Cómo funciona el mecanismo montado en la Provincia para dar excarcelaciones por vía directa y sin mayores controles.
Todos los presos quieren salir, pero nunca lo piden todos juntos, varias veces y al mismo tiempo. Ahora sí.
En los argumentos no hay objeciones a una condena injusta ni el reclamo a otra instancia de apelación ni el viejo truco de “la condena no está firme” al que recurrió, por ejemplo, el ex vicepresidente Boudou, con condena confirmada en Casación.
En el Juzgado de Ejecución Penal Nº1 de Quilmes llevan los cómputos de 1.400 condenados bonaerenses. Más de mil de ellos ya pidieron quedar libres. La mayoría obtuvo una respuesta negativa, pero ahora hay 105 que ya hicieron el pedido por tercera vez y esperan una respuesta en cárceles donde acaba de comenzar un juego peligroso: desde la política los incitan a reclamar una y otra vez, a insistir hasta que lo consigan. Están inquietos porque otros salen y ellos no, y todos son tan potenciales víctimas del coronavirus como los que se fueron. No importa lo que hayan hecho.
Si el juzgado se los niega van directamente a la Cámara de Casación de la Provincia con un recurso de hábeas corpus. El 8 de abril, el juez de Casación Víctor Violini firmó un hábeas corpus colectivo y les otorgó la prisión domiciliaria inmediata a 2.300 presos de una sola vez. La medida aceleró la catarata de pedidos y consiguió que los nuevos reclamos se salteen los requisitos que pide por ley el juzgado de Ejecución para ir directamente a la Cámara, donde brilla la luz verde de la libertad automática y con pocos controles.
“Hay muchos presos que efectivamente están en grupos de riesgo pero otros alegan un problema de artrosis en la rodilla o el codo por haber recibido un balazo durante un asalto, hace años, y usan eso para ponerse en el grupo de riesgo. Los informes médicos para corroborar si efectivamente son grupo de riesgo suelen demorar unos días y el Ministerio de Justicia de la Provincia habilitó un canal para ocuparse ellos de completar los trámites, pero allí no contesta nadie. Desde el 7 de abril que estamos esperando respuestas que no nos llegan”, dice a Clarín un juez del conurbano.
El efecto dominó va trasladando la demanda de celda en celda, de pabellón en pabellón y de cárcel en cárcel.
El martes hubo manifestaciones en la Unidad 49 de Junín donde comenzó la consigna “No queremos morir en la cárcel”, luego repetida en cada penal hasta el motín de Devoto de este viernes. El mismo día hubo una revuelta en la cárcel de Melchor Romero, en las afueras de La Plata.
El miércoles ocurrió el episodio más grave: un motín sangriento en Florencio Varela, con once heridos y un muerto que terminó con una bala de plomo en la cabeza. Como en Devoto y antes en Melchor Romero, allí también ganaron los techos del penal y se vivieron escenas dramáticas.
La situación se recompuso precariamente cuando llegó la Comisión Provincial de la Memoria y el secretario Roberto Cipriano García no sólo cedió a todos los reclamos de los internos. “Arengaba a los presos, les decía estamos con ustedes queridos compañeros y los estimulaba a la idea de que todos iban a quedar libres de un momento a otro”, contó una fuente que participó en aquella negociación.
En un audio enviado luego a familiares de detenidos en la Provincia, Cipriano García llama “compañeros prolibertad” a los amotinados de Melchor Romero que gritaban amenazas desde el techo del penal.
En Florencio Varela todo había explotado cuando empezó a circular un audio en los celulares donde un presunto penitenciario de Sanidad decía que “ya hay casos de coronavirus confirmados y ahora van a caer todos como moscas”.
Los celulares están permitidos en todos los penales de la Provincia desde el 30 de marzo pasado, cuando la misma sala de Casación de Violini -que integra él solo- determinó que tener un teléfono era un derecho de los presos durante la pandemia. Al día siguiente, uno de los condenados por el ataque a Carolina Píparo y el crimen de su bebé -en una salidera bancaria en La Plata, en 2010- la llamó para amenazarla.
