En la antesala de la marcha, Patricia Bullrich compartió que el sistema para denunciar amenazas de líderes piqueteros ha experimentado una saturación.
La Ministra de Seguridad informó que han recibido más de 5,000 denuncias de individuos que reciben beneficios de planes sociales, superando así la capacidad de respuesta del sistema. Se han identificado nombres asociados a estas denuncias, no solo en la provincia de Buenos Aires, y se tiene previsto presentar los casos ante la justicia en los próximos días.
Recientemente, el Gobierno habilitó la línea telefónica 134 para que los beneficiarios de planes sociales puedan denunciar amenazas de líderes sociales. Esta línea es un canal anónimo bajo el ala del Ministerio de Seguridad. Aparte de las denuncias por amenazas de dirigentes piqueteros, este servicio ha recibido reportes sobre diversas situaciones delictivas, desde narcotráfico hasta incumplimientos de cuarentena durante la pandemia.
La ministra Bullrich reveló que desde la implementación de este sistema específico para denunciar amenazas de líderes piqueteros, han recibido más de 5.000 llamadas, superando la capacidad del sistema que puede manejar solo 300 llamadas por hora. Estas denuncias alertaban sobre amenazas relacionadas con la participación en manifestaciones, afirmando que quienes no asistieran a estas marchas podrían perder los beneficios de programas sociales como el plan Potenciar Trabajo.
Sin embargo, Bullrich enfatizó que aquellos que cumplan con sus responsabilidades laborales mantendrán sus beneficios sociales, mientras que quienes se sumen a los cortes de calles perderán estos beneficios. Además, mencionó que las denuncias incluyen nombres de líderes y organizaciones que supuestamente imponen multas de hasta $7,000 a quienes se nieguen a participar en los piquetes. Estas denuncias, provenientes de distintas regiones del país, serán llevadas a la Justicia para su consideración.
La Ministra detalló el plan para identificar a aquellos que corten calles, afirmando que se utilizarán cámaras de vigilancia para este propósito. También expresó confianza en el respaldo de la Justicia para evitar cortes de calles, y subrayó que el corte de calles se considera un delito según el Código Penal. Asimismo, hizo un llamado a las organizaciones sociales para evitar la violencia, argumentando que el Gobierno busca establecer un nuevo paradigma en las formas de manifestarse.
En relación con la aplicación del protocolo antipiquetes en la marcha planificada para el día siguiente, Bullrich lamentó la falta de apoyo de la provincia de Buenos Aires, que considera esta medida como una criminalización de la protesta. Se espera una movilización con distintas columnas hacia la Plaza de Mayo, donde se pondrá a prueba este protocolo diseñado para mantener la circulación libre en calles, rutas y accesos.
En resumen, se anticipa un seguimiento riguroso para identificar a quienes corten calles y se espera que el protocolo antipiquetes sea aplicado durante la marcha prevista para el día siguiente, a pesar de la oposición de ciertos sectores y autoridades provinciales.
