La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez fue condenada este viernes a diez años de prisión al ser declarada culpable de fomentar un “golpe de Estado” contra el gobierno socialista de Evo Morales en 2019.
La exmandataria, de 54 años, fue juzgada sin ningún tipo de inmunidad. El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz la consideró por unanimidad responsable por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Por protocolo ante la pandemia del Covid-19, no se le permitió estar en la corte y siguió la audiencia de forma virtual desde la cárcel en la que fue recluida, con detención preventiva, hace más de un año.
Añez insistió en su inocencia en su alegato final y denunció que el Tribunal “excluyó” pruebas que descartaban un derrocamiento de Morales en 2019. “Nunca busqué el poder”, afirmó la expresidenta de 54 años, quien se define como “presa política”.
“Hice lo que tenía que hacer. Asumí la presidencia por compromiso, asumí la presidencia de acuerdo a lo establecido en la Constitución, siguiendo cada uno de los pasos y respetando todo lo que dice; y me siento muy orgullosa, y lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad”, declaró, según el periódico boliviano ‘La Razón’.
A Añez se le imputó haber asumido la presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019 tras la renuncia de Morales (2006-2019) en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral, denunciado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Añez se descompensó durante algunas audiencias, estuvo dos semanas en huelga de hambre al comienzo de su juicio y se hizo cortes en un brazo en agosto de 2021.
Tras varias interrupciones, el juicio se retomó el lunes; la Fiscalía había pedido una condena de 15 años de cárcel, aunque los jueces la sentenciaron solo por una década. “Todos saben que soy inocente”, llegó a afirmar en su exposición final.
En la lectura del fallo, el presidente del tribunal, Germán Ramos, señaló que hay “plena convicción” de los magistrados sobre la “participación y responsabilidad penal” de Añez y los demás imputados, que además deberán pagar un monto de dinero aún no especificado por supuestos daños al Estado.
La condena, aplicada en el marco de un proceso conocido como “Golpe de Estado II”, fue el final de un extenso proceso, con numerosas interrupciones, algunas técnicas y otras relacionadas con la salud de la exjefa de Estado.
La decisión judicial constituye la primera resolución de relevancia sobre la salida obligada del poder del entonces presidente Evo Morales en 2019 y las autoridades que asumieron el poder más tarde.
Repercusiones
Antes de conocerse la condena, un grupo de 23 expresidentes de países iberoamericanos pidió este viernes a la ONU y la Unión Europea “repudiar la intención de sentenciarla de forma arbitraria”.
Desde la oposición boliviana, la senadora Andrea Barrientos denunció en Twitter que se trató de “un juicio ilegal con una descarada violación a los DDHH [derechos humanos]” y expresó su “solidaridad con la expresidenta y su familia”.
El gobierno de Luis Arce, en tanto, celebró la noticia. “Hoy se hizo historia. La señora Jeanine Añez fue sentenciada a 10 años… por la autoproclamación y la vulneración de las normas de sucesión constitucional” tuiteó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Otras acusaciones
Además de la condena reciente, Añez enfrenta otro expediente en el que está acusada por sedición, terrorismo y conspiración, se encuentra en etapa de investigación, por lo que aún no hay cargos formales.
Según uno de sus abogados, Luis Guillén, “se están siguiendo dos procesos por un mismo hecho”, algo que viola, según manifestó, un principio general del derecho.
Guillén destacó que “no puede ser un tribunal ordinario quien decida qué es constitucional”. No obstante, un recurso presentado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional por ese motivo no tuvo éxito. El abogado enfatizó que no corresponde juzgar a un exgobernante por la vía ordinaria, sino que debería realizarse un juicio de responsabilidades en el Congreso.
El Gobierno del MAS, la Fiscalía y el Congreso, que son denunciantes en la causa, argumentan que se están juzgando acciones de Añez previas a su gobierno, por lo que corresponde un juicio ordinario.
La exmandataria fue señalada, a la vez, por el delito de “genocidio”, que conlleva penas de cárcel de entre 10 y 20 años, a raíz de la denuncia de familiares de víctimas de la represión de noviembre de 2019.
Un grupo de expertos contratado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en acuerdo con Bolivia contabilizó 22 fallecidos en esos incidentes, que calificó de “masacres”, y constató “graves violaciones de los derechos humanos”
A diferencia de las otras acusaciones, el caso por la represión de 2019 será tratado por el Congreso, que decidirá si se realiza o no un juicio de responsabilidades contra ella.
Línea sucesoria
Morales había perdido en 2019 un referéndum en el que buscaba una habilitación para competir ese mismo año por la presidencia. Sin embargo, tras el rechazo, consiguió un aval judicial. Se impuso en las elecciones de octubre, pero pronto aparecieron denuncias y se generó una fuerte convulsión social.
Sin el apoyo de las fuerzas de seguridad, el entonces jefe de Estado salió del país. Quienes debían sucederlo, todos del espacio oficialista MAS, renunciaron. En medio de un vacío de poder, y sin el apoyo de la bancada de Morales, asumió Añez una abogada y expresentadora de televisión, quien era la siguiente en la línea de sucesión en el Senado.
Con información de Reuters, AFP, DPA y Télam