Aunque la decisión de Violini tuvo un inmediato reclamo en la cárcel federal de Ezeiza, donde los presos también pidieron el acceso irrestricto a celulares, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, lo resolvió distinto. En lugar de darles teléfonos a los presos, le pidió al Ministerio de Justicia nacional que habilitara salas con sistemas de videollamadas para que los presos pudieran hablar con sus familiares por turnos sin necesidad de darles un celular a cada uno.
Violini es un juez de La Plata que se autoproclama “justicialista” y buscó una posibilidad para ser candidato a intendente de la ciudad, para lo que finalmente no consiguió quórum.
Mantiene una larga disputa con el procurador bonaerense Julio Conte Grand desde que salió a denunciar que la investigación contra los Moyano por la corrupción en Independiente era “una causa armada”.
Envalentonado por recibir el apoyo inmediato del kirchnerismo, opinó en julio pasado que “en la Provincia no queremos una Justicia como la de Comodoro Py”, en sintonía con Cristina Kirchner y su teoría de la persecución político-judicial del lawfare. Entonces recibió la bendición oficial de Cristina, que al día siguiente tuiteó las opiniones de Violini citándolo.
El juez -un ex policía bonaerense- había conseguido su nombramiento en 2006 tras pedirle a la Magistratura que reviera su examen reprobado en el que había obtenido 80 puntos sobre 200, cuando necesitaba un mínimo de 120. Le concedieron la revisación y le subieron el puntaje, justo cuando Violini cultivaba su amistad con el entonces intendente de La Plata Julio Alak, luego ministro de Justicia nacional y hoy ministro de Justicia en el equipo bonaerense de Axel Kicillof.
Violini participa ahora de la Mesa de Diálogo con los presos junto a Cipriano García y funcionarios del ministerio de Justicia provincial. Es una pieza clave en el mecanismo para la liberación: a su sala unipersonal de Casación es justamente donde van los pedidos de libertad masivos que deberían ir a los jueces de Ejecución Penal pero aterrizan directamente allí bajo la forma de hábeas corpus.
No es una circunstancia casual sino una política de Estado del gobierno de Axel Kicillof.
El 27 de diciembre pasado, la Corte Bonaerense convocó a un plenario de jueces penales donde les marcó la cancha con absoluta claridad: no habría prisiones preventivas cumplidas en la cárcel salvo casos de excepción muy puntuales.
Habló el presidente de la Corte Eduardo De Lázzari -ex secretario de Seguridad de Duhalde, eyectado de su cargo tras el crimen de José Luis Cabezas-, invocando recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando los jueces le plantearon su preocupación por “el embate mediático” que sufrirían si no enviaban a la cárcel a los detenidos, De Lázarri les recordó que él mismo había desestimado más de la mitad de los pedidos de juicio político de 2019 por “falta de fundamentos”. La señal estaba dada.
El día anterior a aquella presentación, De Lázzari y sus colegas de la Corte le adelantaron todo el contenido de la nueva bajada de línea al gobernador Kicillof y el ministro Alak, en una reunión oficial, con foto y todo.
Lo único que el coronavirus hizo fue ampliar y acelerar este proceso.
Cipriano García se los explica claramente a los familiares de los presos, en un audio de más de 7 minutos que les envió esta semana y al que accedió Clarín.
“El objetivo de la Comisión por la Memoria es trabajar por la liberación de la mayor cantidad de personas detenidas posible. Para eso tenemos distintas estrategias. Por un lado la presentación de cientos de escritos, se están presentando todos los días 120, 150 pedidos. Por otro lado estamos apelando también a los litigios colectivos, estratégicos. Hay voluntad política del gobierno provincial para descomprimir el sistema penitenciario y eso es muy importante por lo que se necesita hacer sobre el Poder Judicial para que liberen a más personas”.
