A 13 años del golpe de los 30 millones de dólares, no aparecieron ni la plata ni los ladrones

Los últimos acusados del saqueo de 99 cajas de seguridad del Banco Macro de Congreso fueron absueltos en un juicio; se trata de un exsubcomisario de la Federal, su chofer y el encargado de un edificio lindero a la sucursal de Callao 264

El Robo del Milenio se convirtió en el crimen perfecto. Un exsubcomisario de la Policía Federal, su chofer y el encargado de un edificio fueron absueltos en el juicio al que habían llegado acusados como presuntos partícipes del golpe en la sucursal Congreso del Banco Macro, de la que hace 13 años un grupo de boqueteros saqueó 99 cajas de seguridad y se llevó un botín estimado entre 25 y 30 millones de dólares. Los ladrones nunca fueron identificados. El dinero y las joyas jamás fueron recuperados. El caso quedó impune.

El golpe tuvo alta repercusión cuando se produjo, entre el 6 y el 7 de marzo de 2010. Es que, emulando a los autores del denominado “Robo del Siglo” al Banco Río de Acassuso, ocurrido el 13 de enero de 2006, en este hecho los ladrones también dejaron escrita una frase burlona y jactanciosa para los detectives que tuvieran que investigar el caso: “No será el del siglo, pero es el del milenium”.

El veredicto absolutorio fue dado a conocer por el juez Carlos Rengel Mirat, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°26 de la Capital Federal, que llevó adelante este debate oral desde el 17 de febrero pasado.
Los tres imputados habían llegado en libertad a este juicio; ninguno de ellos fue parte de la banda de ladrones que estuvo dentro del banco. Se trata del exsubcomisario de la PFA Marcelo Amarilla, que en aquel momento era el segundo jefe de la comisaría 5ª de Congreso; su chofer y también policía, el excabo Omar Mikic; y Rolando Pedro Quiroga Pardo, quien aún hoy sigue siendo el encargado del Instituto Argentino de Seguridad e Higiene, edificio situado en la avenida Callao 262, desde el cual los boqueteros ingresaron a la sucursal situada al lado, en el, 264.

A la hora de los alegatos, la fiscal del juicio Diana Goral y la auxiliar fiscal Marina Narváez, que representaron al Ministerio Público Fiscal en el debate, habían acusado a los tres como coautores de un “robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda”.

Según las fuentes judiciales consultadas, la fiscalía había pedido penas de ocho años de prisión para los expolicías Amarilla y Mikic, y una condena de seis años de cárcel para Quiroga Pardo. La querella en representación del Banco Macro había solicitado una sentencia a cuatro años de prisión para los dos expolicías y de tres años en suspenso para el encargado del Instituto Argentino de Seguridad e Higiene.
Si bien los fundamentos recién se darán a conocer el próximo viernes, el abogado defensor de Amarilla, Leonardo Rombolá, dijo a la agencia de noticias Télam que “en el juicio quedó demostrado que los tres imputados que llegaron a juicio eran inocentes y que no había prueba que los comprometiera”.

“Al igual que le pasó años más tarde con el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman, esta fue una pésima investigación de la exfiscal de instrucción Viviana Fein”, agregó el letrado. La fiscal Fein renunció en abril de 2016, un año y tres meses después de la impactante muerte del fiscal que acababa de acusar a la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, como parte de una confabulación para encubrir la presunta responsabilidad de la República Islámica de Irán en el atentado contra la AMIA. Para entonces ya había empezado los trámites para su jubilación.

La hipótesis que intentó probar la fiscalía en el debate es que los policías Amarilla y Mikic “liberaron la zona” y le dieron cobertura a la banda desde el exterior, a partir de la eventual prueba clave de la causa: los videos de cámaras de seguridad que los filmaron durante la madrugada del robo y la mañana y la tarde siguientes en un garaje situado en Sarmiento y Riobamba, a la vuelta de la sucursal del Macro.

A Quiroga Pardo se le imputó haber “facilitado el acceso” de la banda al edificio donde trabajaba para que hicieran el boquete y, luego, fingir que había sido tomado como rehén junto a su hijo –que también estuvo imputado en la causa, pero luego quedó sobreseído– y a un joven en situación de calle al que los ladrones, cuando huyeron, le arrojaron un fajo con unos 5000 dólares que quedaron tirados en una escalera.

Según el requerimiento de elevación a juicio, el hecho se inició aproximadamente a las 22 del sábado 6 de marzo de 2010 en la sucursal del Banco Macro de la avenida Callao 264, a poco más de dos cuadras del Congreso de la Nación, y terminó a las 7.17 del domingo 7, cuando se activó la alarma.

Fueron violentadas unas 256 cajas de seguridad, pero solo 99 cofres fueron saqueados por los delincuentes, que se apoderaron de dinero en efectivo de distintas denominaciones y orígenes, joyas, lingotes de oro, documentos y otros valores.

Teniendo en cuenta no solo el efectivo, sino también el valor de las joyas y otros objetos, la Justicia calculó que el botín fue de entre 25 y 30 millones de dólares, de los cuales nunca se recuperó nada.

Para la fiscalía, algunos integrantes de la banda ingresaron primero a la sede del Instituto Argentino de Seguridad e Higiene, situado en Callao 262, donde Quiroga Pardo aún trabaja como encargado. Desde allí fueron a la sala de docentes del primer piso, desde donde realizaron un primer boquete en el suelo, perforando el techo de la planta baja de la sucursal bancaria.

La banda contaba con al menos un integrante especialista en alarmas que logró “puentear” los dispositivos para que no se activaran e inutilizar la sirena.

Luego, con los rostros cubiertos con pasamontañas y desviando la dirección de enfoque de las cámaras de seguridad, se trasladaron al subsuelo del banco.

Allí, luego de sortear algunas puertas, hicieron otro boquete que les permitió el ingreso a la bóveda, donde violentaron las cajas de seguridad y huyeron con el botín.

Los tres acusados que llegaron al juicio que concluyó el viernes siempre negaron su participación en el hecho.
Amarilla y Mikic explicaron que la noche del sábado 6 de marzo de 2010 habían ido a cenar con sus esposas a una pizzería y luego a un pool de la zona de Congreso donde, como policías de la jurisdicción, no les cobraban; y explicaron que habían estado durante la madrugada en el garaje de Sarmiento y Riobamba porque la esposa del cabo se sintió mal y la llevaron allí para que se recostara en el auto.

En los videos se observaba que los dos policías manipulan una bolsa que, según la fiscalía, podían contener parte del botín, pero ambos acusados siempre dijeron que se trataba de una bolsita de un supermercado chino con una leche chocolatada.

En cuanto al encargado del edificio, Quiroga Pardo, que actualmente sigue en el mismo puesto que cuando se produjo el golpe, siempre declaró que era ajeno al robo y que, en realidad, había sido víctima de la banda, que lo tomó de rehén cuando bajó a abrirle al repartidor que le traía una pizza que había encargado.

El abogado Rombolá contó a Télam que, en sus últimas palabras, Amarilla –que como consecuencia de su imputación en este caso perdió su carrera en la Policía Federal, donde fue pasado a disponibilidad–, dijo que le habían “arruinado la vida” y remarcó que incluso un especialista en seguridad bancaria que declaró en el juicio había afirmado: “Este robo no se pudo haber hecho sin alguien desde adentro que aportara información”.