Hoy por la mañana, el Juzgado de Garantías N°6 de Dolores a cargo del juez David Mancinelli, bajo cuya firma está el expediente que investiga el asesinato a golpes en el cráneo de Fernando Báez Sosa, recibió un planteo quizás inesperado:
Hugo Tomei, abogado de los rugbiers acusados, anunció que sus defendidos, hoy presos en la Alcaldía N°3 de Melchor Romero, renunciaron formalmente a la posibilidad de un juicio por jurado popular, un movimiento que se había rumoreado semanas atrás.
Así, un año después, con el caso elevado a juicio y la investigación cerrada por la fiscal Verónica Zamboni -que pidió el sobreseimiento de Alejo Milanesi y Juan Guarino al no poder vincularlos al ataque-, los ocho acusados de Zárate optaron por un tribunal de magistrados por el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, además de lesiones leves causadas a los amigos de Fernando.
En su escrito, según confirmaron fuentes del caso a Infobae, Tomei planteó la nulidad de la requisitoria de elevación porque dice que no entiende qué le imputan a cada imputado. Mancinelli tiene cinco días hábiles para resolver el planteo.
Según consta en el pedido de elevación a juicio de 343 páginas, el asesinato de Fernando Báez Sosa estuvo planeado y hubo una división de roles para atacar a traición. Existió una división de roles, al menos según consta en el escrito, cinco de ellos participaron del ataque con violencia física contra Fernando mientras que otros tres se dedicaron a bloquear la defensa que podría haber salvado a Fernando, separando y golpeando a sus amigos, sin un policía a la vista.
Una vez en la calle, para ejecutar el plan, los ocho rugbiers se dividieron: cinco de ellos (Máximo Pablo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Franco Benicelli y Blas Cinalli) fueron a buscar a Fernando, “lo tomaron desprevenido y de espaldas” y “comenzaron a golpearlo en distintas partes del cuerpo”. Cuando el joven de 18 años cae al piso, y “aprovechándose aún más de esa situación de indefensión”, proceden a darle un golpe brutal, una patada que le provocó su deceso en forma casi inmediata, al causarle “un paro cardíaco producido por shock neurogénico debido a un traumatismo de cráneo”, relató semanas atrás a este medio el fiscal general de Dolores, Diego Escoda.
Mientras todo eso sucedía, los otros tres (Ayrton Michael Viollaz, Lucas Fidel Pertossi y Luciano Pertossi) formaron “una especie de cordón” para impedir que los amigos de Fernando pudieran auxiliarlo y, además, los golpearon varias veces.
La decisión de ser juzgados por un tribunal de tres jueces del Poder Judicial es indiscutible por el juez, una prerrogativa de los imputados. Sin embargo, queda en sus manos resolver el rechazo a la elevación. Lo que Mancinelli decida podrá ser apelado en la Cámara local, lo que estira los tiempos para que el debate comience.
“Los jurados se componen de doce miembros. Para que haya una condena se necesita que diez de esos doce miembros estén de acuerdo. Sin embargo, en los casos de condena a prisión perpetua es necesario que haya unanimidad. Entonces, con que uno de ellos quede convencido de que no corresponde la pena de prisión perpetua, ya no es perpetua. A lo mejor la defensa apela a algún argumento de tipo emotivo: ‘Que son chicos’, ‘Que tienen 19 o 20 años’ para así evitar los agravantes y llegar a un homicidio simple de 8 a 25 años”, explicaba Escoda semanas atrás.
La ley bonaerense de juicio por jurados establece también que si no se alcanza la unanimidad para los casos de prisión perpetua pero sí hay nueve votos para condenar, el juicio se tiene que realizar otra vez.
En paralelo, semanas atrás, fuentes cercanas al doctor Jorge Santoro, abogado de Pablo Ventura, el joven implicado injustamente en el crimen que fue detenido y pasó tres días encarcelado, hablaron de la posibilidad de presentar una demanda por daños y perjuicios en el fuero contencioso administrativo al final de la feria judicial, en busca de resarcimiento. Hasta ahora se desconoce qué rugbier los delató: solo aparece el término “averiguaciones” en la causa. Las fuentes usaron un término sumamente llamativo: “Mala praxis en la investigación”.
Por Federico Fahsbender
