Con la economía doméstica expectante al desenlace de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno reabrió los canales de diálogo con sindicalistas y empresarios preocupado por el demorado acuerdo de precios y salarios.
Se encendieron dos señales de alerta en los despachos oficiales. La primera tiene que ver con la inflación, que si bien retrocedió y fue de 2,3% en enero, en algunos rubros, como alimentos, se duplicó el índice. La desaceleración, además, exige tener en cuenta el congelamiento de las tarifas de servicios públicos y el control estatal del mercado cambiario. La suba de los precios será uno de los temas centrales en las reuniones que funcionarios del Gobierno prevén para esta semana con referentes empresariales, según anticiparon fuentes oficiales.
La otra luz roja se activó por las paritarias. El Gobierno intentó en algunos casos establecer las sumas fijas como atajo para postergar las discusiones salariales hasta abril, cuando la pulseada con el FMI posiblemente ya esté resuelta.
En sus reuniones del miércoles y jueves pasado con Hugo Moyano y Héctor Daer, el presidente Alberto Fernández bajó un pedido de moderación en las negociaciones y que se evite la indexación salarial a la inflación. Otros dos funcionarios que tratan a diario con sindicalistas avisaron que desestimarán cualquier aval al otorgamiento de la cláusula gatillo, una llave de ajuste automático que permite no perder contra la inflación y que sigue aún vigente en unos 11 convenios colectivos.
«Cada actividad buscará su propia fórmula para negociar salarios. Lo importante es mantener el poder adquisitivo y que no se traslade esa suba a los precios», dijo Daer, uno de los dos jefes de la CGT. Los gremios gestionan ahora una visita del Presidente a la sede de Azopardo 802 para escenificar una «institucionalización de la relación» entre el gobierno nacional y el movimiento obrero. Los impulsores de la idea lo imaginan como una suerte de respaldo en la negociación de la deuda, pero además como un mensaje a los empresarios por el alza de precios.Del lado empresario, en tanto, no vislumbran definiciones hasta no resolver la puja con el Fondo. Sobre los precios, un jerárquico de la Unión Industrial Argentina (UIA) fue tajante: «Ya se lanzó Precios Cuidados por un año y revisión por tres meses. No creo que haya mucho más».
La misma fuente de la UIA, además, advirtió cierto desborde en lo relativo a las paritarias. «Al no haber un discurso único en el Gobierno, los gremios también muestran sus matices. Cuando salta uno y logra un aumento con porcentaje, saltan todos», describió para demostrar cómo algunos sindicatos omitieron las indicaciones oficiales y eludieron las sumas fijas. El caso más reciente fue el de los camioneros, que anudó un aumento de 26,5% de enero a junio y que ya fue homologado.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, mediará pasado mañana en la paritaria de los aceiteros, un gremio que obtuvo en los últimos años subas récord y que pretende elevar su salario básico de 54.900 a 68.700 pesos, lo que equivaldría a una suba de 25%. Este sindicato cerró en diciembre un bono de fin de año de $52.000 con empresas multinacionales como Nidera, Molinos, Dreyfus y Cargill.
La otra negociación que marcaría el rumbo será la de los docentes. Descartada la inclusión de la cláusula gatillo, el atajo que se evalúa para neutralizar los conflictos en las provincias es otorgar una suba del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), un beneficio de $1210 que reciben todos los maestros del país. En Trabajo rechazaron una maniobra oficial para mantener a raya las paritarias, aunque advirtieron que la prioridad es hacer crecer los salarios más postergados. «Los $7000 que se dieron por decreto entre enero y febrero significaron una suba de 16% promedio para los salarios más bajos mientras que para el resto fue de 9,4%», explicó la cartera laboral en un informe. Además de los precios y salarios, la caída del empleo también se coló en las charlas entre el Gobierno, los sindicalistas y empresarios.
«La doble indemnización sirvió para frenar despidos en diciembre y enero», confió un jerárquico de la CGT que tiene línea directa con la Casa Rosada. Sin embargo, hay un sector clave que no detuvo su sangría: desde la Uocra, el gremio de la construcción que lidera Gerardo Martínez, denunciaron 20.000 bajas en el último mes de 2019. Fernández reforzó su pedido de cautela y apoyo a los sindicatos en sus charlas íntimas con Moyano y Daer. El mismo mensaje salió de boca de algunos funcionarios. En el sindicalismo todavía no surgen objeciones y la tropa se muestra alineada. Los empresarios, por su lado, esperan ansiosos el cierre de la negociación con el FMI. «Primero hay que cerrar y después hablar. Está todo atado, así decía [Roberto] Lavagna en 2002», expresó un importante dirigente fabril.
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