La Cámara Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Kirchner por considerarla jefa de una asociación ilícita. En la misma resolución, afirmó que los empresarios no formaban parte de esa organización ilegal.
Por Patricia Blanco
En uno de los fallos más esperados por el mundo político y empresarial, la Cámara Federal confirmó hoy los procesamientos de Cristina Kirchner, Julio De Vido y Roberto Baratta como líderes de una asociación ilícita que funcionó detrás de los negocios de Planificación e incluyó en esa lista de organizadores al ex secretario José López, el financista Ernesto Clarens y el ex titular de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner, quienes hasta ahora estaban como miembros de la banda.
Pero además, en una resolución de 89 hojas a la que accedió Infobae, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de Sala I de la Cámara Federal, resolvieron dejar afuera de la asociación ilícita a los empresarios que estaban procesados también como miembros. En la lista aparecen desde Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Luis Betnaza (Techint), Gabriel Romero, Juan Chediack o Enrique Pescarmona.
Al único que consideraron miembro fue a Gerardo Ferreyra, quien permanecerá detenido. El resto de los empresarios que están en la cárcel o en prisión domiciliaria quedan en libertad. «Electroingeniería S.A. habría sido el motor de las rutinarias y cuantiosas entregas de dinero que quedaron reflejadas en las anotaciones de Centeno. Pero ellas poseen un ingrediente especial (…) El dinero que, vía aquella compañía, era girado por Gerardo Ferreyra no puede ser leído bajo la sencilla visión de un retorno por un contrato, sino como el puente que enlazaría la asociación ilícita con cuanto canal pudiera habilitarse para la obtención de fondos», se señaló.
No obstante, la decisión de la Cámara Federal revocó la falta de mérito que había beneficiado a los empresarios de segundas líneas que habían cumplido órdenes para entregar coimas. La media alcanzó a Jorge Neira, Héctor Sánchez Caballero, Rodolfo Poblete, ,Héctor Zabaleta, Francisco Valenti y Osvaldo Acosta.
A todos, sin embargo, se les mantiene el procesamiento por haber entregado dinero. Y en vez de dádivas, se consideró para todos la figura de cohecho, es decir: coimas. El chofer Oscar Centeno, arrepentido y puntapié de esta causa, también vio confirmado su procesamiento.
La banda, según la Cámara Federal
«Los ocho cuadernos escritos por Oscar Centeno entre 2005 y 2010, y nuevamente desde 2013 a 2015, son testimonios de la realidad; el más detallado que se pueda tener sobre una práctica de corrupción enquistada en el corazón del gobierno de la última década. En ellos se relatan infinidad de trayectos por las calles de esta ciudad y del conurbano, cientos de nombres y de lugares, múltiples escenas surcadas por un mismo denominador común: el dinero», sostuvo la Cámara en la resolución a la que accedió Infobae.
Pero además el fallo tomó las palabras de varios arrepentidos. «Al asumir la presidencia de la Nación, Néstor Kirchner no sólo habría traído consigo el modelo de gestión que desarrollara en sus años como gobernador de Santa Cruz, con él se importaría también un sistema de recaudación paraestatal, centrado principalmente –por su volumen- en la concesión de la obra pública, sin descartar otras formas recaudatorias de ingresos espurios», se señaló.
«Las referencias sobre el destino de las sumas percibidas se cuentan por centenares y conducen al domicilio de los ex mandatarios -sea en el edificio de Uruguay y Juncal de esta ciudad o en la quinta presidencial de Olivos- o a las manos de algún colaborador de extrema confianza. Es así que el nombre de Daniel Muñoz (fallecido), secretario privado de la presidencia, aparece mencionado 87 veces en las anotaciones de Centeno. Se agrega la residencia del matrimonio Kirchner en Río Gallegos, señalada también como destino de los bolsos con dinero. En suma, con mayor o menor detalle, lo cierto es que las evidencias colectadas muestran que el derrotero de los montos recaudados culmina en los ex presidentes», se advirtió.
