Javier Milei se llevó la mano al bolsillo cuando el interlocutor le preguntó por el peronismo. El gesto buscó expresar que lo tenía bajo control.
La confianza presidencial se funda en las negociaciones abiertas con mediadores que llevan directamente a Sergio Massa, los gobernadores e incluso Cristina Kirchner. Tal vez la credulidad sea excesiva. En el peronismo la observación es diferente: su apuesta central es que el gobierno libertario se desgaste por el peso de la crisis económica y el ajuste, en gran medida producto del regalo envenenado de la herencia, y luego ser parte del desenlace. A pesar de sus miradas contrapuestas sobre la realidad y sus pronósticos, entre ambos mundos apareció la idea arrebatada de ampliar de la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia.
La propuesta, arrojada sobre la mesa sigilosa del diálogo inesperado entre libertarios y peronistas, aporta conveniencias diferentes a cada negociador. Para el Gobierno es una posibilidad de multiplicar las fichas para intercambiar con el peronismo en su búsqueda de gobernabilidad. En la Corte Suprema está vacante el lugar que ocupaba Elena Highton de Nolasco, que renunció tres años atrás. La salida de la jueza dejó un máximo tribunal incompleto, con cuatro integrantes. Y este año, Juan Carlos Maqueda llegará a la edad jubilatoria de los 75 años. Ya son dos fichas para jugar. Una ampliación ofrecería cuatro piezas más. También aparece en las conversaciones el lugar del jefe de los fiscales, que actualmente ocupa en forma interina Eduardo Casal. Para todo se necesitará acuerdo con sectores de la oposición. Por eso no solo el peronismo aparece en el juego. También un sector de la UCR, en una charla que viene incluso antes del balotaje. Lejos de las urgencias de la calle, la política elucubra sin desanimarse por la crisis.
Para Cristina Kirchner, la ampliación abriría una puerta para dejar en minoría a la mayoría actual, que integran Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Sería un sueño convertido en realidad para la exvicepresidenta, que vislumbra en los tres el motor de sus males penales y el retroceso de su ascendencia judicial. Todavía vibran en las retinas las sonrisas compartidas entre Milei y Cristina Kirchner en la ceremonia de traspaso de mando. El fuego no se apagó.
“¿Dónde están Cristina, Massa, Alberto Fernández?”, se preguntaba el viernes Pablo Moyano. Del último se conocen sus actividades madrileñas. Los otros dos, a la luz de las negociaciones, buscan sacar provecho frente a las necesidades libertarias. Las pruebas de amor del Gobierno a Cristina Kirchner y Massa fueron generosas. Primero dejaron afuera a los denunciantes Mariano Federici, María Eugenia Talerico, Javier Iguacel y Laura Alonso, que incomodaban al kirchnerismo con su afán por mantener activas las investigaciones. Sus cabezas rodaron como ofrendas al peronismo. Luego, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, desactivó el papel de querellante de la UIF y la Oficina Anticorrupción para debilitar la persecución penal del Ejecutivo frente a las causas en trámite. Y, por último, se acordó la continuidad de la misma línea en los organismos que manejaba Massa y donde recaían el grueso de las sospechas de corrupción: Aduana, AFIP y Aysa. El massismo, en definitiva, había sido un precursor en el financiamiento de la campaña de La Libertad Avanza para dividir la fuerza opositora. La inversión tuvo su beneficio.
Cúneo Libarona logró, a la vez, quitar del medio a quienes aspiraban a ser los emisarios de Javier Milei en el mundo judicial, como Santiago Viola, a quien el candidato libertario había nombrado apoderado de su partido, y al exfuncionario sciolista Guillermo Scarcella. En cambio, no parece haber logrado sacar del juego al operador Alfredo “Freddy” Lijo, hermano del juez Ariel Lijo, el magistrado a quien Lorenzetti imagina en el máximo tribunal.
Apremiados por la hoguera inflacionaria y el descalabro de las cuentas públicas, en la Casa Rosada prefieren que las negociaciones en torno a la Corte Suprema se mantengan en un sigiloso segundo plano. Un funcionario del Gobierno dijo a LA NACION que la integración del máximo tribunal “es un tema a estudio”.
Las gestiones de Ricardo Lorenzetti con un sector del oficialismo para promover al máximo tribunal a Ariel Lijo, acaso el magistrado que más poder concentra dentro de Comodoro Py, motivaron que los jueces Maqueda, Rosenkrantz y Rosatti activaran un canal de diálogo en plena feria judicial y acordaran su rechazo total. El Gobierno ya se enteró de la posición de la mayoría. Interlocutores no faltan.
