Marta, vecina de la ciudad de Viedma, cuyo verdadero nombre será reservado en esta nota, recibió un llamado que le causó una gran felicidad.
Un supuesto integrante de la producción del programa de Susana Giménez le dijo que había ganado un premio millonario y que para obtenerlo debía seguir una serie de pasos.
La mujer, emocionada, siguió al pie de la letra las indicaciones del hombre que la había llamado, sin siquiera sospechar que en realidad todo era parte de una estafa que al final le costaría caro: Marta, de poco más de 60 años, perdió 361 mil pesos luego de ser víctima de un insólito engaño.
Todo ocurrió el 2 de diciembre de 2019, fecha en la que el programa emblemático de Telefe ya no estaba al aire. Ese dato, sin embargo, no se cruzó por la cabeza de la mujer cuando la voz del supuesto integrante de la producción le anunciaba con bombos y platillos que era la feliz ganadora de un premio de 500 mil pesos. Pero la acreditación del dinero no era inmediata.
Para recibir el medio millón de pesos, el estafador le dijo a la mujer que debía vaciar completamente su cuenta bancaria y así se podría transferir el premio. La excusa era que si lo hacía de esa manera, evitaría que la AFIP le cobre impuestos, una versión estrafalaria del cuento del tío, una de las modalidades delictivas de moda durante la pandemia, que garantiza dinero rápido y penas excarcelables.
“La hicieron trasladar a un cajero y le dijeron que transfiriera su dinero a cuentas de distintas personas. Y es ahí cuando le hacen el vaciamiento de la caja a la mujer. La dejaron en cero. En total eran seis las cuentas a las que se envió el dinero”, dijo a Infobae Guillermo González Sacco, el fiscal de Viedma quien lleva adelante la investigación.
No fue un único llamado que la víctima recibió. Después de que llegó al cajero, otra persona se comunicó para indicarle cómo hacer el traspaso del dinero. Y como si no bastara, luego de que ya había depositado 346 mil pesos en las cuentas que le habían suministrado, horas más tarde Marta recibió en su celular un tercer llamado en el que otro estafador le pidió que le suministrara los datos de una segunda cuenta para que pudiera recibir lo que restaba del premio. Fue así que la mujer, desde la cuenta de su hija, transfirió otros 15 mil pesos. La estafa estaba hecha.
“Claramente lo tenían muy bien planificado. No eran improvisados y hubo varios que participaron. Estaba todo orquestado”, opinó el fiscal.
Pasó un día hasta que la mujer notó que el premio no estaba depositado como le habían prometido y los ahorros de su vida se habían esfumado. Fue ahí que se dirigió hasta una comisaría de Viedma y denunció lo que le había pasado. Al ser un delito de esta índole, los efectivos dieron intervención inmediata al fiscal González Sacco, quien a partir de ahí tomo el caso y tras una larga investigación pudo establecer quiénes son los titulares de las cuentas que recibieron el dinero.
La investigación
De acuerdo con lo que explicó el funcionario, para dar con ellos se recibió colaboración de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones de la Procuración General de Río Negro (OITEL) para el análisis del teléfono de las víctimas y así obtener el registro de llamadas, contactos, archivos y mensajes. Luego -indicó el fiscal- también se trabajó con bases de datos y los datos aportados por los bancos a los que se hizo la transferencia, tres entidades financieras reconocidas a nivel nacional. Fue así que se entrecruzaron todos los datos y llegaron a que el dinero había sido enviado a seis cuentas, radicadas en la ciudad de Córdoba.
Ya con las identidades de las seis personas, tres hombres y tres mujeres, la Justicia de Río Negro los convocó finalmente para una audiencia a través de videoconferencia -presidida por la jueza de Instrucción Penal de Viedma Itziar Soly- en la que el fiscal los imputó del delito de estafa.
“Acá lo que podría ocurrir es que sean ‘mulas financieras’. Es decir, que alquilan su cuenta para que se deposite el dinero. Cada uno tendrá que explicar por qué tuvieron ese dinero en esa cuenta y si fueron ellos. Según registros, esas cuentas giraron ese dinero que se diluyó en seis horas. Claramente son partícipes o la alquilaron”, agregó el fiscal, con la investigación todavía en curso.
Respecto a los sospechosos, representados por los defensores oficiales Pedro Vega y Juan José Álvarez Costa, el fiscal González Sacco señaló que no les encontraron antecedentes negativos en cuanto a lo financiero o comercial. “Utilizaron técnicas de ingeniería social que indujeron al engaño a la mujer, dirigiéndola para que hiciera una serie de transferencias. La víctima es una mujer que vive con su hermano, no trabaja. Vive en un barrio modesto y justamente es el tipo de personas a las que los estafadores apuntan. Esperan que por ahí por la falta de cierto nivel de preparación caigan más fácilmente. Es dinero que juntó durante mucho tiempo. Estamos en contacto con la señora y la mantenemos al tanto de los avances de la investigación”, continuó.
La jugada telefónica con la falsa producción de Susana claramente no es un hecho aislado. De acuerdo con datos aportados por el fiscal, el año pasado se registraron en Río Negro 35 estafas y “todas y cada una provenían de la provincia de Córdoba”. En ese sentido, indicó que todas las pruebas obtenidas en esos casos fueron derivadas a la provincia de Córdoba, para que se continúe allí la investigación.
La excusa para iniciar el contacto era el supuesto pago del bono de $10.000 del IFE que se empezó a otorgar a partir de la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19. “Todas las comunicaciones se iniciaron con el argumento de que lo que se le ofrecía a las víctimas era una ayuda para poder tramitar el bono que el gobierno nacional. Dicha medida, si bien existe, requirió de una inscripción previa en la página del organismo y se encuentra dirigida a un sector de la sociedad explícitamente determinado. La OITEL detectó en su análisis que todos los números correspondían a diferentes titulares y tampoco coincidían las cuentas bancarias de destino, aunque todas estaban registradas en entidades bancarias de Córdoba”, explicaron desde el MPF rionegrino.
Otro de los datos obtenidos según explicó el fiscal es que el origen del 70% de esas llamadas se ubicó en el kilómetro 14 de una ruta que vincula Córdoba capital con Alta Gracia: la única cobertura que tiene esa zona corresponde a la cárcel de Bouwer, el penal más importante de la provincia. La extracción posterior del dinero y la transferencia a cuentas están inscriptas en bancos cordobeses.
Por
Miguel Prieto Toledo