«Infinidad de pagos, un único punto de convergencia – se añadió-. Una pirámide donde los diversos orígenes de la recaudación conducen a un mismo vértice. Las múltiples entregas de dinero de parte de numerosas empresas -a las que el Juez calificó en algunos casos como dádivas y en otros como cohecho- dan cuenta de ello.
Según se sostuvo, «las probanzas colectadas en autos han revelado los actores, los lugares y las rutinas de esta comunidad ilícita, enclavada en el seno de la Administración Pública Nacional.»
Y advirtió: «no se trató de una simple organización criminal ubicada en estratos medios del escalafón administrativo. Su estructura piramidal con eje en los máximos representantes del Poder Ejecutivo del Estado Nacional le dio características extraordinarias: de inusual y poderosa capacidad de acción, medios extraordinarios basados en la estructura jerárquica para lograr sus fines y, sobre todo, de una impunidad sin precedentes. Corrupción con rasgos definitivos de gravedad y descomposición institucional, increíblemente prolongada en el tiempo».
Desafuero
Aunque el juez Claudio Bonadio al dictar el procesamiento de Cristina Kirchner había dejado supeditado un pedido de desafuero a la confirmación de la Cámara, los jueces Bruglia y Bertuzzi no se expedieron sobre la cuestión. No obstante, confirmaron las prisiones preventivas de Cristina Fernández, Julio de Vido, Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José M. Olazagasti, José López, Oscar A. Thomas y Gerardo Ferreyra.
Lo que sí resolvieron rechazar las nulidades planteadas por la defensa de Cristina sobre la nulidad de la causa, el inicio de la investigación y los llamados planteos de «litispendencia».
Empresarios y ex funcionarios libres
Más allá de los procesamientos, la Cámara Federal dispuso la excarcelación de varios de los imputados. A los empresarios porque ya no forman parte de la asociación ilícita. A algunos ex funcionarios porque no hay riesgos para ellos de fugarse, entorpecer la investigación y tener relaciones residuales con el poder.
Los empresarios excarcelados son Carlos Mundín, presidente de BTU y del empresario rionegrino Raúl Vertua, que estaban detenidos en la cárcel de Marcos Paz. También alcanza a Néstor Otero y Juan Carlos Lascurain, ex presidente de la Unión Industrial Argentina, que por su edad y razones de salud tenia prisión domiciliaria.
Los ex funcionarios de menor rango que estaban presos y quedan libres son Walter Fagyas, ex presidente de Enarsa; Hernán Del Río, chofer de José María Olazagasti, secretario de Julio De Vido; Ezequiel García, ex director de Energías Renovables del Ministerio de Planificación; y Hernán Gómez, ex asesor del Ministerio de Planificación.
El resto de los ex funcionarios seguiran presos, entre ellos está De Vido, Baratta o Mariano Llorens, entre otros.
Arrepentidos
En un apartado, los jueces también resolvieron rechazar la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido, formulada por varios ex funcionarios presos. Afirmaron que la ley no viola la igualdad ante la ley, sino que solo da beneficio a un imputado que colabora; ni tampoco el principio de no declarar contra si mismo. Un detalle, remarcaron, la ley es de acogimiento voluntario.
Desprocesados
La Cámara dispuso la falta de mérito de los protagonistas judiciales que estaban procesados por la causa cuadernos. Se trata del ex juez Norberto Oyarbide y del auditor Javier Fernández. Según la hipótesis, ellos habrían recibido dinero de la banda y por lo tanto no estarían formando parte de un sistema de recaudación organizado. No obstante se ordenó extraer testimonios para investigarlos, en una causa aparte, para estudiar si cometieron delitos.
Reducción de embargos
Los jueces decidieron además reajustar los embargos que había fijado Bonadio de 4 mil millones de pesos para cada uno de los integrantes de la asociación. A Cristina Kirchner le fijaron un embargo de 1.500.000 pesos y a De Vido 1.095.000, pero a los empresarios les fijaron un monto mayor.
