El concejal capitalino Matías Domínguez, del Bloque Frente Justicialista, lamentó que el Parlamento comunal haya resuelto avanzar en la prórroga de diez años para la mudanza de los establecimientos educativos de gestión privada del casco céntrico de la ciudad, prorrogables por cinco años más.
Dijo que se hizo «sin siquiera mirar la iniciativa presentada desde su concejalía, que planteaba mayores beneficios para dichas instituciones y ahuyentaba las maniobras especulativas de los dueños de los inmuebles alquilados para tal efecto».
“Lamentablemente el municipio, a través de los concejales radicales, ha buscado otra salida”, relató, dejando en evidencia que el oficialismo no dio lugar al debate de su propuesta que impulsaba algunas modificaciones del proyecto del Ejecutivo. Como contrapartida, Dominguez sí acompaño la derogación de la Ordenanza 5672, porque a su entender “fijaba estándares de construcción de altísimos costos para estas instituciones”.
“No se podía mantener la vigencia de ese instrumento porque estamos en una provincia empobrecida y una ciudad que tiene serias dificultades financieras, por lo que el cumplimiento de ciertos estándares sería casi un imposible para los emprendimientos educativos privados”, añadió.
Sin embargo y volviendo al análisis de la iniciativa transformada en ordenanza, el edil justicialista aseguró que tal como se aprobó, el proyecto oficialista traerá como consecuencia un ajuste para el bolsillo de miles de hogares. Advirtió que el poner un plazo para su retiro del centro de la ciudad provocará que los dueños de los inmuebles aumenten los alquileres y que esos costos sean trasladados a los padres de los chicos de los alumnos.
En el mismo sentido, mencionó que es una contradicción la política de descentralización que quiere llevar adelante el municipio y lo que efectivamente está haciendo el Ejecutivo provincial, que cada vez habilita más dependencias públicas en todo el centro de la ciudad. “Es llamativo que no haya un trabajo en conjunto de dos administraciones gubernamentales que responden al mismo signo político”, puntualizó.
“Esto denota una disputa clara y evidente entre el intendente Raúl Jorge y el gobernador Gerardo Morales. Hicieron un sinnúmero de declamaciones sobre el trabajo en conjunto y aseguraban que así íbamos a vivir mejor, pero esto no se está cumpliendo y solo se observan roces políticos entre estos dos líderes que tiene el radicalismo”, subrayó.
En otro momento dijo que la adhesión a la Ley de Tolerancia Cero es un hecho auspicioso para el municipio por los resultados arrojados por los controles en distintos puntos de la provincia, conforme a la información brindada oportunamente ante los concejales por el ministro de Seguridad, Ekel Meyer, quien había manifestado que el índice de siniestralidad vehicular se había reducido notoriamente a partir de los operativos de la Policía de Seguridad Vial.
No obstante ello, sostuvo que la municipalidad deberá reorganizar el área de Tránsito atendiendo a que sus inspectores deberán cumplir esa otra tarea de control, sumándose para todo su personal una nueva función. “Esto es importante”, remarcó, a la vez de instar al Ejecutivo municipal a no abandonar su responsabilidad de garantizar el tránsito ordenado y fluido en la ciudad.