La estrategia es, claramente, presionar a los jueces de Ejecución y saltearlos presentando hábeas corpus ante el juez Violini. El mismo García lo dice: “En la reunión (que mantuvieron esta semana con presos) estuvo el juez de Casación Violini donde justamente planteó que estaban pensando en ampliar ese fallo de Casación para liberar a más personas”.
Y agrega: “Esto por supuesto que no alcanza, que es poco y que hay que sacar más, pero es la primera vez que la curva de presos empieza a descender en la Provincia de Buenos Aires de 20 años a esta parte. Desde ya que no alcanza para las personas que están detenidas, sabemos que muchas de ellas injustamente, con causas armadas, con condenas arbitrarias o injustas, con jueces que ni leen las causas ni toman en cuenta los verdaderos problemas de salud”.
En el revoleo de excarcelaciones otorgadas por Violini entró Quique Petrullo, un lobbista que integraba “la banda del juez” César Melazo. Está en su casa aunque no integra ningún grupo de riesgo por coronavirus. La excusa de la pandemia consiguió lo que no hubiera podido ninguna revisión sensata de su causa.
Lo que pasa en estas horas es que los funcionarios políticos les están diciendo a los presos que ellos no salen por culpa de los jueces, y los jueces están diciendo que los políticos prometen libertades masivas sin hacerse cargo. Y que cuando habilitan una línea como en Justicia nadie contesta.
En medio del desmadre asoman casos de horror. Un violador quedó libre y fue a vivir a una casa que queda a pasos de su víctima, en Bernal. Y otro violador -considerado formalmente grupo de riesgo porque tiene más de 60 años- fue a cumplir su prisión domiciliaria a la misma casa donde vive su nieta. La nena a la que violó.
¿Quién está ahora, de los dos, en verdadero riesgo?
La situación se viene oscureciendo y hay evidencia escrita. El 15 de abril, justo una semana después de que el juez Violini firmara su fallo de libertad inmediata y masiva, la jueza de Ejecución Julia Márquez le escribió al presidente de la Corte bonaerense para manifestarle su “preocupación por la modalidad de procedimiento que se está aplicando al trámite de las causas”.
La jueza denunciaba que “tribunales superiores” liberan presos “sin verificar el cumplimiento de ninguno de los requisitos que exige la normativa vigente”.
Y daba un ejemplo: un hombre con condena firme por lesiones agravadas a su pareja, en un caso de violencia de género, fue liberado en pocas horas sin verificar dónde iría a vivir y sin estar en ningún grupo de riesgo por coronavirus.
¿Ahora está viviendo con la ex pareja a la que golpeaba? ¿Enfrente? ¿A la vuelta? Nadie lo sabe muy bien. Cuando se decidió liberarlo, no se pidió la opinión del defensor ni del fiscal, como exigen las normas. Sólo se fue a su casa.
La jueza nunca obtuvo respuesta del presidente de la Corte De Lázzari, pero sí consechó apoyo y solidaridad de una quincena de jueces penales del sur del conurbano.
Uno de ellos contó a Clarín qué pasa con el control de las tobilleras electrónicas: “No hay para todos y muchos salen de la cárcel sin más, directamente. Los que tienen tobilleras, si se las sacan, suena una alarma en la empresa encargada del monitoreo y ellos dan un parte de “reporte de apertura” llamando al 911. Un operador lo toma como si fuera una denuncia común. Cuando van a buscar al preso, si lo van a buscar, sería un milagro que se encuentre en el mismo domicilio que había declarado”.
La trampa de “por qué él sale y yo no salgo si el coronavirus también me puede matar a mí” lleva la situación dentro de los penales al límite.
Que el “contagio” del espíritu del motín llegara a Devoto, la única cárcel porteña, era cuestión de horas. Allí hay este sábado una revisión de los daños y el compromiso de abrir un diálogo para revisar excarcelaciones con la promesa de no trasladar presos en represalia por la rebelión.
No parece que todo fuese a terminar allí. La bomba activada en la Provincia ya está en marcha. Y tiene una mecha corta.
Héctor Gambini
