Aumentó el número de menores captados por el narcotráfico: la trama detrás de los «soldaditos» de la droga.
Por Andrés Klipphan
En la provincia de Buenos Aires el 3,2% de los delitos son cometidos por menores de edad. En total se abrieron 26.026 expedientes. La cifra surge del último relevamiento difundido por la Procuración General y que involucra al 100% de los expedientes abiertos en 2017. Para el año 2018 se mantiene una proyección similar.
De esa cifra, 1.344 causas fueron iniciadas por infracción a la ley de drogas (la 23.737). Esto es casi el 2%. En la mayoría de esos casos, los jóvenes fueron «captados» por bandas narcos para hacer las veces de «soldaditos» o «satélites» en los sectores de las villas donde se realizan las ventas como los zigzagueantes pasillos de barrios como la villa 1-11-14, en el Bajo Flores; Villa La Rana, en Quílmes o Puerta de Hierro, en La Matanza.
En ese último barrio bonaerense, arrasado por el «paco», y tomado por pequeñas organizaciones narcos, viven unas 700 familias.
El «paco» es una droga que destroza y mata a los jóvenes. También es introducida en las villas por estas mafias que primero la distribuyen de manera gratuita y una vez que generan la adición, la enfermedad, es utilizada para reclutar a los «soldaditos» que «trabajaran» como mano esclava para «ganarse» varios envoltorios de veneno para alimentar las pipas metálicas.
Eso es lo que le contó Juan R., un menor de 16 años, al juez de menores del distrito judicial de La Matanza después de ser detenido en una redada policial que terminó con la demolición de cuatro bunkers.
Los «clanes familiares» que toman por asalto –muchas veces a sangre y fuego- manzanas de los barrios más humildes del Conurbano Bonaerense –pero también del Gran Rosario o la Gran Córdoba- y sacan provecho de la ausencia del Estado sometiendo a niños y niñas a cambio de comida para sus familias o una suma fija en pesos diarios –que va de 500 a 2.000 pesos- trasformando de esta manera –la peor de todas- al narcotráfico como una forma de «trabajo» rentado.
Para los delincuentes una de las claves principales es que los menores, en la mayoría de los casos, son considerados inimputables por los jueces.
Algunos casos en los que intervino la policía bonaerense sirven de muestra para advertir que casi a diario son desmembradas organizaciones criminales, muchas de ellas de poca envergadura, pero que tienen a niños y niñas como integrantes pero que, en verdad son rehenes de estos grupos mafiosos.
El 21 de agosto de 2018, la policía Bonaerense detuvo una banda narco liderada por un peligroso traficante apodado como «El Palomo» y que proveía droga a las Villas Itatí y Springfield de Quilmes.
«Palomo» tenía pedido de captura nacional e internacional desde diciembre de 2017 por haber asesinado de varios disparos, junto a tres secuaces, y a «dos soldaditos» que había reclutado en Quílmes; a otro narco de 27 años –también de nacionalidad paraguaya- y herido a otra persona mientras tomaban una cerveza en la puerta de la casa de la víctima.
Según las tareas de inteligencia, que incluyó escuchas telefónicas, «Palomo» decidió matar a su conciudadano «para quedarse con el territorio de venta de drogas en Villa Itatí y Springfield».
Los detectives también descubrieron la manera en que se movía la red delictiva y la forma de reclutar menores en el barrio a los que «entrenaba para hacer de ellos futuros sicarios». Una problemática que cada vez avanza más en el Conurbano Bonaerense y de la que se habla muy poco.
La banda de «Nando»
Pocos días antes, el 18 de agosto, una segunda banda narco que utilizaba «soldaditos» de la droga y que se dedicaba a comercializar cocaína, «paco» y marihuana al menudeo en búnkeres y a través de la modalidad «delivery» en Ezeiza, fue desbaratada por La Bonaerense. La organización era liderada por un sujeto conocido como «Nando», quien también es el jefe de la barrabrava del club Tristán Suárez.
