La Unidad de Información Financiera (UIF), en los tres años los que lleva el juicio oral contra Cristina Kirchner por asociación ilícita y fraude, pasó de impulsar el proceso y describir las maniobras delictivas, a pedir la absolución de la vicepresidenta y sus exfuncionarios.
Por: Hernán Cappiello
Ahora sostiene que debe aplicarse el beneficio de la duda y que tomaron decisiones políticas ajenas a la revisión judicial.
En el medio, cambió el gobierno y se sucedieron tres presidentes de la UIF: Mariano Federici, de Cambiemos, que firmó el requerimiento de elevación a juicio; Carlos Cruz, que llegó apenas asumió Alberto Fernández y era muy allegado al Presidente, y Juan Caros Otero, que lo reemplazó tras una serie de conflictos dentro de la UIF y logró aplacar las internas.
Federici dijo a LA NACION que el alegato de hoy de la UIF, que pidió absolver a los acusados, “vuelve a ser parte de los actos de encubrimiento desplegados desde antes del 2016, con los organismos de control puestos al servicio de la asociación ilícita”. Federici agregó: “Atacaron los peritajes y es un disparate porque en el juicio se corroboraron las hipótesis de que hubo sobreprecios. Confío en que ahora el fiscal utilizará esta prueba para formular la acusación que corresponde”.
A pesar de estos cambios en la cúpula del organismo, hasta el año pasado el rol de la UIF en el juicio oral era más bien técnico, aunque sin tener protagonismo, sin interrogar a los testigos ni buscando construir un caso. No había una orden interna explícita de la UIF para dejar de acusar, pero la inconveniencia de ser incisivo era evidente para los empleados del organismo, sacudido por los cambios en la cúpula.
Según fuentes que conocieron cómo se manejó internamente la UIF, había un desorden interno importante. En aquella época era frecuente que en la UIF se hablara de que la motivación de las causas en que las que estaban interviniendo era el “lawfare”.
Buena parte de las pujas internas de la UIF estuvieron protagonizadas por Leandro Ventura, el abogado que alegó hoy en el juicio contra Cristina Kirchner. Ventura era un hombre de confianza de Cruz. Cuando se fue Cruz, él se quedó a cargo del área de Litigios Penales del organismo, luego de la salida de quien era su titular, Claudio Castelli.
La salida de Castelli se dio tras una serie de desavenencias con Ventura que terminaron con la filtración de unos audios con conversaciones privadas que ponían de manifiesto las interferencias políticas en un organismo que debería ser ajeno a esas motivaciones.
El área de Litigios es muy importante porque allí trabajaban unas 15 personas a cargo de querellar en los casos de lavado de dinero y de delitos precedentes del lavado, como narcotráfico o hechos de corrupción.
El cuestionamiento más fuerte que recibió el área de Litigios Penales fue cuando la UIF “se olvidó” de apelar el sobreseimiento de Paolo Rocca en la causa de los cuadernos de las coimas.
Ventura tuvo un rol estelar tras estos cambios, al firmar un escrito en el juicio por lavado de dinero en los casos Hotesur y Los Sauces donde, como ahora, se pronunció a favor de Cristina Kirchner y sus hijos. Estaban acusados de lavado de dinero y fueron sobreseídos por el tribunal oral, que cerró el expediente sin que se hiciera el juicio. Esa decisión está siendo revisada en la Cámara Casación.
En su escrito del caso Hotesur-Los Sauces, Ventura deja de lado precedentes de lavado de activos que la UIF había conseguido mediante litigios a lo largo de los años, dijeron especialistas en blanqueo de capitales. Por ejemplo, cuando sostiene que el delito de lavado de dinero requiere una sentencia previa sobre el delito precedente, algo que la nueva jurisprudencia ya no exigía.
El alegato que pronunció Ventura buscó atacar la médula de la acusación contra Cristina Kirchner: dijo que no se probaron el fraude ni la asociación ilícita. El resto del alegato estuvo a cargo de Alejandro Irachet, un abogado a quien propios y extraños le reconocen una sólida formación académica. Profesor en la Facultad de Derecho, Diploma de Honor de la UBA, lo identifican con las ideas jurídicas de Eugenio Zaffaroni.
Irachet tuvo a su cargo la argumentación que desvinculaba del caso a Lázaro Báez y a los exministros y exsecretarios del kirchnerismo. Pidió un año de condena en suspenso, por un delito menor (incumplimiento de los deberes de funcionario público) para media docena de funcionarios santacruceños. Para la UIF, eso es todo el castigo que se debe imponer tras este largo juicio por corrupción.
Hernán Cappiello
