El avance en la investigación, liderada por el fiscal Pablo Jávega, se basa en pruebas genéticas que vinculan directamente a Bárzola con la escena del crimen.
El cotejo genético se realizó sobre dos muestras clave: el cinto de la bata hallado en el cuello de la víctima y un vello púbico recolectado del cuerpo. Estas pruebas, realizadas en septiembre de 2023, arrojaron coincidencias con el ADN de Bárzola, ahora de 44 años.
Este hallazgo marca un punto de inflexión en el expediente, casi 18 años después del asesinato ocurrido el 25 de noviembre de 2006, en el country Villa Golf de Río Cuarto.
Un sospechoso señalado desde el inicio
Bárzola había sido mencionado en varias oportunidades durante la investigación. En 2007, Marcelo Brito, abogado defensor del viudo absuelto, Marcelo Macarrón, solicitó sin éxito la indagatoria y extracción de ADN del colocador de pisos. Además, Delia “Nené” Grassi, madre de Dalmasso, lo había señalado como la única persona con quien su hija había tenido conflictos. Grassi falleció en 2022, sin conocer al culpable del asesinato de su hija.
Durante el juicio contra Macarrón en 2022, Bárzola declaró como testigo, asegurando que trabajó tres días en la casa de la víctima y que solo la vio una vez.
Un caso cuestionado por los expertos
El abogado Gustavo Liebau, defensor de Macarrón, criticó la gestión inicial del caso, señalando que la investigación ignoró pruebas y testimonios clave:
“Mientras el fiscal Jávega es un ejemplo de cómo hacer las cosas bien, lo anterior es el ejemplo de cómo hacerlas mal”.
Liebau también destacó un informe del prestigioso forense Osvaldo Raffo que apuntaba en la misma dirección, pero que no fue considerado en su momento.
Imputación sin juicio
Bárzola ha sido notificado como imputado por el homicidio, aunque no enfrentará juicio debido a la prescripción del caso. Sin embargo, se le asignó un defensor oficial.
El Ministerio Público Fiscal de Córdoba comunicó oficialmente la existencia del nuevo sospechoso, afirmando que las pruebas genéticas fueron posibles gracias a la cooperación del Centro de Genética Forense de Córdoba, el National Center for Forensic Science de Florida, EE.UU., y el Ministerio de Justicia provincial.
Aunque no habrá condena judicial, los familiares y abogados de la víctima buscan convertir este caso en un ejemplo para prevenir la impunidad por prescripción:
“No solo por Norita, sino por todas las víctimas que se quedan sin Justicia. Queremos que este sea un caso emblemático”, concluyó Liebau.
