Atrapado entre la meta fiscal y el «regreso» de Cristina

Al poder económico le preocupa más el regreso de Cristina Kirchner que el cumplimiento de la meta fiscal.

El Gobierno se encuentra preso de una típica trampa 22, una situación en la que cualquier alternativa que elija lo termina perjudicando
Por Marcelo Zlotogwiazda. 27 de julio de 2018

A comienzos de esta semana un importante funcionario del área económica le transmitió por teléfono al ejecutivo de un banco de Nueva York que Nicolás Dujovne acababa de anunciar que por sexto trimestre el Gobierno cumplió la meta de reducción de déficit fiscal, y le comentó que en su opinión el año iba a terminar con un sobrecumplimiento que iba a dejar el déficit más bajo que la pauta del 2,7% del Producto Bruto Interno.

El financista elogió el logro, pero le dijo que lo que ahora más le preocupa no es la cuestión fiscal sino la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner pueda ganar la elección presidencial del año que viene.

Un financista dijo esta semana que lo que ahora más le preocupa no es la cuestión fiscal sino la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner pueda ganar la elección presidencial
El Gobierno se encuentra preso de una típica trampa 22, una situación en la que cualquier alternativa que elija lo termina perjudicando, tal como magistralmente escribió Joseph Heller en la novela de 1961 que fue llevada al cine por Mike Nichols con la actuación de Orson Welles, John Voight, Anthony Perkins y Alan Arkin, entre otros.

La trampa en que se encuentra el Gobierno consiste en que si no reduce el déficit como se comprometió ante el FMI, se queda sin el financiamiento de Christine Lagarde y mucho menos por parte de los privados, con lo cual el modelo macro se acercaría al precipicio; pero si cumple con el ajuste, las consecuencias sociales y políticas pueden poner en serio riesgo la reelección de Mauricio Macri, reabrir el escenario del regreso del kirchnerismo, y eso haría que los que tienen el dinero para prestar e invertir no lo hagan por miedo.

No cumplir con la meta fiscal llevaría a quedarse sin financiamiento del FMI y la economía se conduciría al precipicio; pero cumplir con el ajuste generaría consecuencias sociales y políticas que pondrían en riesgo la reelección y el regreso del kirchnerismo
La dinámica del perro que se muerde la cola

El rechazo del poder económico al kirchnerismo los lleva a comportamientos que agrandan la posibilidad de que el kirchnerismo vuelva. Un loop. La profecía autocumplida.

Lo dijo claramente Miguel Ángel Broda en un reportaje de Luis Novaresio el lunes pasado. «Si el mundo se da cuenta de que Macri es un paréntesis entre dos peronismos, 2019 va a ser un año en el que no vamos a crecer. Las expectativas de que volvamos a caer en el peronismo son devastadoras para el financiamiento que la Argentina necesita».

Lo que hasta marzo pasado era una probabilidad remota, desde que se desató la crisis cambiaria viene siendo una alternativa que crece en las apuestas. Lo muestran absolutamente todas las encuestas que circulan, que se sustentan en la sucesión de datos negativos sobre la gestión del Gobierno y en la abrupta caída en la imagen tanto de Mauricio Macri como también de María Eugenia Vidal y de Horacio Rodríguez Larreta.

Además, la alternativa tan temida por el poder económico se proyecta a partir de la serie de malas noticias que se vienen.

A los conocidos espantosos datos oficiales sobre la inflación de junio, sobre el derrumbe de la actividad económica en mayo y sobre la destrucción de puestos de trabajo registrado en lo que va del año, «se nos viene una seguidilla de malas noticias por varios meses», reconoce con resignación el mismo funcionario.

“Se nos viene una seguidilla de malas noticias por varios meses”, reconoce con resignación un funcionario del equipo económico
Los indicadores de actividad e ingresos que se vienen

El calendario del Indec marca que el 2 de agosto se conocerá la caída en la actividad industrial de junio; el 15 de ese mes se difundirá la inflación otra vez alta de julio; a la semana siguiente se publicará el dato negativo sobre el nivel de actividad de junio; el 25 de septiembre será noticia la previsible desmejora en la distribución del ingreso; y dos días después se llegará al peor de los datos: los índices de pobreza e indigencia correspondientes al primer semestre de 2018, que de no mediar un milagro van a reflejar un retroceso.

«Quiero que juzguen mi presidencia por cómo avanzamos hacia el objetivo de pobreza cero», repitió Macri una y otra vez.

Mauricio Macri y Christine Lagarde fueron claros y sinceros en sus recientes apariciones públicas. En el mejor de los casos, la economía retomará la senda positiva a comienzos del año que viene, aunque el Fondo no descarta que en 2019 se prolongue la recesión que comenzó el trimestre pasado.

No sería nada extraño teniendo en cuenta que al ajuste que ya han soportado salarios, jubilaciones y asignaciones familiares, se sumará la profundización del recorte en el gasto público. Con menos consumo, menos gasto público y con la inversión productiva retenida por el miedo a que vuelva el «populismo», la mejora en la demanda agregada que motorice una reactivación queda acotada al aumento de exportaciones. Aumento que efectivamente viene sucediendo, que hubiera sido más elevado si no fuera por el impacto de la sequía, pero que lejos va a estar de alcanzar a compensar los efectos contractivos de los otros componentes de la demanda agregada.

El recorte en el gasto público no es algo que solo se esté discutiendo con miras al Presupuesto 2019. El recorte ya está sucediendo. En el primer semestre del año los gastos de capital cayeron un 20% en términos nominales, lo que tomando en cuenta la inflación arroja una caída estrepitosa.

Freno de la construcción

Las consecuencias están a la vista. Por ejemplo, la UOCRA estima que en Salta y Jujuy ya hay 8.000 obreros de la construcción sin trabajo, lo que condice con la solicitada que publicó la Cámara Salteña de la Construcción señalando que la disminución y paralización de obras en curso están causando «el consiguiente despido de personal, la alteración de la cadena de pagos, el cierre de empresas y la cancelación o retraso en la entrega de las obras a sus beneficiarios naturales».

Es que el rubro más afectado viene siendo la construcción de vivienda. La partida Vivienda y Urbanismo para el año en curso es de casi $35.000 millones (que abarca vivienda social y plan Procrear), que en términos reales es menos de lo que tenía asignado en 2015 o en 2016.

Considerando un costo promedio de $1.000.000 por vivienda, esa cifra de inversión está muy lejos para que el déficit de vivienda retroceda, lo que se agrava por el hecho de que la mayoría de las provincias utilizan parte o todo el dinero que reciben automáticamente a través del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) para gastos corrientes. Son aproximadamente $17.000 millones anuales, que se nutren del impuesto a los combustibles y que tenían destino específico, pero una decisión que tomó Domingo Cavallo en 2001 habilitó a que las provincias reasignen el dinero a otros gastos.

La idea que el Gobierno está intentando imponer a los gobernadores es que las provincias usen el dinero del Fonavi para hacerse cargo de lo que hasta ahora viene haciendo la Nación. Claro que para eso las provincias deberían recortar otros gastos. Es precisamente el objetivo: trasladarles a las provincias parte del ajuste comprometido con el Fondo.

¿Por qué los gobernadores habrían de aceptar algo semejante? Porque si no acuerdan por las buenas, la Casa Rosada amenaza con cortarles por las malas el dinero para obras en la provincia que financia la Nación. Ellos también están encerrados en una trampa 22.