Cuando las tratativas comenzaron a difundirse, el eje inmemorial que une a Lorenzetti y Lijo regresó a las charlas judiciales. En Comodoro Py recordaban que Lijo acompañó a Lorenzetti en las visitas a varias provincias para la presentación de su libro El enemigo ambiental y que, en algunas ciudades del interior, el juez de la Corte lo reunió con gobernadores, los referentes indispensables para lograr los votos del Congreso. Juntos deslizaron la conveniencia de lograr el acompañamiento de los jefes provinciales en el Senado, según reconstruyó LA NACION.
Cuando Massa todavía contaba con posibilidades de ganar las elecciones presidenciales, Rosatti ensayó un acercamiento. Antes de las primarias declaró en contra de la dolarización de Milei. Luego, tras el triunfo de Massa en las generales, anheló un gobierno “de unidad nacional”, parafraseando un slogan de la campaña del postulante peronista. La consecuencia fue que Lorenzetti, de buena llegada a Massa, virara su preferencia hacia Milei. Los conocedores del vínculo ubican al empresario Eduardo Eurnekian como el celestino entre ambos. Lorenzetti tiene su propio anhelo de modificar la Corte y recuperar el dominio que tenía antes del acuerdo entre Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz.
Las negociaciones, como anticipó el periodista Carlos Pagni, ya generaron olas en otros ámbitos. El diputado Juan Manuel López (Coalición Cívica) propuso interpelar a Cúneo Libarona por la promoción de Lijo a la Corte que impulsa Lorenzetti. El ministro no dio respuesta. El partido de Elisa Carrió siempre fue de los más activos denunciantes contra el juez federal. Impugnaban su crecimiento patrimonial y lo cuestionaban, también, por mal desempeño. En su momento, el Pro dio su aval en el Consejo para desestimar la denuncia que más lo complicaba. Lijo todavía tiene a su cargo, congelada y sin definiciones, la causa Correo. ¿Una herramienta para condicionar? Imposible probarlo. También mantuvo abiertas durante largo tiempo causas contra los jueces Rosenkrantz, Maqueda y Rossati. Algunas fueron iniciadas a partir de denuncias anónimas, mientras ardían los conflictos en el máximo tribunal. Rosenkrantz llegó a denunciar lo que calificó como “operaciones burdas”.
Más allá del entusiasmo de Lorenzetti, Lijo se muestra más gustoso de ocupar la Procuración General de la Nación que de dejar su juzgado, y los otros dos que subroga, para entrar en la Corte Suprema.
Como parte del equipo abocado a las cuestiones jurídicas del gobierno hay quienes destacan el rol de Sebastián Amerio, designado como secretario de Justicia, un cargo que durante el gobierno anterior ocupó Juan Martín Mena, acaso uno de los principales interlocutores de Cristina Kirchner en la justicia federal. Amerio conoce con minuciosidad la Corte Suprema: fue prosecretario de la Secretaría Penal de la Corte.
La modificación de los integrantes de la Corte Suprema puede lograrse con una mayoría simple de los votos de los presentes, como se hizo 1990 y 2006. Pero para avanzar con los nombramientos se necesita inevitablemente un acuerdo entre el Gobierno y un sector de la oposición, para alcanzar la mayoría de dos tercios de los presentes en el Senado. El peronismo se muestra más predispuesto. El Frente de Todos impulsó proyectos en ese sentido así que no sería difícil lograr un aval de Unión por la Patria. Y sus protagonistas deducen que el costo político recaería en otras espaldas. En la Corte Suprema todavía descreen de que esas conversaciones de la política logren concretarse en la realidad, según reconstruyó LA NACION. Una reforma de ampliación del máximo tribunal se traduciría en más vocalías, con nuevos cargos y más estructura estatal. En ese acuerdo no suena el jingle libertario “no hay plata”.
Los movimientos de la política invirtieron los papeles. Ahora Rosatti advierte al Gobierno libertario que tiene en sus manos la posibilidad de rechazar el DNU que dictó Milei para desregular la economía. La Corte, por ahora, optó por dejar que los tribunales de instancias inferiores hagan lo suyo y decidió no habilitar la feria judicial para analizar los planteos contra el megadecreto. Los ministros del máximo tribunal esperan, incluso, que se pronuncie el Congreso antes de intervenir. El procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, le pidió la semana pasada al Poder Judicial que aguarde a la definición del Parlamento.
Los gobernadores peronistas, Cristina Kirchner y Massa comparten grupos de chat donde se reconstruyó la unidad del peronismo en la oposición. Ese regreso al juego conjunto articuló, por caso, la resistencia contra la boleta única en el Senado que se plasmó a mediados de semana. Pero el kirchnerismo atraviesa una tensión interna. Un sector pretende radicalizar sin esperar y salir a la calle contra Milei. Cristina Kirchner y Massa apuestan a que primero escalen las protestas y luego reaparecer, para evitar ser vistos como los impulsores. No se lo explicaron a Moyano.
Damián Nabot
Candela Ini
