrato de la Anses generaba una comisión superior al 10% y luego, cada una de las compañías que intervinieron, pagaba otros montos millonarios por este concepto.
Como se dijo, la trama de los seguros de a poco completa los casilleros. Los nombres eran conocidos, los millones que se facturaron no dejan de sorprender. Quizá haya sido que la secretaria presidencial se extralimitó, como simplificó Fernández. Pero la cronología de los pagos no deja dudas: la firma del profesor de derecho en el decreto que obligó a contratar a la empresa estatal fue decisivo para que los millones terminen en los bolsillos de su prestamista y sus amigos.
Diego Cabot
Camila Dolabjian
