Mariana Soledad Vega (33) es una de las supuestas creadoras de Coxtex, una de las empresas fantasmas que aportaban facturas a la contabilidad del Polo Obrero. El 23 de mayo pasado, la Policía allanó su casa, en Lascano al 2500, en La Paternal.
No encontró documentación valiosa, pero se llevó el celular de la supuesta “empresaria”. La pericia de ese teléfono, a la que tuvo acceso Infobae, revela cómo funcionaba el entramado para crear sociedades que luego emitían facturas truchas. Los chats y audios prueban que Vega cobraba para prestar su nombre y hasta hacía trámites bancarios a pedido de esa organización.
El 3 de noviembre de 2021, casi un año después de la creación de Coxtex, Vega recibió un audio de una mujer identificada como Gabriela Anahí Rivero. Le avisaba que había que cerrar una sociedad de manera urgente. “No me digas! Yo lo que menos quiero son problemas (…) iba dos veces en la misma semana a buscar las chequeras y nunca me las daban. Así que Marcelo me dijo que iba a abrir una en Lomas de Zamora (…) hablé con Geremías y le dije que ya estaba abriendo dos cuentas, si había posibilidad de que en vez de que me sigan pagando siete lucas, me paguen diez (…) a las dos semanas Geremías me hizo abrir una cuenta por teléfono (…) y ahí me dijo que tenía que ir a buscar una chequera”.
Vega y su “socio”, Luis Alexander Pichuaga, un canadiense que también fue allanado, crearon Coxtex y otras tres sociedades a lo largo del 2020: Consuting SA, Recinsur SA y Ciriaco Shoes SRL.
En octubre de 2022, Vega le avisó a Rivero que la AFIP la había visitado en su domicilio por Recinsur. “Te están buscando de la AFIP. Por una sociedad que no puede ser ubicada. Vinieron a casa”, le advirtió, dando a entender que solo prestaba su nombre. Tres días después insistió: “Anita recién pasó el hombre de la AFIP (…) me desvinculó de todo. Hay muchas empresas a mi nombre: Recinsur. VSP. Coxtex”.
Vega es una mujer humilde. Cuando le allanaron su casa no estaba en el domicilio. Al rato se presentó de manera espontánea junto a su pareja, un albañil de 55 años. La Policía la requisó y encontró el teléfono de la marca Samsung.
Unas horas después del allanamiento en su casa, se presentó sola en los tribunales de Comodoro Py para pedir la asistencia de un defensor oficial pero hasta ahora no declaró.
La situación financiera de Vega no condice con sus gastos. Infobae reveló la semana pasada que entre septiembre y octubre de 2023 gastó $3.540.000 por supuestos consumos en Apple Store. Ese dato todavía no figura en el expediente.
En el celular de Vega también se encontraron chats y audios enviados por WhatsApp con Geremías Sebastián Prum, un empresario dedicado al rubro de la construcción. Las conversaciones se remontan a junio de 2020, cuando las sociedades todavía no habían sido creadas. Prum le explicaba los trámites pendientes, entre ellos el retiro de una chequera. “Hola Soledad, perdón la molestia. Pudiste ir al banco? (…) dejame ver si te puedo mandar un UBER (..) Ahí te va a buscar un Logan, Soledad, y te va a llevar hasta el Microcentro”, dice un audio del 14 de julio de 2020. Y agrega: “(…) cuando te den la chequera, firmala y avisame, después vemos dónde me la dejás (…) no porque la vayamos a usar, sino porque así, hasta fin de año, por lo menos, no vamos a necesitar de ningún cheque más, si total eso va a estar guardado en la oficina”.
Cuando termina ese diálogo, el empresario le transfiere $4000 a una cuenta de Brubank y le manda el comprobante.
En el teléfono de Vega también se rescataron conversaciones con un hombre identificado como Marcelo Eduardo Caminada, quien también le daba órdenes sobre trámites bancarios. “La verdad que se pasan estos del banco, ché (…) cómo puede ser con la cantidad de cheques que llevamos pagos (…) yo igual mañana voy a retirar la chequera al Francés, que en esa me hice autorización yo, así vos no tenías que ir (…) después te aviso y te la alcanzo, así la firmás vos en tu casa”, se quejaba en junio de 2020.
Caminada es un comerciante. Ante la AFIP sostuvo que se dedica a la reparación de vehículos y motos. La Justicia lo investigó y lo terminó allanando la semana pasada. También hubo un procedimiento en la casa de Prum, pudo saber Infobae de fuentes judiciales.
En la causa del Polo Obrero se detectaron facturas truchas de dos sociedades por un total de $25 millones de pesos. Esas facturas, por venta de bienes y hasta de computadoras, se habrían utilizado para justificar egresos de dinero.
Una de las firmas apuntadas es una imprenta denominada “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL”, con sede en la calle Palestina 542, en el barrio de Almagro. La otra empresa que aportó facturas es Coxtex SA, supuestamente dedicada a la venta de electrodomésticos, celulares y accesorios de computación. En los hechos, es una usina de facturas truchas.
Luego de tres semanas de audiencias, ayer terminó la ronda de indagatorias. Ahora el juez Casanello tiene 10 días para resolver si procesa, sobresee o le dicta la falta de mérito a los acusados.
En su indagatoria, el titular del PO, Eduardo Belliboni, aseguró ayer que las empresas que usaron para “justificar” gastos eran autorizadas por la AFIP y que si había algún problema era responsabilidad de ese organismo que dejaba seguir operando a las empresas. Se refería a Coxtex y Rumbos, otra de las firmas que aportaba facturas apócrifas.
Belliboni negó las acusaciones, contó cómo funciona el Polo Obrero y presentó tres biblioratos con documentación para contrarrestar la imputación. Además, insistió que se trata de una causa armada por el gobierno de Javier Milei.
Nicolás Pizzi y Andrés Klipphan
