Eran tres: dos que investigaron y la jefa de ambos. Avanzaron por debajo de los radares de casi todos en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante la presidencia de Alberto Fernández. Hasta que un lunes, ya con Javier Milei en la Casa Rosada, completaron el informe sobre los miles de millones de pesos al año que, concluyeron, evade Tabacalera Sarandí, la nave insignia de Pablo Otero, el “Señor del Tabaco”.
Y lo subieron a la red interna del organismo tributario. Entonces comenzaron los problemas: les robaron sus computadoras ese fin de semana, los reasignaron a otras funciones, les iniciaron un sumario y quedaron bajo sospecha, según reconstruyó LA NACION durante los últimos dos meses.
El informe fue contundente. Expuso que Tabacalera Sarandí subfacturó durante años grandes volúmenes de cigarrillos que en teoría les vendió a supuestos intermediarios que en realidad no se dedican a comercializar tabaco o a personas que figuran en la base de contribuyentes no confiables de la propia AFIP; entre otros motivos, por emitir facturas truchas. ¿La conclusión del reporte? El desfalco a las arcas públicas de la empresa de Otero y otras tabacaleras locales (mucho más pequeñas que Sarandí) ascendería a los 185.000 millones de pesos.
Pero lejos de alentar una ofensiva contra Tabacalera Sarandí, el informe se volvió contra sus impulsores dentro de la Subdirección General de Fiscalización de la AFIP, en tanto que el “Señor del Tabaco” modificó su estrategia comercial. Comenzó a sincerar ante la AFIP el precio real de venta de sus marquillas –que en el caso de la marquilla Red Point Filter SP, por ejemplo, pasó de informarle al fisco que la vendía a $180 en noviembre pasado a $720 en abril-. Es decir, como si estuviera al tanto de lo que se estaba gestando en su contra dentro del organismo tributario y pudiera anticipar los pasos que los sabuesos estaban por dar.
Consultados por LA NACION, desde la AFIP confirmaron la existencia de la investigación, aunque indicaron que se trata de “un informe interno sobre el estado de situación del sector tabacalero que contiene información amparada bajo el secreto fiscal”, por lo que evitaron dar mayores precisiones. Confirmaron, asimismo, el robo de las laptops, que se denunció a la policía y se abrió un sumario, en tanto que englobaron el desplazamiento de los tres agentes dentro de una “reestructuración general del área de fiscalización”. Los tres, adujeron, perduran con la misma categoría, pero sin “adicional por cargo desempeñado”.
Una investigación incómoda
La investigación comenzó durante el último trimestre de 2023, sin que las máximas autoridades del organismo -por entonces liderado por el actual diputado nacional Carlos Castagneto-, estuvieran al tanto. Empezó como algo acotado, en apariencia, en la División de Impuestos Internos de la Subdirección General de Fiscalización. Una inspectora, un supervisor y la jefa de ambos comenzaron a investigar algunas sociedades y empresas sospechadas de actuar como usinas de facturas truchas. Y así fue como pusieron bajo la lupa a, entre otras, la firma “Minico Player”.
Al hurgar en esa firma, que figura en la actualidad dentro de la base Apoc de facturación apócrifa de la AFIP, los sabuesos detectaron sus operaciones con la tabacalera “Todo Tabaco”, que a su vez recibía grandes volúmenes de cigarrillos de Tabacalera Sarandí. Fue cuestión de tiempo para que le requirieran datos y precisiones a “Todo Tabaco”, que presentó un descargo insuficiente. Entre otros motivos, porque no logró explicar cómo vendía cigarrillos, en teoría, a decenas de miles de consumidores finales, en efectivo, a la vera de la ruta.
Al avanzar por esa senda, los investigadores detectaron que, en realidad, no solo “Todo Tabaco”, sino casi todas las ventas que declaraba al fisco la nave insignia de Otero eran a supuestos consumidores finales o a empresas que vendían a consumidores finales o a empresas vinculadas a la familia dueña de “Todo Tabaco”. Es decir, sin intermediarios, sin distribuidoras, ni otras líneas de comercialización –estaciones de servicio, por ejemplo-, como es práctica habitual entre sus competidoras locales o multinacionales.
