Dos organismos que pasaron formalmente a la órbita del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, avanzaron en las últimas horas con un envío masivo de telegramas de despido.
El Gobierno desvinculó, con argumentos operativos y políticos, a 200 trabajadores de AySA y a 50 funcionarios del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). En consonancia con la retórica de «motosierra» de Javier Milei, en el Gobierno afirman que se despidieron empleados que «no cumplían con sus tareas», además de apartar a funcionarios provenientes de la gestión anterior.
La reducción de contratos en estas estructuras forma parte de una serie de recortes de personal en diversas empresas estatales, que la gestión libertaria busca implementar, ya sea para reducir gastos o para prepararlas para una eventual privatización. En la Administración General de Puertos (AGP) se registraron 140 despidos en los últimos días. Además, en Aerolíneas Argentinas se ha iniciado un proceso de retiros voluntarios.
En otras empresas estatales del sector del transporte, como Trenes Argentinos (que tiene un alto déficit), ya se han iniciado movimientos internos para ajustar el personal en diversas áreas. Aún queda por conocer qué ocurrirá con Corredores Viales, que recientemente pasó a la órbita de Posse. En la página web de esta empresa, que gestiona las rutas concesionadas, aún figura como presidente Gonzalo Atanasof, quien fue designado presidente de Loterías de la provincia de Buenos Aires.
Un caso aparte es el de Télam, cuyos 700 empleados fueron licenciados por una semana mientras el Gobierno aún no había definido, desde el punto de vista jurídico, el futuro de la agencia de noticias estatal.
Contratos por 90 días
Los ajustes de personal en las empresas estatales son el preludio de un recorte mucho más importante que se espera en la administración nacional para fines de este mes.
Esto se debe a que en todo el Estado hay empleados cuyos contratos, renovados al final del año por un período de 90 días, vencen a fines de marzo. El decreto 84/2023 del 23 de diciembre había establecido la finalización de todos los contratos de empleados estatales que habían comenzado sus funciones durante el año pasado, una medida que afectó a unos 7000 trabajadores públicos. La segunda parte de ese decreto estipuló que el resto de los empleados con contratos temporales (que no forman parte de la planta permanente) renovarían sus contratos por tres meses y serían sometidos a una «evaluación exhaustiva» para que las autoridades evaluaran, caso por caso, la continuidad de sus contrataciones.
En todos los ministerios y organismos, los funcionarios de Milei están revisando su personal para determinar qué funciones desempeñan sus empleados y si asisten al trabajo. Según diversas fuentes oficiales, se espera una nueva ola de despidos masivos en todos los niveles. «Varios miles se irán. Si asisten a su trabajo y tienen tareas asignadas, se quedarán».
Danza de nombres
En la gestión de Milei, el ajuste del personal avanza rápidamente, mientras que la designación de autoridades superiores (especialmente subsecretarios) y funcionarios ejecutivos de alto nivel (directores y coordinadores) en muchas áreas se produce lentamente.
Los despidos que se anunciaron esta semana en AySA y Enacom combinaron desplazamientos por motivos políticos con despidos justificados por presuntas inasistencias o mala conducta. Estas dos áreas estaban bajo la influencia de Sergio Massa durante la gestión del Frente de Todos.
En diversas empresas públicas y organismos que dependían del extinto Ministerio de Infraestructura, en cambio, quedaron al frente funcionarios del gobierno del Frente de Todos que se adaptaron a los nuevos tiempos políticos. En AySA, después de la breve gestión de Marcelo Papandrea como presidente en los papeles, fue sucedido por su segundo, Oscar Ferrari.
En las cuestiones operativas diarias, como el ajuste de personal y de recursos, tiene una fuerte influencia Eduardo Endeiza, director general administrativo y operativo de AySA, quien trabajó para Massa en la Secretaría de Finanzas que dirigía Eduardo Setti. Antes de eso, trabajó en el Senado.
Desde la Casa Rosada se informó que los 200 despidos en AySA se debieron a «personas que tenían una situación laboral irregular»: ocupaban cargos directivos políticos, no cumplían con sus tareas o tenían inasistencias injustificadas.
En cuanto a Enacom, el Gobierno despidió a 50 funcionarios de la gestión anterior que se desempeñaban como titulares de las delegaciones en las distintas provincias del país. El organismo está intervenido por 180 días con el mandato de realizar una fiscalización. Juan Martín Ozores, que proviene de la actividad privada, fue designado para liderar esta tarea de revisión. Como interventores adjuntos, el Gobierno nombró a Patricia Roldán y Alejandro Pereyra, dos personas de carrera que ya habían trabajado en el ente, tanto durante la gestión de Mauricio Macri como en el gobierno anterior, cuando el organismo estaba dirigido por Claudio Ambrosini, una figura influyente del massismo.
La gestión libertaria tiene pendiente la designación de personal en organismos que tienen delegaciones en todo el país (como Anses, PAMI o Enacom), que tienen una amplia presencia territorial. Estas oficinas son valoradas por los gobiernos como un método de pago político o para establecer una presencia directa en las provincias. Todavía hay tensiones internas en la cúpula del Gobierno entre aquellos que quieren utilizar estas oficinas con fines políticos y aquellos que prefieren nombrar personal de carrera.
En cuanto a los despidos, otras empresas estatales están realizando un relevamiento de personal para avanzar con los recortes. En Trenes Argentinos (OFSE), se han realizado pedidos en diversas áreas para responder al enfoque de «motosierra» de Milei.
