Ocurrió en el proceso penal en Mendoza, donde hubo referencias a pedidos de sobornos de hasta 500.000 dólares; mañana el Jury de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura podría destituirlo por mal desempeño.
Por: Pablo Mannino
MENDOZA.- A la espera de la decisión final que tome este miércoles el Jury de Enjuiciamiento sobre el suspendido juez federal Walter Bento, acusado de liderar una banda que cobraba millonarias coimas a cambio de favores a presos, que podría derivar en su destitución y detención, el juicio penal sigue su curso en Mendoza, y no deja de preocupar al magistrado.
Así, en el proceso penal que se desarrolla en tierra cuyana y que concluiría a fines de 2024 continúan desfilando testigos que comprometen la situación procesal de quien llegó a ser unos de los funcionarios judiciales más poderosos de la provincia. No sólo se registran fuertes acusaciones contra Bento sino que aparecen contradicciones con lo declarado por el imputado, pero también movidas estratégicas de la defensa para contrarrestar todo lo expuesto.
En este sentido, durante esta semana, desfilaron por la sala de audiencia de los tribunales federales, reconocidos letrados que pusieron sobre la mesa lo que uno de sus defendidos, en causas por contrabando, les contó sobre los pedidos de sobornos vinculados a Bento para poder tener beneficios procesales, entre ellos el recupero de la libertad.
De esta manera, dentro de los más de 500 testigos que desfilarán frente al tribunal, compuesto por Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá, fue el turno de conocer las exposiciones de los reconocidos abogados Sergio Salinas y Lucas Lecour, quienes confirmaron que a uno de sus clientes le ofrecieron favores judiciales a cambio de millonarios pagos.
En distintas jornadas, ambos profesionales, reconocidos dirigentes de la organización defensora de Derechos Humanos “Xumek”, mencionaron que los “insistentes” pedidos de sobornos llegaban hasta los 500.000 dólares, y que el monto iba bajando a medida que se rechazaba. Fue en un caso concreto, el de Sebastián Palumbo, un hombre que fue condenado por contrabando en la llamada “Causa del Chino”, aunque la sentencia está siendo revisada.
“Era evidente que esa causa se la habían armado para sacarle plata”, señaló Lecour frente a las magistradas, en referencia a que su defendido fue contactado por una persona con vínculos con uno de los supuestos integrantes de la banda de Bento, el abogado Luciano Ortego, quien se encuentra detenido. “Él tiene una solución para vos. Los montos por los cuales iba a obtener su libertad arrancaron en 500.000 dólares pero mientras más duro se iba poniendo, iban mejorando la oferta a tal punto que llegaron a pedir 50 mil dólares al final”, reveló el letrado.
“Me daba bronca la situación de que lo estaban extorsionando. Él dijo que no ponía un peso por su libertad y que confiaba y se quedaba con nosotros”, completó Lecour, quien recordó que su cliente se hartó de la situación de extorsión y decidió denunciarla, incluso en un momento en que no existía ninguna investigación contra Bento.
En tanto, Salinas contó en el juicio, en base a lo relatado por Palumbo, que se ofrecían “soluciones mágicas” por 300.000 dólares. El letrado contó algunos de los “aprietes” que dijo haber sufrido su cliente. “Vas a quedar preso por gordo botón”, fue una de las frases que recordó. “No voy a poner ni un dólar para demostrar mi inocencia, porque yo soy inocente”, aportó Salinas, en base a lo que Palumbo le decía a su entorno.
Tras estas declaraciones, desde la defensa de Bento buscaron desacreditar los dichos de los letrados, haciendo foco en algunas de las frases de Lecour frente a las magistradas. “Soy testigo de oídas”, “no tengo pruebas” y “no me consta que el juez estuviera al tanto de pedidos de dinero”. Según pudo saber LA NACIÓN, en base también a la extensa declaración que dieron ambos abogados, se dejó en claro en el debate que existe un acta notarial extraprotocolar interpuesta por Palumbo en el 2021.
