La acción, autorizada por el juez de Control en lo Penal y Delitos contra la Administración Pública, Rodolfo Miguel Fernández, movilizó a 180 efectivos y culminó con la detención de siete personas, además del secuestro de maquinaria pesada, vehículos de alta gama y documentación clave.
El fiscal de Investigación Penal Preparatoria (IPP) de La Quiaca, Alberto Omar Mendivil, explicó que la banda pasó de realizar actividades artesanales a operar de manera industrial, implementando recursos logísticos avanzados.
Los acusados enfrentan cargos por desobediencia judicial, robo, asociación ilícita y posible lavado de activos. Según la investigación, la desobediencia judicial incluye amenazas y agresiones contra inspectores mineros, mientras que el robo está relacionado con la extracción de oro en terrenos concesionados. La asociación ilícita y el presunto lavado de activos reflejan un esquema organizado de carácter familiar, respaldado por una infraestructura sofisticada para manejar bienes obtenidos ilegalmente.
Entre los bienes incautados se cuentan 12 vehículos, incluidas camionetas de alta gama y maquinaria pesada como topadoras y orugas, además de documentación relevante. El fiscal Mendivil resaltó que la investigación sigue en curso y que no se descartan nuevas medidas judiciales ni posibles vínculos con redes nacionales o internacionales. Asimismo, subrayó la importancia de proteger los recursos naturales y garantizar el cumplimiento de la ley.
