Todavía no se sabe cuánto pagó Vayo Coin, el esquema de criptomonedas a las decenas de celebridades que lo promocionaron con sonrisas y testimonios de fe en sus cuentas de Instagram.
A lo largo de 2021, los famosos convertidos en influencers, contactados mediante una agencia especial del rubro que fue mencionada en repetidas ocasiones por fuentes dentro de Vayo, invitaron al público a participar en sorteos de teléfonos iPhone y autos Peugeot 208 cero kilómetro o directamente entregar su dinero al esquema para proteger sus ahorros y generar un ingreso en la incertidumbre. Hoy, muchos de esos famosos borraron sus posteos comprados por la empresa. Vayo, o su firma madre, Vayo Business, ya no existe. Sus oficinas en el edificio Madero Center de Puerto Madero fueron vaciadas a fines del mes pasado: Vayo Business y sus empresas relacionadas deben más de 60 millones de pesos en cheques sin fondo de acuerdo a datos del Banco Central.
Mientras tanto, personas vinculadas al grupo como el ya condenado por estafa Leandro Usín y la experta en criptomonedas Ena Andrada enfrentan expedientes penales por estafa y asociación ilícita tras denuncias presentadas la semana pasada por supuestos damnificados. Los expedientes fueron radicados en los juzgados porteños números 4 y 45: el radicado en el número 45 fue transferido por una declaración de incompetencia.
Mientras tanto, el Gobierno también pide explicaciones: la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, a través de la Dirección de Protección al Consumidor, inició una investigación de oficio por una posible infracción a la Ley de Defensa del Consumidor. Varios famosos ya fueron contactados con pedidos de información sobre su relación con Vayo que pueden terminar en sanciones administrativas de hasta cinco millones de pesos, algo que puede ser pionero en el planeta virtualmente sin ley del negocio influencer, donde nadie responde por sus chivos.
Y después está el rastro de papeles. Infobae llegó a los contractos redactados por Vayo para de dos influencers: las hermanas Wanda y Zaira Nara.
Ambas fueron de las celebridades más visibles en la campaña, particularmente Wanda, que apareció en stories para promociones del grupo en su cuenta, hoy borrados pero rastreables gracias al caché de Google. Zaira realizó un video de pocos segundos en donde relataba cómo había puesto su propia plata en Vayo Coin.
Hubo números: el contrato entre Vayo Business y Zaira habla de ocho stories por mes durante dos meses, a 1,3 millones de pesos por mes.
El de Wanda fue por mucho más: fue contratada por un año para ocho stories también por mes a un valor de 15 mil dólares mensuales, con un contrato renegociable cada seis meses. Había cláusulas también. Vayo las instaba a “conservar la imagen y reputación que posee al momento de la suscripción del presente contrato y no involucrarse en actos reñidos con la moral y la buena costumbre”, así como aclarar que realizaban publicidades pagas. Vayo retenía el “derecho de uso universal, permanente, gratuito y exclusivo” de los contenidos filmados para usarlo en sus redes.
Hay en ambos contratos otro párrafo un tanto irónico. La letra dice: “EL INFLUENCER se obliga a asumir la responsabilidad de cualquier reclamo que pudiera ser interpuesto por cualquier tercero contra EL ANUNCIANTE respecto a reclamos relativo a la prestación parcial, tardía o defectuosa de las obligaciones materia de este contrato. Si a pesar de lo anterior, EL ANUNCIANTE se viera en la necesidad de enfrentar negociaciones, investigaciones, procesos judiciales o administrativos al respecto, EL INFLUENCER deberá resarcir a EL ANUNCIANTE todos los gastos judiciales, extrajudiciales y costos de defensa que correspondan”.
Es decir, si alguien denuncia mencionando a las hermanas Nara, Vayo puede transferir el drama judicial a las hermanas Nara.
Ahora, ¿estos contratos son válidos? Tal vez no. Y allí puede haber un frente de tormenta.
La abogada Ana Rosenfeld asesoró a las hermanas cuando fueron contactadas por Vayo. El grupo tenía como domicilio declarado una oficina en la calle Corrientes, zona de Once. Rosenfeld reconoció la dirección de inmediato: quedaba a dos puertas del edificio en donde se había criado. Entonces, la abogada dudó de inmediato. Les aseguro a las Nara que si deseaban firmar un contrato con Vayo, entonces deberían realizarse varias enmiendas en los contratos que las liberaran de cargo y culpa de cara al Código Penal.
Fuentes cercanas a las Nara ratificaron a Infobae los montos publicados en esta nota: Zaira no habría cobrado los últimos tres meses. Sin embargo, los documentos digitales a los que accedió este medio no contienen esas enmiendas. También hay otro detalle: las mismas fuentes aseguran que, al menos, Wanda y Zaira nunca firmaron un contrato donde estuviese la rúbrica de un representante de la marca. Firmaban el documento y lo enviaban.
Mientras tanto, comienza a saberse quién es quién. En un reciente reportaje a La Nación, el abogado Pablo Flores aseguró: “No se imagina los problemas que nos trajo esa empresa. Nosotros ofrecemos un casillero legal, pero en este caso los intimamos para que cambien el domicilio”. Flores, de 41 años, que tiene la dirección de Corrientes como su domicilio fiscal principal, registrado en la AFIP como empresario, estaría involucrado en mucho más que un simple casillero. Su nombre figura entre los denunciados en la causa originalmente radicada en el Juzgado N°45 y también está como vinculado a los cheques sin fondos de la empresa según datos del BCRA.
Hay más: el 9 de abril de 2021, Ana Lavitola, la jubilada de Comodoro Rivadavia madre de Leandro Usín, que fundó Vayo en los papeles y se convirtió en su presidente con un paquete accionario del 95 por ciento, firmó supuestamente ante una escribana chubutense un poder general de administración y disposición para Vayo Business SA en favor de Flores y de una joven porteña de 27 años que también se convirtió en empleada de la firma. Antes, la joven había sido empleada de otra sociedad creada por un socio de Flores.
Federico Fahsbender
