Finalmente, el oficialismo y la oposición no lograron cerrar un acuerdo para aprobar 18 concursos de jueces para cubrir 49 vacantes, varias de ellas en los tribunales federales de Comodoro Py, donde se juzgan los casos que involucran al poder político.
Para aprobar un concurso se necesitan nueve votos. El oficialismo tiene siete y la oposición seis, por eso era imprescindible el acuerdo.
El tema formó parte de la agenda en el inicio de la última sesión del Consejo de la Magistratura antes de que entre en vigencia el fallo de la Corte Suprema que invalidó la actual conformación del cuerpo.
Como el Congreso no logró consensuar una reforma, a partir del 16 de abril el Consejo de la Magistratura debería retomar su conformación anterior, con Horacio Rosatti como principal autoridad, algo a lo que se opone el kirchnerismo. Los consejeros debaten ahora un reglamento especial para definir qué sucederá en las próximas semanas.
Por los feriados de semana santa, el lunes será el día clave. Pero no habrá otra composición y crece la incertidumbre de lo que podrá pasar.
El reglamento especial generó una pelea entre el oficialismo y la oposición. Se trata de un texto para actuar en la parte de parte administrativa ante cualquier contingencia hasta que el Consejo se integre. Una de las funciones del organismo es la administración del Poder Judicial de la Nación. El pago de sueldos, la compra de insumos, licitaciones. El día a día del trabajo de los tribunales.
Es el aspecto que más preocupa para no paralizar el funcionamiento. Los dos sectores estuvieron de acuerdo en que debe haber un esquema para evitar la parálisis. Pero las diferencias surgieron esta semana.
El reglamento redactado -que tiene dos puntos- propone delegar en el actual presidente del Consejo, el juez Alberto Lugones, que integra el bloque del oficialismo, la gestión de los recursos humanos, la ejecución de los actos administración, representar al organismo en los juicios y asignar a las comisiones los temas que ingresen.
El segundo punto es que el Presidente, en aquellos casos que exceden las funciones que recibió, puede consultar a otros consejeros para tomar decisiones. Para eso necesita el aval de siete miembros, dice el proyecto del reglamento. Siete es el bloque de consejeros del oficialismo.
En la oposición objetan ese último punto. No quieren que el poder para temas mayores -aunque puedan ser limitados- quede a decisión del oficialismo. “Entendemos que mínimo debe ser con nueve consejeros, una mayoría agravada”, le dijo a Infobae un hombre de la oposición. Eso implicaría que su bloque tengo poder de opinión. Ayer hubo charlas y negociaciones por ese tema y las posiciones estarían cerca de llegar a un acuerdo. Será tema de debate en el plenario de hoy.
También se aprobarán otros dos reglamentos. Son la convocatoria para octubre de las elecciones de jueces y abogados para cuando el Consejo deba renovarse en noviembre, ante el vencimiento de sus actuales integrantes. Ante la duda de si para entonces el organismo podrá aprobarlos, el Consejo se adelanta a esa eventualidad y ya deja reglamentada las elecciones.
El contexto de un plenario especial
A esta situación se llega tras el fallo de diciembre pasado de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la actual integración de 13 miembros del Consejo. El máximo tribunal dio un plazo de 120 días para que haya una nueva composición. Ya sea por una ley del Congreso o con su composición anterior de 20 consejeros y si eso no se cumpla todo lo que haga el organismo será nulo. Los 120 días vencen el viernes.
Una ley no habrá. El Senado aprobó un proyecto la semana pasada pero los tiempos no dan para que así lo haga Diputados, donde además el oficialismo no cuenta con los votos, o debe hacer un trabajo mayor para conseguirlos, porque Juntos por el Cambio no apoya la iniciativa aprobada. La oposición quiere que en el Consejo esté la Corte Suprema y el oficialismo no.
Pero tampoco para el viernes el Consejo volverá a su composición de 20. A los 13 se deben sumar el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, una jueza y dos abogadas (que ya están porque fueron elegidas la semana pasada) y una representante de las universidades que será elegida el lunes.
Pero faltan dos más. Son un diputado y un senador. La disputa entre oficialismo y oposición es a quien le corresponde. Y ahí no hay acuerdo. Además, el senador Oscar Parrilli -el más cercano a Cristina Kirchner- dijo ayer no los enviarán porque el Consejo debe integrarse por ley. “Antes de pensar qué va a pasar el lunes, hay que analizar lo que está haciendo la Corte Suprema, que no es más que un golpe institucional al Consejo de la Magistratura”, dijo ayer Parrilli.
Para complejizar más la situación, ayer el juez federal de Paraná Daniel Alonso dictó una medida precautelar en la que le ordenó a Cristina Kirchner, como presidenta del Senado, y a Sergio Massa, titular de Diputados, que se abstengan de designar a los representantes del Congreso en el Consejo. Fue en una causa que inició el diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Casaretto.
Desde la oposición, Juntos por el Cambio presentará mañana en el Congreso el pedido para dos de sus legisladores sean designados en el Congreso.
En este panorama la pregunta es ¿qué pasará el lunes? Nadie tiene la respuesta pero sí muchas especulaciones. Que la Corte no va a permitir que el Consejo deje de funcionar y que la semana que viene se presentará en el organismo y le tomará juramento a las consejeros. Muchos señalan que eso iría en contra del propio fallo del máximo tribunal que estableció que los nuevos consejeros deben asumir “conjunta y simultáneamente”. Para otros eso no obsta a que asuman los que estén designados.
Pero eso implicaría una pelea de frente -más de la que ya tiene- de la Corte con el gobierno nacional, muy crítico de la justicia en general y del Poder Judicial en general.
Por lo pronto, hoy el Consejo sesiona en su plenario. El último de esta etapa y tal vez el último por un tiempo que nadie sabe de cuánto será. El tiempo de descuento empezó.
Martín Angulo