En relación con la estrategia defensiva, también se centró esta semana en intentar desestimar la confesión clave que otro acusado hizo en mayo del 2021. Se trata de Javier Santos Ortega, un contrabandista que admitió haber pagado más 700 mil dólares de coimas para el magistrado con el fin de ser liberado. Así, el equipo que trabaja para Bento puso en valor la declaración de testigos que se refirieron a la situación psiquiátrica del denunciante cuando fue detenido en el marco de la causa contra el juez.
Los abogados defensores entienden que es “grave y polémica” que se haya tomado esa denuncia cuando el hombre atravesaba un severo cuadro depresivo, bajo potente medicación. Por eso, ponderaron la versión dada en el juicio por un médico del Hospital Central que asistió a Santos Ortega. El profesional se refirió al cuadro del paciente: “Tan avasallante que es difícil que una persona pueda estar centrada en una situación y pueda ser objetiva”.
En cuanto a la contradicción registrada este semana tiene que ver con lo que contó una testigo. Se trata de María Belén Velasco, quien fuera la novia de Diego Aliaga, un exagente de aduanas asesinado en 2020, señalado como la mano derecha de Bento para el cobro de los sobornos. La mujer indicó que Aliaga era “aduanero y prestamista” y que “no compraba ni vendía vehículos”. En tanto, al inicio del juicio, Bento había dicho que con Aliaga, a quien solía ver en tribunales por su rol en causas de contrabando, mantuvo un vínculo ocasional, sobre todo para la comercialización de una camioneta, ya que alcanzó a vivir en el mismo country que el juez.
Además de Bento, el juicio también es enfrentado por su esposa, Marta Isabel Boiza (58) y sus hijos, Nahuel (31) y Luciano (28), todos acusados también por lavado de activos. En total, suman más de 30 los imputados, entre familiares, policías, abogados y presos, quienes deberán responder sobre el supuesto mecanismo de corrupción y los nexos con el magistrado, ya que se denuncian negociaciones en todos los niveles para cobrar las millonarias coimas. De hecho, al inicio del debate se escucharon algunas declaraciones de imputados y arrepentidos que llevaron al procesamiento del poderoso magistrado mendocino. “Quieren plata para Bento”; “Bento decía cuánto dinero era y se arreglaba el pacto”, fueron algunas de las frases más impactantes en el arranque del debate.
Tras la instrucción efectuada por el fiscal Dante Vega, bajo el liderazgo del juez federal Eduardo Puigdéngolas, Bento tiene fuertes cargos en su contra: principalmente, está señalado en 15 casos de cohecho, como jefe de una asociación delictiva, sostenida por una red cercana de abogados, encargada de las negociaciones y los cobros de los sobornos en dólares. Asimismo, está imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos de origen ilícito, ya que su nivel de vida no condecía con sus ingresos. Todo el proceso fue avalado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
El caso comenzó a destaparse en 2020 tras el crimen de Diego Aliaga, un despachante de aduanas e informante policial que actuaba de intermediario en el cobro del dinero, supuestamente en nombre de Bento, con la finalidad de dar beneficios a quienes estaban bajo causas en su juzgado. En este sentido, las comunicaciones telefónicas que intercambió Aliaga con el magistrado, a quien tenía agendado como “primo”, fueron clave para avanzar en la causa. De hecho, en la dura acusación contra Bento por parte de la Fiscalía se dejó en claro que hubo 265 llamados entre ambos personajes a través de la plataforma Telegram, lo que permitió a empezar a desentrañar la red que había de fondo. En el caso fue determinante también el rol de Walter Bardinella Donoso, un acusado de financiar una narcobanda, quien fue detenido y en su celular se encontraron conversaciones comprometedoras, con vínculos con la supuesta organización liderada por Bento. En tanto, por el secuestro y homicidio de Aliaga, confesó ser el autor, Diego Barrera, un amigo y socio de la víctima, por supuestas peleas y diferencias en negocios inmobiliarios.
“Acá hay una cuestión de poder, por eso hay que estar atento a lo que se defina en el Jury, pero en el proceso penal hay un nivel de culpabilidad muy importante. Hay una gran cantidad de pruebas que lo complican”, coinciden ante la consulta de LA NACIÓN varias fuentes con acceso a la causa.
Pablo Mannino
