El mandatario rubricó hoy la decisión; en la Casa Rosada relativizan un posible conflicto de poderes con la Corte Suprema, que ya desplazó a la magistrada rosarina de su cargo en el máximo tribunal penal del país
El presidente Alberto Fernández firmó este martes por la tarde el decreto con el que el oficialismo buscará restituir a la jueza Ana María Figueroa en la Cámara Federal de Casación Penal. LA NACION tuvo acceso al documento con el que se prorroga por cinco años el mandato de Figueroa, que fue removida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras haber cumplido 75 años, en agosto pasado. El movimiento del Poder Ejecutivo llega luego de que el último jueves el Senado dio acuerdo al pedido de prórroga de la ahora excamarista en su cargo. La sucesión de movimientos anticipa un conflicto institucional de consecuencias inimaginables.
Para el kirchnerismo, Figueroa siempre fue una magistrada que jugó en sintonía y hasta su remoción, se esperaba que interviniera en el caso Hotesur/Los Sauces, sobre el que este lunes la vicepresidenta, Cristina Kirchner, pidió la nulidad.
La prórroga de Figueroa en el cargo es por el término de cinco años a partir del 9 de agosto de 2023.
La firma de Fernández, en línea con la decisión de la Cámara Alta, abre un escenario en el que se marca un potencial conflicto de poderes, ya que la Corte Suprema decidió hace poco más de tres semanas que Figueroa dejaba de ser jueza, luego de haber cumplido 75 años, edad límite establecida por la Constitución Nacional para ejercer el cargo, a excepción de que se tenga previamente un acuerdo de la Cámara Alta. Como eso no sucedió con anterioridad a la fecha de cumpleaños y la magistrada se mantenía irregularmente en su cargo, el máximo tribunal tomó, por unanimidad, la decisión y así lo comunicó al Consejo de la Magistratura.
Ahora el Consejo recibirá el documento con la firma de Fernández, del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi. A partir de la llegada del decreto al organismo se abre un escenario de consecuencias institucionales insospechadas.
El kirchnerismo venía desde hace meses intentando lograr el acuerdo que mantuviera a Figueroa en su cargo, antes de cumplir la edad. En su vocalía la entonces camarista tenía el expediente que acumuló los casos Hotesur/Los Sauces, que involucra a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a su hijo, Máximo. Florencia, la menor de los Kirchner, fue desvinculada del expediente recientemente.
Hotesur/Los Sauces es uno de los expedientes más sensibles para la exmandataria y sobre el que, luego del corrimiento de Figueroa, fallaron sus compañeros de Sala, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. Los camaristas votaron por la reapertura del caso.
Desde Casa Rosada relativizaban en los últimos días tanto el peso del caso en la voluntad del oficialismo de mantener a Figueroa en el cargo, así como que pueda existir un potencial conflicto de poderes. “No se entiende por qué se metió en su momento la Corte, porque hubo otros casos similares y nunca se metieron”, aseguraron las fuentes consultadas. Las mismas agregaron que “acá interviene el Senado, el Ejecutivo y el Consejo de la Magistratura, ellos no tienen nada que ver, aunque de esta Corte se puede esperar cualquier cosa”, decían por un lado. En tanto que sobre el caso opinaban: “ya se hizo la votación y aunque no estuvo Figueroa, hubiera salido 2 a 1, con lo cual ya está. No se entiende por qué mezclan todo”, sostenían.
Sin embargo, la mirada no es compartida. Desde el punto de vista político si Figueroa vuelve a Casación, el kirchnerismo lograría obturar esa vacante en el máximo tribunal penal del país, al menos cinco años más. Y para la situación judicial de Cristina Kirchner, las consecuencias de esta decisión sobre Hotesur y Los Sauces son inimaginables y pueden incluso motivar que la actual Corte Suprema no pueda pronunciarse sobre el caso, ya que cesó a Figueroa.
