La Unidad de Delitos económicos allanó hoy por la mañana la sede del Arzobispado de Orán por presunta estafa al Estado en el momento que el obispo Gustavo Zanchetta se encontraba a cargo de la sede.
Según indicó el diario el oranense el procedimiento se realizó cerca de las 11 de la mañana bajo un gran hermetismo. Fuentes cercanas a El Tribuno confirmaron que se llevaron varias carpetas que serán materia de investigación. En agosto de este año una nota de El Tribuno daba cuenta sobre una investigación que se realizaba contra el obispo Zanchetta por presunta estafa al Estado.
En ese momento y según lo que este matutino constató mediante los decretos publicados, es que el dinero que el Gobierno provincial le otorgó al Obispado de Orán, en ese momento, fueron $486 mil entregados en 9 cuotas de $54 mil a partir de junio del 2015 (decreto 1965/15) para la construcción del seminario San Juan XXIII. En mayo del 2017, mediante decreto 629/17, se le entregaron $600 mil para la restauración de la casa parroquial de la Parroquia San Roque de Embarcación. Quince días después, el decreto 746/17 mandó otorgar otros $200 mil para reparaciones edilicias en la escuela parroquial Pedro Ortiz de Zárate de Pichanal. Más de un millón de pesos es lo que oficialmente se le otorgó al Obispado de Zanchetta durante su gestión, mientras se desconoce el monto que se derivó para aquel ‘4A‘ del seminario que no habría existido, y por la que habrían cobrado docentes laicos y religiosos.
Amparándose en las disposiciones del decreto 1574/02 (que regula el ejercicio del derecho de acceder a la información pública), El Tribuno solicitó formalmente que se le brinde información tendiente a conocer la pertinente rendición de cuenta de los subsidios estatales otorgados al Obispado oranense, además de los contratos de comodatos de propiedades cedidas por el Estado, lo cual debiera ser información de libre acceso. Sin embargo, aún cumplidos y excedidos los plazos legales de 30 días que establece la norma, no se pudo conocer si las rendiciones de cuenta a los organismos fueron realizadas, produciéndose una manifiesta violación de este derecho que la Corte Interamericana de Justicia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación han considerado como un derecho humano fundamental, y el que además se fundamenta en el derecho de conocer la manera en que los gobernantes y funcionarios desempeñan sus funciones. La fiscal Viazzi tampoco pudo acceder a dicha información a pesar de también haberla solicitado.
Fuente: El Tribuno
