Ante la posibilidad de falta de respaldo, advirtió: «Examinaremos detenidamente cada partida sin consideraciones».
En el contexto previo a la sesión en comisión, donde el oficialismo busca obtener el dictamen del proyecto de la ley ómnibus impulsada por Javier Milei, el Gobierno nacional emitió una fuerte advertencia a los gobernadores.
Durante la conferencia de prensa habitual en la Casa Rosada, el portavoz indicó que no contemplan la hipótesis de que el proyecto de ley bases falle en el Congreso, pero señaló que, en caso de suceder, las consecuencias recaerán sobre las provincias.
«A pesar de no ver motivos para que el proyecto de ley bases no se convierta en ley, en caso de que eso no ocurra, continuaremos con la corrección de las cuentas públicas. No hay otra opción. La corrección de las cuentas públicas incluirá el análisis detallado de todas las partidas que el Gobierno nacional transfiere a las provincias, en todos los aspectos posibles», afirmó Adorni.
Y agregó: «La ley busca hacer más sólida esta transición hacia una Argentina en crecimiento, con mejores salarios y niveles de empleo. En caso de que esto no suceda, el déficit cero no está sujeto a negociación. En ese escenario, revisaremos cada partida que el Gobierno nacional aporta a las provincias, sin tener contemplaciones, sabiendo que si la ley no es aprobada, el ajuste será mayor para todos, no solo para el Gobierno nacional, sino para cada una de las partidas que se transfieren a las provincias».
El oficialismo convocó a un plenario de comisiones para discutir la ley ómnibus, oficialmente denominada proyecto de «Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos», a las 18 horas de hoy en la Sala de Reuniones del 2° piso del Anexo «C» de la Cámara Baja.
Después de una prolongada negociación que incluyó numerosas modificaciones a la propuesta original, los legisladores comenzarán a debatir el nuevo texto con el objetivo de emitir un dictamen para su tratamiento en una sesión, programada para el próximo jueves en la Cámara de Diputados, si no hay cambios.
La convocatoria se realizó esta mañana después de un lunes de intensos debates, culminando con el pedido de los gobernadores de la UCR y el PRO en una cumbre con Guillermo Francos, ministro del Interior de la Nación.
En medio de la disputa sobre la eliminación de retenciones al agro y la industria, el Gobierno anunció que enviará al Congreso el proyecto de ley de ingresos personales para revertir la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, derogada a fines de 2023. Según fuentes, el tributo afectará a salarios a partir de 1.3 millones de pesos mensuales.
En relación a las retenciones, Adorni señaló que «es un tema en discusión y una preocupación de los gobernadores». Aunque afirmó ser respetuosos del debate y estar abiertos al diálogo, evitó adelantar si el Gobierno aceptará las peticiones de los mandatarios provinciales.
Respecto a las economías provinciales, Adorni informó que el Banco Central decidió no extender una norma que vence a fin de mes, permitiendo a las administraciones provinciales recurrir a fondos de bancos locales para cubrir el déficit y afrontar deudas corrientes.
Adorni también abordó dos temas destacados en la agenda: la reversión de cambios en el impuesto a las Ganancias y la huelga general de la CGT. Confirmó que hoy se presentará al Congreso el proyecto para revertir cambios en el tributo, justificando la posición de Javier Milei como diputado el año pasado y asegurando que cualquier modificación será temporal.
«El presidente, cuando era diputado nacional, votó a favor entendiendo que bajar impuestos era responsabilidad del Poder Legislativo, con la contrapartida de reducción del gasto ejecutivo, lo cual no sucedió», declaró el portavoz. Añadió que cualquier cambio en el impuesto a las Ganancias será temporal y se irá reduciendo a medida que se ordene la economía.
Sobre la huelga de la CGT, Adorni cuestionó nuevamente al sindicalismo, afirmando que están «del lado equivocado de la historia». Consideró que anunciar un paro tan pronto después de asumir el Gobierno fue apresurado y espera que la jornada permita a los trabajadores decidir libremente si quieren trabajar o sumarse al paro, sin afectar los derechos ni imponer decisiones a quienes no estén de acuerdo.
