La fiscal Betina Lacki había ordenado la detención del letrado en 2020; fue apresado en Pigüe; formaba parte de una asociación ilícita con el juez de la Cámara de Casación penal que fue destituido en septiembre pasado.
A Ricardo Ducid, un reconocido abogado de La Plata, lo buscaban desde 2020. El 2 de septiembre de ese año, la fiscal Betina Lacki había solicitado su detención por considerarlo un presunto integrante de la asociación ilícita de la que también formaban parte el exjuex de César Melazo y el exmagistrado de la Cámara de Casación penal bonaerense Martín Manuel Ordoqui. Una semana después, el juez de Garantías platense, Guillermo Federico Atencio rechazó los pedidos de excarcelaciones presentados por el defensor de Ducid y de otros acusados y dejó firme la orden de detención.
El letrado, de 70 años, fue apresado por efectivos de la División Unidad Operativa de la Delegación de la Policía Federal en Bahía Blanca, que habían seguido la pista de que se había instalado en la ciudad de Pigüe. A partir de este dato, los efectivos de la fuerza de seguridad federal los buscaron por distintos sectores de la ciudad. El jueves lo localizaron y lo detuvieron en la calle.
En las últimas horas el abogado fue trasladado a La Plata, donde fue indagado por la fiscal Lacki. Al explicar su conducta ante la representante del Ministerio Público, el letrado dijo no sabía que había orden de detención en su contra y que, por ese motivo no se lo podía considerar un prófugo. Después de hacer esa aclaración, se negó a responder preguntas de la fiscalía y quedó preso.
La fiscal Lacki acusó a Ducid de integrar una asociación ilícita con Ordoqui, el destituido juez de la Sala V de la Cámara de Casación penal bonaerense. Para la fiscal, completaban el grupo una funcionaria judicial, el dueño de una financiera, tres abogados, el acusado de un doble homicidio y cuñado del exjefe de la barra de Estudiantes.
La sospecha que indicaba que el grupo no terminaba con Ordoqui, su secretaria privada y un vendedor de influencias que fue sometido a juicio, surgió a partir del cruce de la información hallada en los celulares de los imputados y del intercambio de mails, entre los que figura la dirección de correo electrónico “eugelarubia”, que pertenece a Eugenia Mercado.
Así fue que la fiscal ordenó las detenciones de Ducid y otros dos abogados y de un financista y empresario del transporte Casinotti. En la solicitud para pedir las capturas, también se incluyó a Javier Ronco aunque ya estaba preso por la causa Melazo.
A Ducid padre e hijo, ambos abogados con estudios jurídicos en La Plata, se les imputó formar parte de una asociación ilícita junto a Ordoqui, Mercado y Petrullo. La misma imputación recayó el otro abogado y el empresario del transporte. Además, fueron acusados de diversos casos de tráfico de influencias, en algunos de los ocho hechos señalados por la fiscal.
Al revisar las capturas de esos mensajes, los investigadores hallaron un glosario de términos que los imputados utilizaron para referirse a algunas de las personas que requerían los servicios de la asociación ilícita para obtener beneficios en causas penales que los tenían como acusados. Así, los investigadores determinaron que cuando se acordaba una reunión en la “terraza” , “techo” o “azotea”, se hacía referencia al despacho de Ordoqui. En sus distintas conversaciones, Petrullo se refería al magistrado con los términos “tío”, “profesor” o “loquillo”.
En varios intercambios de mensajes los acusados se referían al “TP” o “trabajo práctico”, término que, según los investigadores indicaba los escritos o presentaciones judiciales en las que aparecían como beneficiarios las personas que contrataban los servicios de la asociación ilícita y que el juez debía controlar para que la gestión tuviera éxito.
Había frases con las que se describía a esos clientes, para no mencionarlos con nombre y apellido, como ocurrió con el caso de un abogado al que el vendedor de influencias Enrique Petrullo se refería como “zapato roto” o “morsa”.
El glosario que usaban los acusados para evitar que, los mensajes pudieran ser utilizados como pruebas en un eventual proceso penal, se completaba con términos como “aviador”, en referencia al abogado Ricardo Ducid, propietario de aviones en Pigüe; “opus” o “Isidorito” era para los acusados un fiscal de La Plata. Mientras que con el término “Hilton” los imputados se referían a la Unidad Penal N° 9 de La Plata, donde estaba preso uno de los detenidos que había requerido los servicios del grupo.
La utilización de términos para desviar la investigación constituyó una constante en el grupo. Por ejemplo, en la causa de la banda del exjuez Melazo, los investigadores hallaron un intercambio de mensajes entre Enrique Petrullo y Ronco, donde el primero de ellos se refiere con el término “Rolex” a la imagen de la tobillera electrónica que tenía colocada Ronco y por la que habría pagado una importante suma de dinero, supuestamente a Ordoqui.
Uno de los ocho hechos que el Ministerio Público de La Plata describió en el pedido de captura contra los nuevos integrantes de la banda involucró a Ángel Oscar Benavídez, a quien los acusados Petrullo y uno de los abogados acusados habrían pedido una suma de dinero para quitarle una restricción perimetral que le impuso un juzgado de Familia de Junín por una serie de episodios de violencia de género contra su pareja.
Fuentes de la investigación indicaron que un letrado y Petrullo recurrieron a Ordoqui para que aceptara un pedido de habeas corpus de Benavídez con el objetivo de que se dejara sin efecto la orden de restricción.
A partir de la reconstrucción del hecho realizada por los investigadores judiciales se habría determinado que Benavídez, pagó los servicios del grupo con cheques de una cerealera que fueron descontados en la financiera del imputado empresario del transporte, situada en Reconquista al 300, con un automóvil y con pasajes al exterior.
Pero, uno de los integrantes de la banda tuvo que devolver el automóvil luego que, en un fallo dictado por el tribunal superior de Ordoqui, se revocó el fallo de magistrado “por carecer de competencia material al intervenir en un expediente que instruía en la Justicia de Familia de Junín”.
Al analizar las pruebas, los investigadores judiciales determinaron que los integrantes de la asociación ilícita tenían funciones definidas: algunos imputados se encargaban de buscar a los “clientes”; otros se ocupaban del asesoramiento, representación y confección de los escritos judiciales; también estaban aquellos que se dedicaban a cotizar de los “servicios” y cobro de esos trabajos. Por último, uno de los integrantes se encargaba de supervisar y corregir y aprobar los escritos para que las presentaciones judiciales tuvieran éxito.
Gustavo Carabajal
