Por una investigación de la AFIP, la Justicia desarticuló una organización delictiva que operaba en el sector pesquero marítimo exportador y a la que se acusó de contrabando, evasión tributaria y lavado de activos, con un perjuicio fiscal cercano a los 23 millones de dólares.
A partir de la tarea conjunta de la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General Impositiva (DGI), el Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata dispuso una serie de allanamientos en los que se secuestró una importante cantidad de elementos de esta banda de origen extranjero.
La organización, conformada por al menos seis empresas con estrechos vínculos entre sí, cuenta con las características típicas de una asociación ilícita fiscal e incluye la activa participación de profesionales contables en el diseño de las maniobras delictivas.
Durante varios años armó un complejo entramado societario transnacional que incluyó operaciones sobrefacturadas entre las empresas para abultar costos, y operaciones subfacturadas en comercio exterior (exportaciones). De esta forma, evadían tributos por sumas millonarias que luego debían reintroducir en el circuito de la economía formal mediante el lavado de activos. El dinero ingresaba en forma de pasivos simulados, transferencias bancarias e inyecciones de capitales extranjeros.
A través de la exportación de pescados y mariscos, en forma triangulada con dos empresas sin sustancia económica ubicadas en Uruguay, se otorgaba carácter ficticio y subvalorado al circuito documental de la operatoria. Así destinaban las mercancías a terceros países (principalmente a China y Brasil), que las recibían refacturadas a precios de mercado.
La maniobra generó una pérdida al fisco en la recaudación de tributos impositivos y aduaneros por una suma cercana a los USD 23 millones.
Los procedimientos ordenados implicaron el allanamiento de 14 domicilios, como establecimientos industriales, domicilios particulares y dos estudios contables.
Entre el material secuestrado se cuentan billetes de diversos países, teléfonos celulares, tablets, pendrives, CPUs, notebooks, memorias SD, CDS y una gran cantidad de pasaportes y tarjetas de débito pertenecientes a ciudadanos chinos.