Los investigadores detectaron, a continuación, que casi la mitad de los supuestos intermediarios de Tabacalera Sarandí mostraban inconsistencias serias. Eran contribuyentes insolventes que no tenían cuentas bancarias, empleados o facturación. En otras palabras, encarnaban la punta del iceberg de una posible evasión tributaria por miles de millones de pesos.
Por si fuera poco, los sabuesos detectaron que el precio de venta al público (PVP) de Tabacalera Sarandí era en los kioscos hasta tres y cuatro veces más alto del precio que le declaraba bajo juramento a la AFIP, alimentando las sospechas de una presunta subfacturación por otros tantos miles de millones de pesos. O, en otras palabras, que por cada peso que Otero sí declaraba, cobraría otros dos pesos en negro, hasta acumular una presunta evasión por cerca de US$200 millones al año.
Consultados por LA NACION, voceros de Otero indicaron que “Tabacalera Sarandí no tiene que ver con esa facturación”, en alusión a las operaciones de Minico Player o Todo Tabaco. “Nos va bien ganando mercado de Massalin y BAT [por British American Tobacco], prueba de eso es la operación mediática y judicial que llevan a cabo con LA NACIÓN y Clarín, desesperados por perjudicar a las empresas nacionales según su agenda vendepatria”, afirmaron, para luego anticipar posibles iniciativas en los tribunales: “Estamos preparando ampliar la denuncia penal por violación de secreto fiscal”.
Para los agentes de la AFIP involucrados en la investigación, en tanto, el trabajo de campo, el proceso de verificación, el análisis posterior y la redacción del informe insumió al menos tres meses, según reconstruyó LA NACION. Fueron tiempos arduos, bajo presiones constantes, mientras también se sucedían las reuniones dentro del organismo tributario con los representantes de Tabacalera Sarandí y otras empresas del sector para avanzar con el cambio de las estampillas fiscales que deben colocarse en cada marquilla.
“Durante esas reuniones con las tabacaleras, los colaboradores de Otero se enteraron que un equipo de la AFIP estaba analizando a sus supuestos ‘distribuidores’ de sus cigarrillos y que se estaba ultimando un requerimiento de información que podría causarle serios dolores de cabeza a Tabacalera Sarandí”, detalló una fuente al tanto de lo ocurrido dentro del organismo tributario a LA NACION.
El equipo de Otero actuó en consecuencia. Movió influencias y activó a sus contactos dentro de la AFIP para conocer más sobre el informe en ciernes y reducir su impacto, en simultáneo con la asunción de Javier Milei como presidente y el recambio de las máximas autoridades dentro del organismo. No sólo eso. Según afirman dentro de “la Casa”, buscaron victimizarse, lo que generó la reacción contraria. Los mandos medios de la AFIP ordenaron ultimar al informe para radicar, de inmediato, varias denuncias penales.
El despuntar de la tormenta
Fue un momento de gloria para los tres agentes. La nueva titular de la AFIP, Florencia Misrahi, destacó la investigación como un ejemplo de trabajo en equipo ante los integrantes de la cúpula mayor del organismo, munida de un PowerPoint de 6 láminas con los principales hallazgos. Pero de inmediato se desató la tormenta. A mediados de enero, ya fuera por iniciativa propia u órdenes superiores, el entonces subdirector general de Fiscalización, Fabio Naveira, dispuso que la investigación se remitiera a la DGI, con el grado de avance que tuviera, en el plazo de 48 horas. ¿Conclusión? Alrededor del lunes de 22 de enero pasado, el informe, los archivos adjuntos, el material de las fiscalizaciones y el PowerPoint de 6 láminas se subieron a un expediente electrónico, a través del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GEDE) del Sector Público Nacional.
Las turbulencias se sucedieron, una tras otra. El fin de semana inmediato posterior a subir el informe al GEDE, manos anónimas robaron las computadoras portátiles de los tres investigadores. Con dos datos adicionales: el primero, que los ladrones no se llevaron ninguna otra computadora de esa oficina o de su entorno inmediato; el segundo, que los tres responsables de la investigación contra Tabacalera Sarandí fueron desplazados de sus cargos.
