Dos horas después de lo estipulado, comenzó en Jujuy el primer juicio contra Milagro Sala por una megacausa donde se investiga el manejo de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas.
La audiencia estuvo retrasada porque uno de los imputados no se presentó y debió ser ubicado y trasladado a la sala.
La líder de la Tupac Amaru tuvo un altercado con los jueces, sobre todo con la presidente del Tirbunal, Alejandra Tolaba, debido a que fue quien reprobó los concursos para integrar el Juzgado Criminal: «Que venga Morales a bajarme el martillo. Estos jueces son flojos de papeles», manifestó Sala.
Luego, cuando ingresaron los jueces para dar inicio al juicio, la acusada fue apartada y retirada del recinto custodiada por la policía por no acatar el pedido de silencio.
La dirigente está acusada de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión. En el juicio hay otros 30 acusados, entre integrantes de esa organización y ex funcionarios provinciales y municipales.
El juicio por la denominada causa de los «Pibes Villeros» está a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Jujuy, integrado por las jueces María Alejandra Tolaba, Ana Carolina Pérez Rojas y Claudia Cecilia Sadir.
Para el fiscal Diego Cussel, que firmó el requerimiento de elevación a juicio, la organización Tupac Amaru funcionaba como una «asociación ilícita» formada con el objeto de defraudar al Estado provincial y apoderarse del dinero público.
Sobre la base de los elementos de prueba y las declaraciones de la causa, la Fiscalía dio por acreditado que Sala dirigió y organizó el accionar de la Tupac Amaru, «mediante el despliegue de medios intimidatorios, utilizando el esquema de actuación de la misma y subvirtiendo la figura jurídica de las cooperativas de trabajo reunidas en dicha organización, mediante la desnaturalización con el objetivo inequívoco de defraudar de forma sistemática a la administración pública provincial, en provecho propio, y/o de integrantes de dicho grupo y/o de terceras personas».
¿Cuáles fueron las consecuencias? En primer lugar, no se pudo llevar a cabo en su integridad el programa «Mejor Vivir II». «La organización de recursos suscitada por Milagro Ángela Sala y acordada con los integrantes de la Asociación, tenía por objeto el apoderamiento ilícito de recursos dinerarios del Estado que alcanzaban alrededor de $60.352.790,80», dice la acusación.
Ese dinero debía ser aplicado a solventar el trabajo de distintas cooperativas reunidas en la organización Tupac Amaru y en la Red de Organizaciones Sociales para que llevaran adelante obras en las ciudades de San Pedro de Jujuy, Palpalá y San Salvador de Jujuy.
«La modalidad adoptada para cobrar el dinero -explicó el fiscal en su requerimiento- consistió en convocar integrantes de la organización Tupac Amaru, que fungían como presidentes de dichas cooperativas, y trasladarlos a los Bancos en vehículos, para que percibieran cheques, que eran emitidos por montos de hasta cincuenta mil pesos ($50.000), a los fines de que no hubiese necesidad de solicitar autorización, ni que debieran tributar impuestos por la operatoria. Dichos cheques eran cobrados por ventanilla de la entidad crediticia y luego colocaban el dinero en efectivo en bolsos, para ser trasladados por personas del círculo de confianza de Milagro Sala, en vehículos, a su domicilio particular donde convivía junto a Pedro Raúl Noro, o a la sede de la Organización Social Tupac Amaru».
Más adelante, para no trasladar tantas personas a los bancos, se abrió una cuenta especial a nombre de la Cooperativa Pibes Villeros Ltda. En esa cuenta, se depositaban los cheques de los planes de construcción y mejoramiento habitacional adjudicados a las cooperativas de Sala. Eso generó que pocas personas pudieran retirar grandes sumas de dinero.
Una de las pruebas fundamentales del juicio son los videos de las cámaras de seguridad del Banco Nación que muestran el accionar del grupo. En una imagen registrada el 9 de diciembre de 2015 se puede ver cómo retiraban bolsos con dinero. En ese caso eran $ 14.000.000 en efectivo.
En la investigación penal se advirtió que las cooperativas debían abrir una cuenta bancaria específica para el proyecto adjudicado, en donde ingresarían los fondos. Sin embargo, recibieron en mano cheques contra entrega de facturas. Y nunca aparecieron las certificaciones de avance de obra ni las actas de finalización.
Las audiencias del juicio se realizarán en los Tribunales de Jujuy con el siguiente cronograma: 24, 25, 26 y 31 de julio; 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 24, 28, 29 y 30 de agosto; 4, 5 y 6 de septiembre.
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