Los relatos apuntan a un trabajador que todavía cumple funciones en el hospital. Hay más muertes en el sistema de salud mental que en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo al último informe de la Comisión Provincial por la Memoria
Por Federico Fahsbender
Mariela se encogió con algo de miedo. No conocía a la mujer que tenía enfrente y le hacía preguntas durante la inspección de la Comisión Provincial por la Memoria de julio de 2016. Titubeó un poco. No fue inmediato.
Después, Mariela empezó a hablar.
Hacía ya tiempo que estaba internada en la sala de admisión del Hospital Neuropsiquiátrico Interzonal José Esteves. Un empleado de limpieza del turno noche, al que ella creía un enfermero, la aterraba particularmente. Mariela contó cómo había ido a orinar después de que la medicaran tras la cena, en un baño común: el hombre de la limpieza apareció frente a ella en el inodoro, sacó su pene afuera y mientras se masturbaba, el hombre intentó tocar sus pechos y su vagina. Luego, le pidió sexo oral. «Mientras me chupaba una teta me decía que estaba muy rica», aseguró: «Yo le pedía que pare».
El hombre de la limpieza volvió, eventualmente. Volvió a tocarla en otras ocasiones. «Me tocó la teta», dijo Mariela, de 21 años, oriunda de la periferia de La Plata: «Me puso el pito atrás».
No estuvo sola en su relato. Otra paciente en Admisión dijo haber visto cómo el empleado de la noche tocaba.
Mariela finalmente dio un nombre: «Abel».
El nombre de «Abel» se repitió más tarde. Otra paciente en la sala de Admisión relató cómo el encargado de limpieza «la empujó contra la pared del pasillo que une la habitación colectiva con el salón comedor», dice la transcripción de su testimonio en un documento de la Comisión Provincial: el golpe le causó un corte en la frente. Los especialistas de la CPM llegaron a la Sala 3 del Esteves.
Una paciente aseguró haber visto a Mariela llorar. Así, la acompañó a un teléfono y aseguró que denunciaron a «Abel» en la línea 144 de atención a mujeres en situación de violencia. Otras mujeres internadas describieron otros problemas. «Te da medicación de más», dijo una mujer que aseguró que intentó abusar «de una de las chicas». Luego contó cómo «Abel» «la ahorcó, la tiró al piso y le pisó el hombro».
El informe elevado poco después por la CPM al Ministerio de Salud de la Provincia revela otras cosas tan cotidianas como horribles de los manicomios de la Argentina: «Tratos crueles, inhumanos y degradantes», asegura el texto, relatos de sujeción por la fuerza, internas que se bañaban a la vista de personal masculino y se secaban con sábanas viejas por la falta de toallas, huesos quebrados sin tratamiento médico, fugas, sobremedicación, exceso de «pichicatas que te inyectan» que llevaban a las internas a no distinguir el día de la noche. 25 mujeres fueron encontradas privadas de su libertad en el Servicio de Admisión con un régimen de aislamiento de 20 horas diarias, algunas de hasta 24 horas completas.
La comida fétida y los olores rancios parecían lo de menos en el esquema general. La CPM habló de «un depósito con desechos patológicos acumulados así como al aire libre… gasas con sangre, pañales, guantes de látex y prendas con sangre, 100 bolsas en total». Encontraron hasta pacientes con más de 15 años de institucionalización. La CPM pidió la clausura de la sala de Admisión, políticas de género, sumarios administrativos.
«Abel», por otra parte, no era un alias ni una confusión: era, según la imputación judicial, Abel Bordón, hoy de 50 años, oriundo de Longchamps, trabajador del lugar que resultó imputado con una causa por abuso sexual con acceso carnal que tramitó en la UFI Nº9 de Lomas de Zamora, al momento del comienzo de la causa a cargo del fiscal Mariano Leguiza Capristo. Bordón recibió la prohibición de acercarse a 500 metros del hospital.
Tres años después, Bordón sigue ahí en el Esteves, cobra un sueldo hasta hoy, según fuentes previsionales, con aportes al día. Funcionarios en el Ministerio de Salud aseguran que Bordón hoy se desempeña en un área administrativa, separado de las pacientes. Las mismas fuentes -que indican que las autoridades del Esteves acompañaron a las víctimas en hacer la denuncia penal- aseguran que tiene un expediente administrativo en su contra en la Dirección de Sumarios provincial desde inicios de 2017. Sin embargo, la decisión de separarlo de su puesto depende de «una eventual decisión de la Justicia».