Fueron necesarios 26 allanamientos para dar con toda la red delictiva en los partidos de Ezeiza, Cañuelas y Esteban Echeverría.
Durante los procedimientos se apresaron a 14 personas – 9 hombres, 4 mujeres, 1 transexual- integrantes de esta organización criminal, que promocionaba la venta de estupefacientes en las redes sociales a través de una página en Facebook llamada «Torres del Pary». El nombre hacía referencia a un centro operativo desde donde la banda de «Nando» realizaba la distribución.
Los efectivos también secuestraron 10 armas de fuego (8 de guerra y 2 de uso civil), municiones, 4 vehículos, 148.080 pesos, 200 dólares, 20 celulares, 1 balanza.
Para llegar a buen puerto, los pesquisas monitorearon a distancia los movimientos de los «soldaditos» que vendían la droga y que después de ser detenidos fueron puestos a disposición de la justicia de menores. Dos de ellos tenía 14 años y otros tres 16 y 17 años.
El inmueble principal, ubicado en Ezeiza, donde residía el jefe de la red criminal, contaba con un perímetro de seguridad, con «soldaditos» –todos menores- provistos con armas de fuego y varias cámaras de monitoreo. En el lugar también se guardaban los vehículos que utilizaban para efectuar los delivery.
El grupo narco también contaba con otros centros operativos menores y búnkeres de venta, varios de ellos atendidos por menores de 15 y 17 años, en Ezeiza, Esteban Echeverría y Cañuelas y que Nando controlada y administraba por teléfono.
Las escuchas telefónicas revelaron que «Nando» se manejaba de manera amenazante con varios integrantes de la banda e incluso mantenía relaciones sexuales forzadas con adolescentes menores de edad a las que también había reclutado como «satélites» o «soldados».
«Operación trampa mortal»
De esa manera el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, denominó a la red de traficantes integrada por delincuentes argentinos y paraguayos que sembraba el terror la Villa Esperanza, en Virrey del Pino, partido de La Matanza.
La organización, según explicó el funcionario, «tenía una estructura piramidal y estaba liderada por dos narcos paraguayos, en la segunda línea se encontraban tres mujeres que distribuían los estupefacientes y recaudaban el dinero, y, por último, se hallaban los vendedores, soldaditos y vigías».
A lo largo de los 22 allanamientos, en los que detuvieron a diez personas –entre ellas tres menores- se secuestraron 12 kilos de cocaína, 25 mil dosis de paco y 16 de marihuana. Los policías también incautaron dos armas de fuego y una granada de mano que habían puesto detrás de una puerta como trampa para que explotara al ingresar los uniformados.
Menores y embarazadas
En Bahía Blanca -otra de las zonas calientes del tráfico de drogas- por ejemplo, en las fiscalías federales es cada vez más frecuente descubrir que menores de edad, pero también embarazadas con hijos menores de 5 años son captadas por los distribuidores para las tareas de narcomenudeo con la promesa de que, si son detenidas, recuperarán la libertad por su condición de madres, según le reveló a Infobae el fiscal Mauricio Del Cero.
La decisión judicial adoptada por los jueces está anclada en el artículo 159 del Código Procesal Penal que habilita el «arresto domiciliario como alternativa a la prisión preventiva en casos de mujeres en estado de gravidez o con hijos menores de esa edad», aunque esto no se aplica en todos los casos.
Los menores detenidos, en cambio, son puestos a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.
Según un estudio realizado por el abogado penalista de Mar del Plata Martín Ferra, «los menores de edad que son detenidos por distintos delitos, como arrebato, robo tipo piraña», o incluso por haber sido captado por bandas narcos «no pasan más de tres horas detenidos».
Para el profesional «el tiempo de la detención de un chico que cometió un delito depende exclusivamente de lo que tarden la policía y los responsables de los Institutos de Menores en comunicarse con sus padres y lo que estos demoren en retirarlo»•
«Los únicos menores que quedan presos son aquellos a los que los padres no quisieron ir a buscar porque no los pueden contener en sus casas o los que cometieron delitos graves», remarcó Ferra.
