Parte de esos fondos terminaban en manos de intermediarios que están siendo investigados por la Justicia en el mismo caso en el que está implicado Alberto Fernández.
La Justicia está tratando de desentrañar un negociado millonario que involucra a una de las principales entidades estatales y a intermediarios sospechosos que tenían vínculos directos con el expresidente Alberto Fernández.
Esta entidad clave es la ANSES, encargada de administrar los fondos de jubilados y pensionados, entre otros, en Argentina. Osvaldo Giordano, quien fue su primer titular durante la gestión de Javier Milei, proporcionó algunos detalles que ayudan a comprender hasta qué punto los acontecimientos bajo investigación tienen implicaciones económicas significativas.
Giordano ya no forma parte de la administración pública. Después de la controversia parlamentaria sobre la Ley Ómnibus, Milei optó por removerlo del cargo debido a que su esposa, la diputada cordobesa Alejandra Torres, votó en contra del paquete de reformas promovido por el Gobierno. Sin embargo, recientemente proporcionó información relevante para la causa.
La maniobra investigada por la Justicia se centra en los préstamos que la ANSES otorgaba a los jubilados con pocos requisitos. Aquellos que accedían a estos préstamos estaban obligados a contratar un seguro con la compañía Nación Seguros, lo que generaba negocios con intermediarios que obtenían importantes sumas de dinero. Uno de estos intermediarios es Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria privada de Alberto Fernández, María Cantero.
Según explicó Giordano en declaraciones a La Voz y el Doce TV, cuando asumió el control de la ANSES en diciembre de 2023, se estaban desembolsando $1.700 millones mensuales a Nación Seguros. En menos de 60 días, decidió no renovar ese contrato, ya que otro sistema le permitía ahorrar un 40% del presupuesto.
«La ANSES otorga créditos a los jubilados. Siempre existe la posibilidad de que el jubilado fallezca y el crédito no pueda ser cobrado. Ante esta eventualidad, hay dos alternativas: cobrar a todos los tomadores de crédito un pequeño porcentaje para constituir un fondo que cubra las pérdidas, o contratar un seguro directamente, como se hizo posteriormente al decreto de Alberto Fernández», explicó el exfuncionario nacional.
Agregó además: «Desconocía cómo se distribuía el dinero entre intermediarios, motivo por el cual Alberto Fernández está siendo investigado. Con la información disponible en la ANSES, era imposible rastrear la ruta de los recursos».
La investigación de la causa está a cargo del juez Julián Ercolini. El magistrado supervisa el expediente originado por una denuncia cuyos principales acusados son el expresidente, el mencionado Martínez Sosa, el exdirector de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y el corredor Pablo Torres García, entre otros. Estos son algunos de los nombres que surgieron en un artículo publicado por Ricardo Roa en Clarín el pasado domingo, que destapó una nueva «caja negra» de la política.
Hasta ahora, se sabe que durante la gestión de Alberto Fernández, el Gobierno ordenó por decreto que todas las dependencias oficiales y organismos de la administración central contraten sus coberturas con Nación Seguros. En esta empresa se encontraba Pagliano, quien acompañó al expresidente desde los años 90, cuando juntos trabajaron en la Superintendencia de Seguros de la Nación durante el gobierno de Carlos Menem, y luego fundaron Provincia Seguros.
Este decreto estableció un mercado cautivo, permitiendo la participación de compañías privadas como productoras o coaseguradoras. Entre ellas figuran empresarios como Martínez Sosa, a quien Fernández conoce desde los años 90 y con quien tiene una relación tan estrecha como para deberle anualmente 20 mil dólares. Entre los contratos y los intermediarios, se devela una trama de pagos y comisiones permanentes y multimillonarias.
Además, este fin de semana se confirmó que Ercolini también fue designado por sorteo para llevar adelante otra denuncia, anticipada por Infobae el jueves pasado. Esta denuncia fue presentada por el gobierno de Javier Milei contra el exdirector operativo del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, Federico D’Angelo Campos. El Gobierno lo acusa de haber permitido, presuntamente, la aplicación de «comisiones y costos de intermediación en pólizas de seguro contratadas en Nación Seguros».
La denuncia es significativa porque fue presentada conjuntamente por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el nuevo titular de la ANSES, Mariano de los Heros, y el director de Nación Seguros, Alfonso José Torres, las tres áreas involucradas en las presuntas irregularidades de la administración anterior. En la acusación, los denunciantes solicitaron que se determine si D’Angelo, quien siendo concejal mantuvo su puesto, «contrató coberturas de seguros utilizando intermediarios injustificados y abonando comisiones en perjuicio del erario público».