Semanas atrás, la CPM publicó su informe sobre casos de violencia institucional en la provincia ocurridos durante 2018, un tomo de casi 500 páginas. Su último anexo es una planilla con nombres de víctimas fatales, los muertos de las instituciones del Estado. La comparación es alarmante: los muertos del sistema de salud mental superan a los del sistema penitenciario si se comparan las tasas de mortalidad con respecto a las poblaciones generales. El Servicio Penitenciario Bonaerense tuvo 140 fallecidos, el mismo informe marca 120 personas muertas a manos de la policía Bonaerense en el mismo año.
En ese período, 77 personas murieron entre los hospitales públicos monovalentes y especializados. El número asciende a 180 si se tienen en cuenta las instituciones privadas. El SPB tiene más de 43 mil personas presas a su cargo; los psiquiátricos públicos monovalentes y especializados de la provincia apenas superan los dos mil pacientes, de acuerdo a información provista por los hospitales a la Comisión. El hospital Esteves tuvo 12 muertos, con 37 en Open Door y 16 en Melchor Romero, cuyos diversos problemas fueron históricamente denunciados por el CELS.
El manicomio bonaerense, de acuerdo a datos del CPM, mata más que la comisaría o la cárcel.
En el informe 2018, el hospital Esteves tiene su capítulo. «Hemos entrevistado mujeres que fueron internadas en el manicomio por el mismo hombre que tenía denuncias por violencia y restricciones perimetrales de acercamiento», marca la CPM.
Hubo 513 ingresos en el hospital el año pasado: 217 pacientes volvían al lugar por segunda o tercera vez, una reinternación. «El manicomio produce y reproduce violencias hacia las mujeres», asegura el informe. Las presentaciones de la Comisión a la Justicia sobre el Esteves fueron fuertes, con varios habeas corpus y una presentación general al Juzgado de Garantías Nº6 de Lomas de Zamora.
Natalia Rochetti, trabajadora social, directora del área de salud de la CPM, afirma: «Se han modificado salas en el Esteves en cuanto a estructura, pero no obedece a una respuesta integral. En cuanto al abuso, no nos preocupa la respuesta del hospital sino del Poder Judicial que descreyó de la víctima por tener un padecimiento de salud mental. Cuando monitoreamos estos lugares hay resistencias. No tiene que ver con la autoridad del hospital, sino con una política del Estado que perpetúa a las personas en los manicomios y no genera dispositivos para que salgan. Todo esto es tierra de nadie. No hay un control ni capacitación. El abuso no se previene con capacitación, el Esteves es un hospital público, el Estado debe garantizar la situación».
Las muertes en el sistema de salud mental, asegura Rochetti, ocurren no por suicidios, «sino por neumonías, cuestiones de salud evitables. Hay muertes por ahogo de personas sobremedicadas».
En mayo de 2018, la CPM regresó otra vez a la sala de admisión del Esteves. S., una paciente, le aseguró a una trabajadora social que un hombre, “un enfermero”, la atacó “mientras dormía”. “Cuando se despertó se vio llena de moretones en su pecho producto del manoseo”, marcó el informe posterior. Llamó a la línea 144 cuando despertó. Efectivos de Policía Científica la revisaron. Lo hizo un hombre. “No me gusta que me vean desnuda”, aseguró S..
La víctima pudo describir a su agresor, “flaco, alto, se llama Diego”. S. no tenía vínculos a su alrededor, estaban destruidos: había sido abusada de chica por su padrastro, su madrina era su única familiar con la que tenía un poco de contacto. Apenas confiaba en otra compañera en el Esteves, con la que se entrevistaron los miembros de la CPM: a su compañera le dijo que el enfermero intentó forzarla a que le practique sexo oral.
En agosto de 2018, tres meses después, la Bonaerense detuvo a tres hombres en el Esteves por ordenes de la UFI Nº9, dos enfermeros y un jardinero acusados de cambiar sexo por remedios.
En junio de este año, una paciente murió en un incendio en el Esteves. Trabajadores del hospital nucleados en el sindicato CICOP aseguraron que había “una sola enfermera en el turno de las 18 a 24 horas para atender a 28 pacientes”. Los informes de la CPM reflejan las mismas carencias y hablan de un entorno que propicia la violencia sexual contra pacientes. El hospital Esteves no es el único lugar que acumula acusaciones: en marzo de 2018, una joven de 18 años denunció por violación a un empleado de limpieza del hospital Alvear en Capital Federal. El hombre fue detenido y procesado con prisión preventiva.
