Quien le hizo eso fue detenido hace pocas horas y enseguida aparecieron nuevos cargos en su contra.
Jésica –igual que su expareja, que tiene 69 años– viven en Santa Eufemia, un pueblo de 800 habitantes situado a 240 kilómetros de la capital provincial. Conmocionados por el relato, por la confesión de la mujer, ese pueblo se movilizó masivamente para pedir justicia por ella.
La historia comenzó cuando tenía 13 años. “Se juntó conmigo porque quedé embarazada, y cuando le fui a contar que lo estaba, con toda mi alegría, él me pidió que abortara. Mi mamá, para hacer las cosas simples, firmó un papel como que él se hacía cargo, cargo como si yo fuera un perrito y te lo llevaras. Eso hizo mi mamá, que no la juzgo, pero perdí mucho, perdí a mi bebé…”.
Agregó: “Esto no es de ahora. Hace 20 años que viene pasando. Todo se desencadena cuando mi hijo falleció por estos maltratos psicológicos hacia mí que escuchó y por la mala relación que tenía su padre con sus hermanos”. Puntualizó que su hijo era estudiante universitario y el padre “lo presionaba psicológicamente”. Se fue de la casa. Y tomó “la más triste decisión que puede tomar un ser humano”.
Benítez hizo la primera denuncia hace unos años. Se presentó ante la jueza de Paz, le contó lo que vivía y le insistió con que él estaba “enfermo psiquiátricamente” y que quería “que fuera tratado” por eso. Entonces, admite, no quería “mandarlo preso”, pero pedía ayuda. “La jueza tuvo la oportunidad de hacer algo y no lo hizo. Me dejó viviendo con el peor enemigo”, dijo al Canal 69 de Santa Eufemia. Esa funcionaria es María Julia Poli.
“La jueza me dijo que iban a poner una restricción y que por 180 días no nos íbamos a ver. Yo le creí. Al día siguiente lo citaron y cuando vino a casa me tiró el papel en la cara. “’¿Así que hiciste esto?, mañana vamos a ir juntos”, la amenazó. Al día siguiente, efectivamente, la llevó de nuevo ante la jueza. “Esta señora, que es un mamarracho, jugó con mi vida y con la vida de mi hijo. Tuvo la oportunidad de hacer algo y no lo hizo. Me dejó viviendo con el peor enemigo”.
Como los dos viven en el mismo pueblo se siguieron cruzando hasta la detención de él. Recordó que tenía a toda la familia sometida. Dijo que “les sacaba a sus hijos el plato de comida” y que su hija mayor “nunca pudo llevar amigas a la casa porque él las desnudaba”.
Las reacciones
Después de que su historia se hiciera pública, la Fiscalía de La Carlota la citó para ampliar su declaración y ordenó la detención del hombre, que también es investigado por los supuestos delitos de abuso sexual calificado por la convivencia preexistente con una persona menor de 18 años y desobediencia a la autoridad, enmarcados en casos de violencia familiar y de género, en perjuicio de dos mujeres de actualmente 35 y 20 años.
Un comunicado del Ministerio Público Fiscal indica que los hechos comenzaron en 1999, cuando una de las víctimas era una niña de 13 años, mientras que el imputado tenía 49, y que se prolongaron hasta la actualidad, período en el que el acusado llevó a cabo distintos tipos de violencia en perjuicio de la damnificada. En cuanto a la otra víctima, que hoy tiene 20 años, comenzó a ser abusada a los 15 y vivió en ese infierno hasta los 18.
Además, le amplió la imputación agregándose los delitos de “abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual y abuso sexual con acceso carnal, por hechos cometidos sin solución de continuidad desde el año 1999 a 2020”.
Además la Fiscalía investiga la actuación de personal policial y le requirió al juez de Control La Carlota que inicie una investigación jurisdiccional relativa a la intervención de la jueza de Paz a los fines de determinar la posible existencia de hechos delictivos.
“Por otro lado, con relación al fallecimiento del hijo de la denunciante, ocurrido en diciembre pasado, las actuaciones se labran en la ciudad de Villa María, que es donde ocurrió. Se remitieron las actuaciones pertinentes a dicha sede”, precisaron desde el Ministerio Público Fiscal.
En la movilización posterior a que los hechos tomaran estado público. los vecinos de Santa Eufemia firmaron un petitorio que entregaron al intendente Gerardo Allende. Se le pidió que en forma “urgente” ponga en funcionamiento una oficina de atención integral de las mujeres víctimas de violencia de género.
“Hoy nos juntamos en este espacio público para pedir justicia. Ayer sirvió para que las autoridades judiciales de La Carlota tomaran conocimiento de gravísimos hechos de violencia de larga data, que no fueron escuchados por las autoridades locales de Santa Eufemia. La insensibilidad y desprotección estatal por un lado, y el desconocimiento y temor por el otro, hicieron que estas situaciones se repitieran hasta el cansancio, con las graves consecuencias que todos conocemos”, dice el texto.
Gabriela Origlia
