El Senado votó un nuevo nombramiento por cinco años más. La Corte Suprema había ordenado que deje su cargo en la Cámara de Casación. Su posible regreso plantea un conflicto de poderes
Por: Patricia Blanco
“Otra vez sopa”, se escuchó en la tarde del miércoles en Comodoro Py 2002, cuando el Senado se aprestaba a votar un nuevo nombramiento de Ana María Figueroa como jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, pese a que el 9 de agosto cumplió los 75 años, edad límite para la Constitución Nacional para ejercer como magistrada. La Corte Suprema ya dijo el 6 de septiembre pasado que la jueza cesó en sus funciones el día de su cumpleaños. Por eso el nuevo nombramiento que hizo ahora el oficialismo en el Senado, con una votación ajustadísima y sin Cristina Kirchner para desempatar, y que buscó validarla por cinco años más 49 días después de su natalicio, promete un nuevo conflicto de poderes, en una situación sin antecedentes y con un ramillete de frentes para judicializarlo.
Todavía falta un paso clave para considerar que Figueroa volvió a ser nombrada jueza: el decreto del presidente Alberto Fernández, publicado en el Boletín Oficial. “Falta la firma del presidente de la Nación. No sé qué va a pasar”, deslizó el senador del Frente de Todos José Mayans, en medio de su defensa a la votación del pliego. Recién cuando aparezca en el Boletín Oficial se podrá hablar de que se completó el acto de nombramiento.
No será la primera vez que, de hacerlo, firme el decreto nombrando a un juez que busca mantenerse en su cargo después de los 75 años. El propio viceministro de Justicia Juan Martín Mena se encargó de recordar los antecedentes (ocurridos durante esta gestión) de jueces que fueron nombrados después de cumplir los 75 años, al reclamar mantener a Figueroa hasta el final del año parlamentario.
Citó el caso de Silvia Mora, en un tribunal oral criminal; Juan Carlos Bonzón, en la Cámara en lo Penal Económico; y Luis Imas, en un tribunal penal económico. Mora renunció en febrero y Bonzón hace dos semanas. El único que continúa en su cargo es Imas, caso en donde Casación, por vía de superintendencia, justificó su permanencia en el cargo porque el Senado estaba deliberando. El decreto salió incluso en febrero del año siguiente, después de que terminó el año parlamentario en que cumplió los 75.
Pero en ninguno de esos casos hubo una remisión directa por parte de Casación a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura para informar los 75 años cumplidos, como si ocurrió con la presidenta del tribunal Ana Figueroa, que siguió asistiendo a su despacho pero no firmó fallos o resoluciones administrativas, lo cual generaba tensiones e internas en el propio seno del máximo tribunal penal.
El 6 de septiembre pasado, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una resolución que declaró que Figueroa había dejado de ser jueza el día de sus 75 años.
Textualmente el artículo 99 de la Constitución Nacional, en su inciso 4, explica que, entre las atribuciones del presidente, está nombrar a los jueces -que no vayan a integrar la Corte Suprema- “en base a una propuesta vinculante en terna del consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos”. Y agrega: “un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite”.
En basea ello, la Corte Suprema subrayó: “Al no prever la norma plazo de gracia alguno, el nombramiento debe ser anterior al día en que el magistrado alcance la edad referida; de lo contrario, no habría límite temporal para la realización de ese nuevo nombramiento, con la absurda consecuencia de que el límite etario se tornaría inoperante”.
Eso generó que Figueroa abandonara su despacho días después. “Da risa y preocupación que digan que me atrincheré. Habría que preguntarle a la Corte por qué tomó esta medida que consideró arbitraria”, dijo en una radio. Ahora, 49 días después de haber cumplido los 75, el oficialismo en el Senado dio vida al pliego, que no había podido aprobar antes por falta de quórum, tensando la ya tirante relación con el Poder Judicial en general y la Corte Suprema en especial.
Y a partir de ahora, decreto publicado mediante, se abre un abanico de escenarios. “¿Y ahora?”, preguntó insistentemente Infobae a diferentes actores judiciales. Nadie quería dar una respuesta unánime porque es un escenario nunca antes transitado, pero en lo que coincidieron todas las fuentes en que el tema terminará judicializado. ¿Por quién? “Pueden ser todos”, lanzó uno de los magistrados consultados.
