Trece años después de aquel episodio fortuito, fiscales federales piden ahora que dos argentinos sean enjuiciados como partícipes necesarios de lavado de activos.
El choque de un Chevrolet Astra conducido por un mexicano que, aunque no tenía residencia en el país, contaba con una cédula azul expedida a su nombre, encendió las alarmas en las oficinas gubernamentales que siguen el narcotráfico internacional. Ese incidente de tránsito en Puerto Madero, hace casi trece años, dio lugar a una larga investigación que puso bajo los reflectores de la Justicia argentina a la pata local del cartel de drogas mexicano Jalisco Nueva Generación. Ahora, fiscales federales pidieron que sean llevados a juicio dos argentinos que participaron de las operatorias de lavado de dinero del brazo financiero de la organización criminal, conocido como “Los Cuinis”.
Según informó el Ministerio Público en su portal de información fiscales.gob.ar, “en una presentación conjunta, los titulares de la fiscalía federal N°1 de Morón y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (Dgradb), Sebastián Basso y María del Carmen Chena, respectivamente, le solicitaron al responsable del Juzgado Federal N°3 de esa jurisdicción, Elvidio Portocarrero Tezanos Pinto, la elevación a juicio parcial de la investigación seguida contra dos ciudadanos argentinos como partícipes necesarios del delito de lavado de activos agravado por ser realizado por una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza”. Consideraron que “los dos imputados habrían desplegado maniobras para introducir en el mercado legal dinero proveniente del brazo financiero del cartel mexicano de Jalisco Nueva Generación”.
Los fiscales, en su dictamen, solicitaron el sobreseimiento de otros siete implicados, empleados de una empresa creada como fachada de las actividades de lavado de dinero narco, y reclamaron el decomiso del dinero depositado en distintas cuentas bancarias, originado en transferencias provenientes del exterior, y vehículos e inmuebles adquiridos en la Argentina con el producto del accionar ilícito.
Como se dijo, el final del verano de 2009 fue el telón de fondo del inicio azaroso de la pesquisa. Hubo un choque en Puerto Madero, y a los agentes que intervinieron les llamaron la atención varias circunstancias: una, la actitud de los involucrados en el incidente de tránsito; la otra, que siendo extranjeros sin residencia en el país, tuvieran consigo documentación expedida a su nombre.
Las consultas a las bases de datos arrojaron que el dueño del Chevrolet Astra y los dos mexicanos que iban en el coche podrían estar involucrados en el narcotráfico. El foco quedó puesto en presuntas actividades del cartel de Jalisco, poderosa organización del oeste mexicano.
Los primeros datos que obtuvo la fiscalía de Basso dieron cuenta de que los tres mexicanos habían llegado al país como turistas entre agosto y octubre de 2008 y se alojaban en el edificio Le Parc de Puerto Madero, lujoso enclave que, siete años después, también en verano, sería epicentro del conmocionante caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman.
El 4 de diciembre de 2008 -se precisó en fiscales.gob.ar- constituyeron la firma “Círculo Internacional S.A.”, la cual inscribieron en la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires con el objeto de “compra, venta, distribución, comercialización… de productos alimenticios, bebidas, etc.” y declararon como domicilio de la sede social la dirección de Ituzaingó donde vivía el hombre que figuraba como titular del Chevrolet Astra involucrado en el choque de Puerto Madero y de una camioneta Ford EcoSport, “aunque carecía de registros de actividad económica significativa que le permitiera vincularlo con la creación de la sociedad comercial o la capacidad para adquirir dichos vehículos”.
Mientras, los tres mexicanos mantenían un nivel de vida ostentoso y también habían comprado un depósito en el barrio porteño de Parque Chas.
Basso y Chena señalaron que “las actividades desarrolladas por los ciudadanos mexicanos fueron maniobras de lavado de activos provenientes de actividades ilícitas vinculadas con el narcotráfico y que involucran al Cártel Jalisco Nueva Generación y su brazo financiero denominado ‘Los Cuinis’”. El Ministerio Público precisó que eso “habría ocurrido entre los años 2008 y 2012, cuando gran parte de los integrantes de la organización abandonaron la Argentina o fueron detenidos en Uruguay, como es el caso de Gerardo González Valencia, hermano del líder de la organización narcocriminal, quien habría reclutado a los dos ciudadanos argentinos imputados”.
Uno de esos argentinos es taxista. Conoció a González Valencia una vez que lo llevó, en su auto de alquiler desde un shopping de la zona de la city porteña. Trabaron relación y, desde entonces, cada vez que algún miembro del cartel viajaba a la Argentina contactaba a ese chofer. Eso pasó con los tres mexicanos que se alojaron en Le Parc. La confianza que se ganó fue tal que no solo lo contrataron como chofer personal: le dieron dinero para que comprara a su nombre el Astra y la EcoSport y, en contraprestación, el taxista les dejó usar su dirección particular, en Ituzaingó, para que los mexicanos la pusieran como domicilio legal a la hora de fijar la sede de Círculo Internacional SA. Se convirtió en “prestanombre”.
El otro argentino imputado conocía a Gerardo González Valencia desde 2010, ya que estableció una oficina en el mismo piso donde él trabajaba, en Zapopan, el municipio más rico de Jalisco. “Posteriormente, este hombre fue contratado como auditor de la firma en nuestro país y representó los intereses de la sociedad mexicana al hacerse cargo del funcionamiento de sus actividades e incluso al tomar intervención en distintos actos asamblearios, vinculados a la remoción y/o cambio de autoridades”, precisaron los fiscales.
Por ejemplo, según consta en la edición del jueves 9 de septiembre de 2010 del Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, consta que “Por Acta de Asamblea General Extraordinaria del 25/01/10, protocolizada en Escritura Pública N° 12 del 27/01/10, se resolvió designar el Directorio así: Presidente: Francisco Marzio Medina González y Director Suplente: Julio César Alegre Ortega. Se reformó el Artículo 11 así: Directorio entre un mínimo de 1 y un máximo de 7 miembros titulares, e igual, mayor o menor número de suplentes. Plazo: 3 ejercicios”.
Este hombre era el nexo entre los capos financieros del cartel y las operaciones en la Argentina.
Basso y Chena consideraron que, a partir de los aportes de los dos ciudadanos argentinos, “la ideación criminal pudo materializarse en una serie de actos delictivos múltiples, orquestados y controlados minuciosamente por los ciudadanos mexicanos y por quienes los asistían, los cuales les permitieron inyectar millonarias sumas de dinero sospechadas de provenir del tráfico de drogas en el sistema financiero local, ya sea mediante giros provenientes del exterior del país, o a través de la compra de bienes registrables y depósitos en las cuentas que registraban en el Banco Santander Río (actual Santander)”.
