Crimen de los rugbiers: «“Crearon una historia propia de Netflix para que confesaran”

Hugo Tomei, defensor de los acusados por el asesinato a golpes de Fernando Báez Sosa, utilizó la audiencia de este jueves para acusar a la fiscal Verónica Zamboni por la supuesta falsificación de actas que integran la causa. Por qué la defensa considera que los jóvenes de Zárate están “detenidos ilegalmente”.

Por Pilar Safatle
Los 8 rugbiers detenidos y acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa, su abogado defensor, Hugo Tomei, el abogado de la familia de la víctima, Fabián Améndola y la fiscal del caso, Verónica Zamboni coincidieron en una sala del Juzgado de Garantías Nº 6 de Villa Gesell durante una audiencia solicitada por Tomei y Améndola. El objetivo era exponer sus argumentos ante el juez David Mancinelli antes de que el magistrado resuelva el pedido de prisión preventiva que presentó la fiscalía y que, se espera, resuelva en el curso de la mañana del viernes.

En la audiencia, que comenzó minutos antes de las 10 de la mañana, la fiscal ratificó el escrito de 250 páginas que presentó esta semana con un detalle pormenorizado de las pruebas que integran la causa hasta ahora, reiteró el pedido de prisión preventiva para 8 de los acusados y sostuvo la calificación legal, a pesar de que adelantó que podría producirse en los próximos días una reformulación de la caratátula del expediente.

A su turno, el abogado de los padres de Fernando coincidió con el pedido de prisión, solicitó la incorporación de dos agravantes a la calificación -«alevosía” y “homicidio por placer”- y pidió además que Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, liberados esta semana por pedido de la fiscalía pero aún afectados a la causa, regresen a prisión.

El último en tomar la palabra fue el abogado que encabeza la defensa de los rugbiers imputados por homicidio agravado, Hugo Tomei, quien expuso durante casi 25 minutos -en comparación con los 15 que se permitieron a cada una de las partes- cuatro planteos al juez Mancinelli.

En primer lugar, solicitó que los jóvenes de Zárate sean beneficiados con arresto domiciliario debido a que “corre riesgo su seguridad y su integridad física” a partir, aseguran, de “la agresividad y la violencia” con la que se expresaron los abogados de la familia Báez en los medios de comunicación.

Desde la defensa consideran que “los puso en riesgo” y que los peligros procesales que sostienen un pedido de prisión preventiva -peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación- no aplican a los acusados. Afirmaron que la investigación en todo caso ya es “torpe”, a su criterio.

Por otra parte, en referencia a la “torpeza” que denuncian en los investigadores, Tomei solicitó la nulidad de la rueda de declaración de un testigo y la declaración testimonial y participación en la rueda de otro. En el primer caso porque faltan firmas de funcionarios judiciales en el acta. En el segundo porque, apuntan, el testigo declaró que “no podía reconocer a nadie” bajo juramento y luego se rectificó vía telefónica, lo que motivó su asistencia a las ruedas. “Un llamado no justifica su presencia en ese procedimiento”, sostienen. También sugirieron una investigación por falso testimonio.

“El último punto es el que más me interesa”, expresó Tomei ante el juez, cuando ya estaba pasado su tiempo. Y comenzó a desarrollar una explicación que culimaría en la presentación de una denuncia penal contra la fiscal Verónica Zamboni.

El abogado sostuvo principalmente que el fin de semana que los rugbiers fueron detenidos no se cumplió correctamente con las formas que establecen los artículos 308 al 315 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. En otras palabras, que la detención de los jóvenes es ilegal.

En la denuncia, a la que tuvo acceso Infobae, la defensa sostiene que al momento de su detención y en la instancia de declaración indagatoria no se llevaron a cabo correctamente las formalidades de lectura de los derechos que asisten a los imputados, el informe detallado de los hechos que se les imputan y la exhibición de las pruebas.

En el escrito, que ya fue remitido al fiscal general de Dolores, Diego Escoda para que sea considerado, explican con detalle que, a su criterio, en la serialización de actas que dan cuenta de los procedimientos llevados a cabo por la fiscalía las horas posteriores a su detención hay faltas graves en el debido proceso.

