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Según el Fiscal, «Conci es un subordinado de Stinfale»

El fiscal Federico Delgado, que investiga las muertes de cinco jóvenes tras ingerir drogas sintéticas en la fiesta electrónica Time Warp, advirtió hoy que su "hipótesis de máxima" es que el detenido presidente de Dell Producciones, Adrián Conci, "es un subordinado" del también apresado y abogado Víctor Stinfale.

El funcionario judicial, además, alertó que "la Prefectura (Naval) está altamente comprometida" porque "no se" pudo haber vendido estupefacientes "sin que, por lo menos, baje la mirada la presencia física del Estado federal" en el "predio" porteño de Costa Salguero.
En esa línea, confirmó que, según una hipótesis de la investigación judicial, había adentro del lugar "un grupo de personas de civil" de la fuerza de seguridad "haciendo tareas de inteligencia que no vio nada", al tiempo que recordó que "casi todos los testigos dicen que era una zona liberada".
Asimismo, sostuvo que "al menos fallaron los inspectores" del gobierno de la Ciudad "que tenían que hacer el control, porque había más de 20 mil personas (en el predio) cuando no podía haber más de 13 mil".
Además, insistió con que "la organización facilitó o creó las condiciones para que las drogas se vendan" en el predio de Costa Salguero, a la vez que advirtió que eso constituye "un delito que está contemplado en la ley que reprime la tenencia" y comercialización de estupefacientes.
El funcionario judicial volvió a cargar contra el abogado al sostener que "todo el grupo (organizador) que está formalmente como cabeza visible de sociedades no toma decisiones", sino que "las toma Stinfale".
No obstante, en diálogo con radio Nacional, reconoció que "es verdad" que el letrado "no tiene ningún vínculo objetivo con las sociedades, no figura en ningún papel", pero manifestó que sin embargo "es quien ejerce el poder de hecho".
Delgado argumentó que "la empresa Energy Group, que es la matriz de todo esto, la fundó él en 1998 y aún hoy la (ex) mujer de Stinfale (Andrea Fasano) trabaja para esa firma".
Por último, el fiscal consideró que el abogado tenía la "decisión estratégica" de "trabajar a través de otras personas" porque posee "un embargo e inhibición general de bienes que le impide ejercer el comercio", debido a que "está procesado en la causa de encubrimiento del atentado contra la AMIA".

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