Ordenan detener a un juez federal y a dos de sus secretarios por sus vínculos con el narcotráfico.
El escándalo del narcotráfico en Itatí, en Corrientes, primero involucró a la dirigencia política y a funcionarios de fuerzas de seguridad. Pero los nexos y complicidades de los supuestos capos narcos, según el expediente, también habrían estado aceitados en el Poder Judicial. Ante el conjunto de pruebas, el juez Sergio Torres ordenó la detención del titular del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita y de favorecer con sus decisiones, a cambio de dinero, a los sospechosos que debía investigar.
Soto Dávila, juez federal con competencia electoral desde hace 22 años, no quedó preso, a diferencia de sus secretarios Pablo Molina y Federico Grau, porque tiene inmunidad de arresto. Para hacer efectiva su detención debe ser destituido por un jurado de enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura, donde acumula a lo largo de su trayectoria diez causas por mal desempeño que nunca prosperaron.
Molina fue detenido hoy a la mañana por personal de la Gendarmería Nacional en su domicilio de Resistencia, Chaco. Grau fue apresado en Corrientes.
El personal de la Gendarmería Nacional también detuvo a los abogados Omar Serial, Humberto «Pochi» Giménez, Tomás Viglione, Duylio Barboza Galeano y Jorge Ricardo Vallejos, que representaron legalmente a los presuntos narcos que operaban en Corrientes.
El juez federal Torres y su equipo llevan adelante una megacausa por el contrabando de marihuana en Itatí; participan de esa investigación el fiscal federal Carlos Stornelli y sus colegas de Corrientes Flavio Ferrini y Carlos Schaefer, con colaboración la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias. Se trata de 39 expedientes conexos con 132 imputados, de los cuales 89 esperan el juicio oral y público; hay seis arrepentidos, tres testigos de identidad reservada, 14.646 kilos de droga secuestrados, 33 armas de fuego incautadas y 2070 municiones decomisadas.
En la investigación de esta megacausa se logró desentrañar, a partir de la desgrabación de más de 4000 CD de escuchas telefónicas y el testimonio de uno de los seis «arrepentidos», cómo funcionaba el sistema de corrupción entre los narcos, liderados por Federico Marín, alias Morenita, el juzgado federal N°1 de Corrientes y un grupo de abogados que intermediaba en el pago de los sobornos para conseguir que los miembros de esta organización fueran beneficiados por Soto Dávila.
El juez federal N°1 de Corrientes es señalado por fuentes judiciales como el jefe de la asociación ilícita que cobraba dinero para favorecer a través de resoluciones judiciales -como excarcelaciones o exenciones de prisión- a los miembros de la organización encabezada por Morenita Marín. Dos de sus secretarios, Grau y Molina, eran quienes negociaban con los abogados de los narcos el pago de los sobornos, según precisaron aquellas fuentes.
Soto Dávila es juez federal desde el 7 de noviembre de 1996, y a lo largo de los 22 años que lleva al frente del juzgado acumuló seis pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura, uno de ellos relacionado con este entramado, que nunca prosperó.
Se sospecha que el magistrado y sus secretarios transformaron el juzgado federal de Corrientes en un centro de operaciones donde desde 2010 hasta 2017 se garantizó la impunidad a esta banda narco, a los que se le secuestraron 20 toneladas de marihuana en ese lapso. En la extensa investigación se detectaron los montos que los narcos habrían pagado por medio de sus abogados a los funcionarios del juzgado federal. También se contrastaron las resoluciones judiciales que favorecieron a los narcos después que se ejecutaron los pagos.
Más allá de los «arreglos» espurios que tejían sus secretarios Grau y Molina, en la causa se destaca que el propio Soto Dávila negociaba cara a cara con el exintendente de Empedrado Juan Manuel Faraone, que fue detenido el 19 de octubre pasado.
Como publicó LA NACIÓN el 13 de noviembre pasado, un arrepentido declaró ante el juez Torres que el exintendente de Empedrado Juan Manuel Faraone compraba cocaína «para las fiestas que organizaba en su yate en Paso de la Patria, a las que asistía el juez (Carlos) Soto Dávila y Grau», secretario del juzgado, que fue suspendido por la Cámara de Apelaciones en diciembre de 2016. El otro secretario, Molina, fue procesado por «cohecho» en abril pasado y separado del cargo por decisión de la Cámara de Apelaciones.
La banda comandada por Marín ingresaba desde Paraguay grandes cargamentos de marihuana a través de Itatí, desde donde se distribuían en por lo menos siete provincias. Para que esta organización pudiera funcionar de manera aceitada, como lo hizo hasta 2017, eran imprescindibles las complicidades con el poder político, las fuerzas de seguridad y la propia justicia federal.
Desde que se inició esta investigación se fueron desmantelando distintas capas de estas complicidades que le daban las garantías a la banda para poder seguir operando. En el primer capítulo de lo que se llamó Operación Sapucay fueron detenidos en marzo de 2017 el intendente de Itatí Natividad «Roger» Terán y el vice, Fabio Aquino, como así también el comisario Diego Alvarenga y el gendarme Gabriel Alcaraz. Desde esa fecha hasta ahora hay 89 imputados cuyas causas fueron elevadas a juicio, 33 que están procesados y 10 personas que siguen con pedido de captura.
La detención de Morenita Marín, el 12 de octubre pasado, tras haber pasado casi dos años prófugo, fue clave para la causa que investiga el juez Torres. Marín era el jefe máximo de la organización, junto con Carlos Bareiro y Luis Saucedo.
Los tres narcos convirtieron durante la última década a Itatí, un pueblo de 9000 habitantes ubicado a la vera del Paraná, en la puerta de entrada de la marihuana que se produce en el centro y norte de Paraguay, principal productor de cannabis de Sudamérica.
Por: Gabriel Di Nicola y Germán de los Santos