Para la defensa, el lapso entre la primera indagatoria, de Máximo Thomsen, ocurrida a las 22.25 de la noche de ese domingo y la última, la de Luciano Pertossi, a las 22.50, refleja que las actas serían falsas según sus estimaciones y que en las indagatorias no se cumplió con los procedimientos de rigor que exige la ley para informar adecuadamente a los detenidos del delito que se les endilga.

Argumentan que la lectura completa y en voz alta del documento implicaba al menos 14 minutos por indagatoria, que en las actas figuraba, por un error de tipeo, la fecha como “enero de 2019” y que eso hubiera sido advertido de haber sido leídas en voz alta. También que en algunas faltan firmas de las autoridades.

La defensora pública, sostienen además, dejó constancia que a las 22:29 mantuvo una entrevista con todos los imputados -y no de forma individual- para ponerlos en conocimiento de la causa y que, según los documentos, a esa hora ya habían pasado a declarar tres de los rugbiers, lo cual los habría dejado en estado de indefensión.

“Estas actas son falsas”, dijo Tomei en la audiencia. “Y coincide con la explicación de todos ellos de lo que pasó en esa fiscalía el día de la detención: 25 minutos para 10 declaraciones indagatorias. Hay que ser mago para que ellos entiendan lo que pasó”, continuó el abogado defensor, cada vez más agitado.

“Y se les exige porque la señora fiscal, tomando nota de la declaración de Ciro Pertossi, dice que hay un pacto de silencio. ¡Lo tomó de la televisión! ¡Siento vergüenza, doctor!”, continuó ya a los gritos frente a Mancinelli.

«Esto es tremendo. ‘Un pacto de silencio a lo que el resto asistió el cual entiendo se mantiene incluso hasta la actualidad’ ¡Es el derecho de negarse a declarar, doctor! ¡Es imposible este proceso! ¡Esto es todo nulo desde el primer momento! ¡Tienen una privación ilegítima de la libertad!, siguió con vehemencia y ante los pedidos del juez Mancinelli de que por favor redondeara su exposición.

“Esto es indefendible, está documentado”, siguió Tomei. “No hace falta ni las declaraciones testimoniales de ellos cuando cuenten lo que pasó. Les dijeron ‘acá un chico se fue en un cajón, ustedes son todos responsables’. Se está jugando con la presión de la confesión. No se necesita un submarino seco, no se necesita una picana”, ejemplificó el defensor en referencia a métodos de tortura utilizados en la última dictadura militar: “Se necesita dejar a diez pibes presos. Crearon una historia propia de Netflix para que confiesen. Y se equivocó. El sistema se equivocó”.

De esa forma, la defensa de los jóvenes acusados de asesinar a golpes en la cabeza y en estado de inconsciencia a Fernando Báez Sosa, presentó una denuncia desde su lugar en ese caso como particulares damnificados -el mismo rol que tiene en la causa la familia de Fernando- contra la fiscal Verónica Zamboni, dos secretarios de la fiscalía y la defensora oficial por los delitos de “falsedad ideológica de un instrumento público”, “incumplimiento de los deberes del funcionario público” y “privación ilegítima de la libertad”.

“La verdad de este caso está cada vez más lejos”, concluyó ahora sí más tranquilo el letrado y aseguró que recurriría por esa denuncia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Y no es por culpa de estos chicos, sino por parte del Estado en el estado de su acusación”.

La fiscal Zamboni respondió únicamente con el pedido de ser notificada formalmente al respecto de la denuncia y de las nulidades solicitadas. A pesar de que la defensa de los rugbiers insistía con la necesidad de una respuesta inmediata, el juez acompañó el criterio de la fiscalía y remarcó la necesidad de dar un plazo para la resolución de esos planteos.

“No tiene ningún sustento”, se limitó a opinar al respecto el abogado Améndola ante las cámaras de televisión a la salida del Juzgado.

El juez Mancinelli, que aseguró que no tolerará ningún hecho de violencia tanto de internos como de penitenciarios y pidió que cualquier situación sea denunciada, le informó a los acusados para concluir que podían hacer uso de su derecho a hablar, aunque lo que dijeran no tendría el tenor de una declaración indagatoria.

Máximo Thomsen, sentado en su silla, fue el único que se puso a llorar. Blas Cinalli, por otra parte, el único que se expresó en voz alta: “Lo único que quiero decir es que lo que pasó ninguno de nosotros quiso que pase”, aseguró el joven acusado de ser partícipe necesario del crimen.

Fuente: Infobae