Casi catorce años después de iniciada la investigación sobre el enriquecimiento ilícito de Ricardo Jaime, el Tribunal Oral Federal 6 condenó al ex secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner a la pena de ocho años de prisión e inhablitación perpetua para ejercer cargos públicos
Por: Omar Lavieri
La condena por enriquecimiento ilícito debe ser traducida de la siguiente manera: el ex funcionario aumentó de forma injustificada su patrimonio mientras manejó el área de transporte del kirchnerismo debido a las coimas recibidas por parte de los empresarios del sector. No hay otra explicación para el enriquecimiento ilícito que la corrupción. La condena para Jaime también abarca otros delitos.
En el mismo fallo los jueces del Tribunal Oral Federal 6 condenaron a Jaime y al ex ministro de Planificación durante el kirchnerismo, Julio De Vido, por el delito de defraudación contra la administración por una compra de trenes iniciada en 2005 a España y Portugal. La pena para el ex ministro De Vido es de cuatro años de prisión. Jaime, en este caso además fue condenado por el cobro de coimas. Según se determinó en el juicio, esas sumas ilegales se percibieron a través de una firma que manejaba Manuel Vázquez, principal testaferro de Jaime y también condenado junto al ex secretario de Transporte. Para Vázquez la pena fue de cinco años y ocho meses de prisión. Y además inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Cuando realizó su alegato la fiscal del juicio, Gabriela Baigún, había pedido ocho años de prisión para Jaime y cuatro para De Vido. Los jueces Julio Panelo, Fernando Canero y Ricardo Basílico coincidieron con el pedido de pena de la fiscal.
La fiscal -al abrir su alegato- fue directa: “Jaime se enriqueció ilícitamente mientras fue funcionario público”. Baigún hizo una introducción en la que además de asegurar que tiene probado el enriquecimiento, dijo que era “pobre” cuando llegó al cargo pero eso cambió porque “los favores de los empresarios no tardaron en llegar”. La fiscal concluyó que Jaime “intentó disimular su crecimiento patrimonial mediante testaferros”. Por eso señaló que “se ha probado que Jaime se enriqueció de manera apreciable e injustificada cuando fue funcionario público”. Baigún calificó al expediente iniciado por el crecimiento patrimonial de Jaime como “un caso de libro sobre los funcionarios que se enriquecen”.
