Las partes harán hoy las presentaciones ante la Cámara de Casación. Allí fundamentarán las apelaciones a la decisión que, en 2022, tomó el tribunal oral que condenó a la vicepresidenta a seis años de prisión
La condena a seis años de prisión que recibió la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, por el caso de la obra pública en Santa Cruz tendrá hoy movimiento.
Todas las partes tienen que presentar los fundamentos de las apelaciones que hicieron contra el fallo que en diciembre del año pasado dictó el Tribunal Oral Federal (TOF) 2. Por un lado, el fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Mario Villar pedirá que se agrave la condena de la ex presidenta por el delito de asociación ilícita y no solo por el de administración fraudulenta y la defensa de Cristina Kirchner solicitará su absolución.
Con esas presentaciones, los jueces de Casación que tienen el caso -Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña- quedarán en condiciones de fijar la fecha de audiencia oral para que las partes puedan ampliar, si así lo quieren, sus fundamentos, Luego ya podrán resolver el caso para lo que tienen, desde la finalización de la audiencia, 20 días hábiles.
Esa decisión no será este año de elecciones presidenciales, sino que quedará para el 2024, bajo un nuevo gobierno nacional que se disputan Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa, los candidatos mejores posicionados paras las elecciones generales del 22 de octubre.
El TOF condenó en diciembre pasado a Cristina Kirchner, al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y cinco ex funcionarios de Santa Cruz a penas de entre seis meses y tres años de prisión.
La vicepresidenta, además, recibió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Y fueron absueltos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los ex funcionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Kirchner -primo del ex presidente Néstor Kirchner- y el ex funcionario de Santa Cruz Héctor Garro.
Se trató del primer juicio oral que afrontó Cristina Kirchner y, por primera vez en la historia, uno en el que la principal acusada sea una vicepresidenta en ejercicio: la decisión fue apelada. El fiscal del juicio, Diego Luciani, reclamó que los absueltos sean condenados y que todas las penas sean por el delito de asociación ilícita, tal como había pedido en sus alegatos. Para la ex presidenta había reclamado 12 años mientras que el tribunal, por mayoría, rechazó condenarla por ese delito. Por su parte, las defensas apelaron para que los acusados sean absueltos.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso dieron por probado que durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner el empresario Báez fue beneficiado de manera ilegal con obra pública para la provincia de Santa Cruz. “La comprobación de un interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado materialmente en la participación de la nombrada en el producto del delito a través de múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas fue dirimente”, dijeron los magistrados.
Un punto clave fue lo que el fiscal Luciani llamó el “plan limpiar todo”. Se trató de los mensajes de whatsapp que se encontraron en el celular de López cuando fue detenido en junio de 2016 en el convento de General Rodríguez con bolsos con nueve millones de dólares.
Esos mensajes dan cuenta de reuniones de López con Cristina Kirchner, con Báez, comunicaciones con Julio Mendoza -presidente de Austral Construcciones- y de encuentros del empresario con la entonces presidenta en noviembre de 2015, a pocos días de que Mauricio Macri asumiera la presidencia de la Nación. Allí se hace referencia a que Báez tenía que cobrar todo lo que se de le adeudaba antes que Cristina Kirchner deje el gobierno para después cerrar las empresas.
El fallo del tribunal oral fue apelado y llegó a Casación. El primer paso fue que las partes sostengan las apelaciones, algo que cumplieron. Y luego, se entró en el plazo de lo que se conoce como término de oficina para que cada una de ellas presentasen los fundamentos. Ese plazo vence hoy.
“En mi carácter de fiscal titular en esta causa, vengo a mantener el recurso de casación interpuesto por los representantes del Ministerio Público Fiscal contra la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, dijo Villar a principio de mayo en el escrito en el que ratificó la postura de Luciani.
Así, hoy dará los fundamentos de por qué Cristina Kirchner debe ser condenada por asociación ilícita. Villar también es el fiscal de la causa “Los Sauces-Hotesur” en la que pidió que se revoque el sobreseimiento que recibieron Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia, entre otros acusados, y solicitó que sea haga el juicio oral.
Los abogados de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, declararon que “en las primeras páginas de la sentencia recurrida quedó de manifiesto que la condena dictada en contra de Cristina Fernández de Kirchner no cuenta con pruebas directas que la avalen“. Además, expresaron que la sentencia “se basó en una serie de circunstancias que los magistrados calificaron como indicios“. Y agregaron: “Como veremos a lo largo de este recurso, el pronunciamiento ni siquiera se fundó en indicios, sino que sólo se sostuvo en consideraciones absolutamente arbitrarias desprovistas del más mínimo sustento lógico, fáctico y jurídico”.
La decisión de confirmar o revocar la condena a Cristina Kirchner la tienen los jueces Hornos, Borinsky y Barroetaveña. Los dos primeros fueron recusados por la ex presidenta pero el planteo fue rechazado y apelado a la Corte Suprema de Justicia. La defensa los objeta porque ya intervinieron en el caso y, por lo tanto, dieron opinión. Además, por su falta de independencia e imparcialidad por sus visitas al entonces presidente Mauricio Macri.
En tanto, Barroetaveña es un juez clave para Cristina Kirchner. Además, tiene que decidir si confirma o revoca la absolución de la vicepresidenta en las causa “Los Sauces-Hotesur” y la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Lo tiene que hacer con los jueces Daniel Petrone y Ana María Figueroa pero las causas quedaron frenadas hasta que se defina si Figueroa sigue o no en el cargo. Esos mismos magistrados ya confirmaron el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa dólar futuro.
Barroetaveña no era el juez titular para el caso de la obra pública ya que ingresó porque su colega Javier Carbajo se excusó de continuar luego de opinar en el fallo que confirmó la condena a Báez por lavado de dinero en la que dijo que parte del dinero que se blanqueó era de la obra pública de Santa Cruz.
En ese escenario, la condena a Cristina Kirchner dará hoy un paso más -tal vez formal- para su definición que quedará para el 2024, lejos de este año electoral y en un contexto incierto.
Martín Angulo
