La causa judicial espera una definición de la Cámara de Casación
Por: Nicolás Pizzi
Apenas una horas antes del polémico cierre de la causa contra Jorge “Chocolate” Rigau, la fiscal Betina Lacki recibió en su despacho los legajos de los empleados de la Legislatura bonaerense que le entregaron sus tarjetas al puntero del PJ. Fue la última prueba importante que se sumó al expediente. La mayoría trabajan o trabajaron para el bloque del Frente de Todos. Las denominaciones van cambiando de acuerdo a la fechas de ingreso: PJ, Frente para la Victoria y Frente Renovador. Lo llamativo que es que algunos de los implicados también integraron o integran el bloque de Cambiemos, al menos según los registros.
Los legajos fueron pedidos por la fiscal apenas estalló el escándalo. La documentación de cada uno de los empleados contiene datos personales, mail, número de teléfono, y hasta una foto. Además, hay una foja de servicios con la fecha de ingreso y cada una de las novedades administrativas.
En el listado se destacan Maximiliano, Cristian y Gerardo Rigau. La Justicia sospecha que son familiares directos de “Chocolate”, pero cuando se anuló la causa la fiscal todavía no había podido comprobar ese dato.
Gerardo Rigau ingresó a la Legislatura en 2004 para el bloque del Frente para la Victoria, y a partir de 2016 figura dentro del bloque del Frente Renovador. Llamativamente, en su declaración jurada figura que también trabaja como empleado en un comercio desde 2012.
En cambio, Cristian Rigau fue nombrado en enero de 2014 e inscripto como empleado de la Vicepresidencia 1, aunque al poco tiempo fue anotado en el bloque del Frente para la Victoria.
Diego Köster (68) es uno de los 16 empleados que llegaron a declarar ante la fiscal Lacki. “Yo le di la tarjeta para que me hiciera un retiro, cada dos por tres le daba la tarjeta, era más cómodo, de todos modos él me devolvía la tarjeta y el ticket con la plata”, aseguró ante la Justicia. Luego, en declaraciones a los medios, se justificó diciendo que “no podía ir a cobrar porque no le funcionaba la camioneta”.
Su legajo, el 25.456, revela que ingresó a la Legislatura en enero de 2017 para el bloque de Cambiemos, aunque su situación se modificó en 2020. Desde entonces figura inscripto como “bloque político”, una categoría amplia donde puede aparecer desde un secretario de bloque hasta un simple asesor.
Köster aseguró ante la fiscal que cumplía tareas en la Legislatura de lunes a viernes de 8 a 13 horas y que cobraba entre 560 y 570 mil pesos por sus servicios. Semejante ingreso no le alcanzaba para arreglar la camioneta.
La gran mayoría de los empleados involucrados, siempre de acuerdo a sus legajos, tienen varios años de antigüedad en la Legislatura e ingresaron antes de 2019, cuando la Cámara de Diputados quedó en manos de Federico Otermín, el delfín de Martín Insaurralde que se candidatea para la intendencia de Lomas de Zamora.
De los últimos ingresos se destaca el caso de Brenda Gisele Caro, que aterrizó en enero de este año. Cuando ingresó como empleada, declaró que también trabajaba como empleada de un comercio en la calle 7 de La Plata.
Al momento de declarar ante la Justicia, casi todos los empleados aseguraron que lo conocían a Rigau y que le entregaban de manera voluntaria la tarjeta, algo que sorprendió a los investigadores. También revelaron que ya habían sido interrogados por una abogada de la Legislatura, en el marco de un sumario interno abierto apenas estalló el escándalo.
El único que se corrió del libreto fue Ezequiel Tocci, quien aseguró que entregó su tarjeta en la Cámara porque le habían asegurado que su contrato no había prosperado. Sin embargo, su legajo demuestra que ingresó en 2016, durante el gobierno de Cambiemos.
Entre los legajos de las 48 personas que le entregaron sus tarjetas a Rigau hay varios empleados que fueron cambiando de bloque político con el paso de los años. Infobae detectó los casos de Raúl Folone, que ingresó en 2004 para el bloque del PJ y terminó en Cambiemos, y de Rubén Mendivil, que pasó por el PJ, el Frente para la Victoria y terminó en Cambiemos.
También hay al menos media docena de empleados que integraron la filas del Frente Renovador: Marisol Correa, Paula Valdata, Carlos Ravetllat, María Cecilia D’Ovidio, y Juan Martín Méndez.
Rigau es un histórico puntero vinculado al PJ provincial y hasta fue candidato a concejal suplente, en 2019, en una lista que encabezaba el precandidato a intendente Guillermo Escudero, del Frente de Todos, uno de los primeros que intentó despegarse. También se lo vincula a Claudio Albini, que siempre estuvo en el área Legislativa de la Cámara de Diputados bonaerense, y a su hijo, Facundo, actual concejal de La Plata y dirigente del Frente Renovador.
Llamativamente, en al menos tres de los legajos en poder de la Justicia aparece mencionado Adrián Urreli, vicepresidente de la Legislatura por el bloque de Juntos por el Cambio. Su nombre figura en los legajos de Lilia Malmaceda, Ramiro Pascual y Ramón Sosa, tres empleados que ingresaron para el bloque del PJ. Pero se trataría de un error administrativo porque las fechas no se corresponden con el mandato de Urreli, que ingresó a la Legislatura recién en 2017. “En 2021 se sacó la nominatividad de las vicepresidencias y eso debe haber generado un error en los papeles”, explicaron cerca de Urreli.
Cómo sigue la causa judicial
Rigau fue detenido el 9 de septiembre en un cajero ubicado en la calle 54 y la avenida 7, de la ciudad de La Plata, mientras retiraba los sueldos de 48 empleados de la Legislatura bonaerense. En su poder ya tenía $1.260.000. Además le secuestraron una tarjeta a su nombre del Banco Macro.
El arresto se concretó cuando un cliente del Banco Provincia alertó a la Policía que había una persona que llevaba mucho tiempo parado frente a uno de los cajeros automáticos. Cuando lo requisaron, se dieron cuenta que llevaba dinero, tarjetas, sobres, y varios tickets.
La investigación se frenó hace dos semanas cuando la Cámara de Apelaciones, con el voto de los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, ordenó liberar a “Chocolate” y anuló la causa argumentando que había sido detenido de manera ilegal. El viernes pasado, el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, apeló ese fallo y ahora el futuro está en manos de la Cámara de Casación.