Para el jurista, una de las soluciones a este problema sería bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años un tema que comenzó a debatirse con fuerza pero que con el correr de los meses, perdió vigor y ya no se habla.
Presos del narco
La lucha contra el narcotráfico declamada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y su par bonaerense, Cristian Ritondo, arroja una realidad que pocos conocen su real dimensión: el reclutamiento forzado o voluntario de cientos de adolescentes y niños para «trabajar» en las redes de tráfico de drogas.
Las estadísticas que hoy revela Infobae fueron aportadas por la Procuración Bonaerense y por el abogado Ferra que en varios foros de seguridad propuso que «Si un menor conocen la criminalidad del hecho que están cometiendo, debería ir presos y no se lo debería declarar inimputable».
Números que preocupan
Según las estadísticas oficiales contabilizadas por el letrado marplatense, en los Procesos Penales Juveniles iniciados entre los años 2014/2017 fueron imputados 13.381 jóvenes.
El 33,2% de ellos tenían 16 años; el 43.2%, habían cumplido los 17 años de edad el 3,6% tenían 18 años. El 0,2% oscilaban entre los 10 y los 15 años y el 19,8% de Jóvenes punibles no se había informado las edades.
En las causas vinculadas al narcotráfico no solo se mantienen estos porcentajes de edades sino también la condición sexual de los involucrados en los expedientes: el 94% son varones y el 6% mujeres.
Al 31 de diciembre de 2017 en la provincia de Buenos Aires había 1.424 menores de edad detenidos por distintos tipos de delitos, desde sus vínculos con el narcomenudeo, al asesinato.
De ese total, y por la gravedad del delito, el 79,5% estaban detenidos; el 16,9% gozaban de prisión domiciliaria; el 0,2% estaban alojados en dependencias de medida de seguridad; de libertad morigerada fueron beneficiados el 3.1%; y tan solo el 0,3% habían cumplían sus condenas en un régimen de semi libertad.
Menores detenidos por delito
Según los últimos datos brindados por la Procuración Bonaerense a Infobae por procesos iniciados por infracción a la ley de estupefaciente -23.737- contra menores en el año 2016 se abrieron 1.657 causas. En 2017, la cifra fue levemente inferior, 1.344 causas.
En los casos de robo por uso arma fuego en 2016 se abrieron 1.619 causas.
En 2017 las causas en trámite fueron 1.328.
Por hurto de vehículos –siempre protagonizados por menores- en 2016 se iniciaron 354 expedientes y en 2017 las causas fueron 311.
En 2016 se iniciaron 95 causas contra menores por el delito de abuso sexual con acceso carnal. En 2017 los expedientes por el mismo aberrante delito se iniciaron 97 causas.
Narco Rosario
Entre los años 2015 y 2018 en la Ciudad santafecina de Rosario, los menores involucrados en causas de narcotráfico aumentaron en un 870%.
En la mayoría de los casos, los menores de entre 13 y 17 años, fueron «esclavizados» por bandas narcos, como Los Monos –hoy juzgados por estos hechos- para que ponerlos a «trabajar» vendiendo estupefacientes en los kioscos de drogas con ventanas tapiadas y prácticamente sin luz.
Según un estudio realizado por la Universidad de Rosario al que tuvo acceso Infobae, en el año 2015 a estos jóvenes, muchos de los cuales eran amenazados para que no salieran de la organización, se les pagaban una suma de «150 pesos diarios».
La justicia federal de Rosario, al intervenir en varios de estos casos, entendió –junto con la justicia de menores- que lejos de ser narcotraficantes, estos adolescentes son «víctimas de la trata de personas» y explican que los menores son «el primer eslabón en la cadena de comercialización de estupefacientes» y también «el más vulnerable y el primero en caer».
Así como es evidente el aumento de menores involucrados en casos vinculados con la narco criminalidad –se los llegan a utilizar como «mulitas» como ocurrió en San Juan- también lo es la falta de presencia y atención del Estado para que las bandas narcos –a pesar de la lucha que se está dando- sigan ganando la batalla.