Consultados por LA NACION, voceros de la AFIP confirmaron en un primero momento el robo de esas tres laptops, pero aclararon que no fueron las únicas computadoras sustraídas dentro del organismo. Precisaron que ladrones todavía sin identificar se robaron más de 100 computadoras de la “Casa” durante el último tiempo y que en el caso particular de esas tres laptops se radicó una denuncia penal y se inició un sumario administrativo.
Los voceros de la AFIP indicaron, además, que “nada” del informe se perdió, ya que se giró por expediente electrónico a la DGI, en tanto que remarcaron que los tres agentes fueron reasignados junto a otros doce agentes –entre ellos, el superior inmediato de los tres-, a los que se les respetó sus categorías administrativas o se les asignó un cargo superior. “No hubo represalias, ni mucho menos”, sintetizaron.
Eso, según indicaron fuentes de la AFIP a LA NACION, sería parcialmente inexacto. Algunos agentes sí fueron ascendidos o al menos se les respetó sus categorías y salarios. Pero al menos dos de los agentes abocados al informe no recibieron nuevas funciones. E independientemente de eso, quince días después se encaró una reestructuración general del área de Fiscalización que llevó a la eliminación de la División de Impuestos Internos y a la creación de otras divisiones, como las de Pesca y Minería.
Las idas y vueltas dentro del organismo tributario alrededor de Otero, el informe sobre Todo Tabaco y Tabacalera Sarandí, y el derrotero de los tres agentes replicaron, entre bambalinas, las marchas y contramarchas que evidenció el Gobierno. El presidente Milei comenzó por calificar a Otero como “el Señor del Tabaco”, el 9 de febrero, para luego optar por el silencio y, ya en abril, retirar del proyecto de ley “Bases” los artículos que afectaban a Otero, aun cuando la Corte Suprema falló en contra del empresario.
Coletazos en cadena
Dentro del organismo aportaron datos adicionales. Precisaron que Naveira, como subdirector general de Fiscalización, ordenó –otra vez, por iniciativa propia u orden superior-, abrir un sumario por el robo de esas laptops. Y que en el sumario quedaron bajo sospecha esos tres agentes junto a otros empleados y funcionarios de la AFIP que comparten esa oficina –grado de sospecha que no rigió ante los robos de otras laptops-, en tanto que la reasignación de funciones de los tres agentes jamás se publicó en el Boletín Oficial.
Los coletazos van más allá. ¿Por qué? Porque fruto del informe que subieron a un expediente electrónico, los técnicos de la DGI decidieron abrirle una inspección a “Todo Tabaco”, pero no así a la Tabacalera Sarandí, en tanto que se redujo la cuantía de los hallazgos, que a su vez se diluyó dentro de una supuesta investigación más amplia sobre los intermediarios en la comercialización de bebidas, alimentos y derivados del tabaco, según anunció la AFIP en un comunicado de prensa que difundió el 16 de abril.
“Con relación a la comercialización de cigarrillos, se verificó la existencia de una maniobra que consiste en la utilización de intermediarios a quienes determinados fabricantes les facturan grandes volúmenes de venta de cigarrillos a precios por debajo del mercado (subfacturación) por un porcentaje que varía entre el 200% y 300%, evadiendo el impuesto interno”, detalló el organismo tributario. “De la información recabada surge que $37.000 millones son ventas presuntamente simuladas por los fabricantes de cigarrillos a comerciantes que no se dedican a la compra y venta de productos derivados del tabaco (marroquinerías, locales de cobranza extra bancaria, entre otros) y $14.000 millones fueron facturados a contribuyentes incluidos en la base de contribuyentes no confiables (apócrifos)”, abundó. Es decir, un perjuicio para las arcas públicas cifrado en $51.000 millones.
El informe centrado en Todo Tabaco y Tabacalera Sarandí que habían desarrollado los tres investigadores desplazados, sin embargo, consignó montos varias veces superior. Elevó el eventual perjuicio fiscal a $185.000 millones. Para la AFIP, esa cifra es apenas “una estimación teórica de presuntos impuestos evadidos en el sector”, en tanto que los $51.000 millones “corresponden a montos de venta efectivamente facturados”.
Hugo Alconada Mon
