Desde este lunes, el Tribunal Oral Federal 1 llevará adelante un mega juicio que busca esclarecer si existió una defraudación al Estado detrás del programa “Fútbol para Todos”, la iniciativa que en 2009 lanzó el gobierno de Cristina Kirchner para la televisión pública de los partidos del fútbol argentino.
En el banquillo estarán sentados los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto y dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre otros. Lo que se trata de averiguar es si hubo un manejo turbio de los fondos del Estado.
En 2009, Cristina Kirchner, como presidenta de la Nación, anunció el acuerdo de televisación del fútbol entre el Gobierno y la AFA. Estuvieron presentes Diego Maradona y entonces titular de la AFA, Julio Grondona. “Dimos un paso en la democratización de la sociedad. ¿Saben por qué? Porque no es posible que solamente el que pueda pagar mire un partido de fútbol, que además le secuestren los goles hasta el domingo, aunque pagues igual, como te secuestran la palabra o te secuestran las imágenes, como antes secuestraron y desaparecieron a 30 mil argentinos. Yo no quiero más secuestros”, dijo en aquel momento la el acto
En ese contexto, la Jefatura de Gabinete firmó un contrato asociativo con la AFA: la entidad le cedía al gobierno la comercialización de los derechos televisivos de los partidos de fútbol. El Gobierno anunció que los partidos televisados serían gratuitos y abiertos para todo el país, que los clubes recibirían recursos suficientes para sanear sus cuentas -en su mayoría, en rojo-, que se generarían fondos excedentes para financiar el deporte olímpico y que se instrumentarían políticas para mejorar la seguridad en los estadios.
A cinco meses después de la firma, en febrero de 2010, el gobierno resolvió, sin acto administrativo de por medio, emitir publicidad oficial en los partidos televisados, desfinanciando automáticamente el programa. Uno de los pocos sponsors privados del programa, Iveco, pagaba sus avisos un 75% menos que lo que se abonaba el minuto de pauta publicitaria. “En pocos meses las promesas de ‘gratuidad’ y los ‘excedentes’ ya eran una irrealidad -detalló un informe de la Auditoría General de la Nación que forma parte de la causa-. Al final, el programa demandó del erario público unos $8596 millones, casi 1184 millones de dólares en valores constantes”.
La causa, que se abrió en 2014 por la denuncia de la legisladora Graciela Ocaña, tiene dos partes: las irregularidades que analiza la figura de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública, pero también el destino de los cheques que cobraban los clubes por parte de la AFA porque eran cambiadas en determinadas cuevas financieras que eran previamente elegidas, con movimientos sospechosos.
Al resolver la elevación a juicio del fiscal Eduardo Taiano, la jueza María Servini afirmó: “a lo largo de la instrucción, puedo afirmar que lo que en su origen fue programado como una exitosa operación que habría de conjugar el éxito de una decisión política y social (masiva difusión del deporte más popular del país en forma gratuita y fortalecimiento de las entidades que debían beneficiarse con los ingresos televisivos), con ciertas expectativas superavitarias, terminó perfilándose como una suerte de políticas de subsidios estatales hacia las necesidades crecientes de una entidad civil, para lo cual se consideró necesario adicionar a los originarios fines del programa “Fútbol Para Todos” más objetivos y cometidos públicos estatales que tampoco fueron cumplidos, por cuanto ha quedado demostrado en esta causa que buena porción de los fondos entregados por la JGM a la AFA fueron desviados a través de diferentes maniobras”
Es que, según la investigación en instrucción, “el fortalecimiento económico de los clubes determinado como propósito esencial del programa no sólo no se verificó, sino que (…) sus respectivos pasivos se incrementaron sustancialmente” y no cancelaron las deudas con la AFIP. “Pese a los ingentes esfuerzos presupuestarios aportados por el Estado tampoco se alcanzó el propósito correspondiente a la televisación gratuita del fútbol en todo el país, no sólo porque muchos de esos encuentros fueron difundidos por señales de cable, sino porque durante la ejecución del convenio los encuentros de las divisionales de ascenso (Nacional B y Primera B Metropolitana) fueron nuevamente cedidos a una empresa privada”.
Bajo sospecha quedó el dinero que pasó por la fundación “El Futbolista”, que “compartió en sus inicios su sede en Agremiados, en la calle Salta 1144 de esta ciudad, y figura en la página web del sindicato de futbolistas argentinos”. Esa fundación “recibió por parte de la AFA hasta esa fecha, proveniente del dinero destinado por el Estado Nacional la suma aproximada $86.646.875, una suma inferior a los cheques allí girados por motivo de cartulares vencidos y/o no cobrados o pendientes de débito, y de una deuda existente de la AFA para con la misma”.
Según la jueza, “los ex dirigentes del fútbol argentino no efectuaban transferencias a las cuentas de los clubes, ni tampoco firmaban cartulares una vez depositados los fondos por parte del estado para con los clubes, sino que manejaban ese dinero -financieramente hablando- a su antojo, recurriendo a un sistema que venía presentándose de vieja data. Adelantos de dinero por TV, diferimiento de cheques de pago diferido, fraccionamiento de cartulares, etc; destinados a los clubes que vale recordar presentaban todo tipo de urgencias para financiar su funcionamiento diario”.
La causa elevó a juicio a los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Milton Capitanich, la jueza envió a juicio oral al el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto –en su rol de ex coordinador del programa FPT- y el ex titular de la AFA Luis Segura, por defraudación a la administración pública en el manejo de fondos para el programa Fútbol para Todos (FPT).
También están Miguel Ángel Silva, Secretario General del FPT; Rubén Manuel Raposo, exdirigente de Lanús; los exdirigentes de la AFA Norberto Francisco Monteleone, Carlos Alberto Pandolfi y Raúl Pagano; Sergio Raúl Marchi, de Futbolistas agremiados; y Natale Antonio Rigano, exCEO de Iveco. En la lista se agregan los involucrados en la llamada ruta del dinero: los directivos de la cooperativa AMIGAL Jorge Galitis (ex directivo de Huracán) y Eduardo Amirante, y sobre Climafin Carlos Dávola (ex presidente de Tiro Federal de Rosario).
La causa incluía a José Lemme, quien fuera presidente de Defensa y Justicia; y Rafael Armando Savino, expresidente de San Lorenzo, quienes fallecieron entre 2021 y 2022. Antes de ser elevados a juicio, hubo sobreseimientos para el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, junto a Eduardo Juan Spinosa y Marcus Adrián Cheistwer.
Los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg, a cargo del TOF 1, serán los responsables de dilucidar qué pasó en el caso. Hace dos años, rechazaron un planteo de sobreseimiento que solicitó d Capitanich por “prematuro”. La acusación estará a cargo del fiscal Miguel Angel Osorio y Sergio Rodríguez, de la PIA. Las defensas sostienen que no hubo delito. El debate permitirá escuchar a los más de 200 testigos y reconstruir la prueba. Hubo uno que ya declaró previamente: el periodista Ernesto Cherquis Bialo, quien fue vocero de la AFA entre 2008 y 2016 y afirmó que “fue una causa armada”.
Patricia Blanco
